El Gobierno ha batido el récord de prórrogas en las cuentas públicas que hasta ahora tenían los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que firmó Cristóbal Montoro, el antaño todopoderoso ministro de Hacienda –ahora caído en desgracia– en el Gobierno de Mariano Rajoy, que estuvieron en vigor 912 días, del 3 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2020.
La tramitación de esas cuentas ya fue heterodoxa: el Gobierno que los presentó cayó en una moción de censura solo una semana después de aprobarlos en el Congreso y tuvo que ser la entonces nueva titular del ramo, María Jesús Montero, quien los defendiera en la Cámara baja a su vuelta del Senado. La ley la firmó Pedro Sánchez, que apenas llevaba un mes en La Moncloa, y tuvo que asumir las cuentas de su predecesor.
Casi ocho años después de que se aprobara la Ley fundamental de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a enfrentarse a una situación inédita en democracia. Con una tercera prórroga, independientemente de que el Gobierno apruebe unas cuentas en el primer trimestre, los Presupuestos de Montero ya superan a los de Montoro en longevidad: 1.097 días, hasta el 1 de enero de 2026. Y los que queden, si finalmente el próximo año no hay elecciones generales y la mayoría de la investidura, con Podemos y Junts dentro, no se convierte en mayoría presupuestaria.
Hacienda arrancó los trámites para esta nueva prórroga, que en el Gobierno confían en que sea ‘técnica’, en el último Consejo de Ministros de 2025. En él, se aprobó un acuerdo con los criterios con los que se efectuará esa extensión de las Cuentas al ejercicio 2026 y también se ordenó a las diferentes carteras que adapten los créditos vinculados a los fondos europeos al último año de vigencia del Plan de Recuperación, antes de incurrir en nuevos gastos financiados con este ‘maná europeo’.
El Ejecutivo mantiene sus planes de presentar el proyecto de PGE para 2026 en el primer trimestre del año. Cuando aprobó el techo de gasto y la senda de déficit para el borrador de Presupuestos, la vicepresidenta Montero señaló como fecha para hacerlo el próximo mes de febrero. Pero las últimas declaraciones públicas del Ejecutivo se refieren exclusivamente a los tres primeros meses de 2026. Esto deja la fecha abierta hasta marzo. Mientras, el Ejecutivo espera una resolución por parte del Tribunal Constitucional sobre la amnistía que permita el regreso de Carles Puigdemont a España y de Junts a la mayoría de la investidura.
Ni en 2024 ni en 2025, pero sí en 2026
El presidente del Gobierno volvió de las vacaciones de verano con la convicción renovada de presentar unos Presupuestos sí o sí, aunque estuvieran condenados al fracaso en el Congreso. Y avanzó que ni siquiera el naufragio de este proyecto supondría el fin abrupto de la legislatura y el adelanto electoral, como sí sucedió en 2019.
En 2024, los comicios en Catalunya hicieron que La Moncloa abortase los planes de aprobar unas Cuentas públicas. Ya había presentado una senda de déficit que, si bien recibió el apoyo del Congreso, vetó el PP en el Senado. Después de reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para saltarse a la Cámara Alta, el Gobierno volvió a ver sus objetivos de estabilidad rechazados. Esta vez en el Congreso, tras el rechazo de Junts. El Gobierno se abstuvo de presentar un proyecto.
De cara al nuevo año, el Ministerio de Hacienda ha ido quemando etapas en la tramitación presupuestaria, tanteando el terreno con los socios de investidura. Aprobó un techo de gasto récord con 212.026 millones, un 8,5% más que el diseñado para 2025. Y presentó unos objetivos de estabilidad para el próximo trienio que daban 5.500 millones de margen de gasto adicional a las comunidades autónomas, al permitirles un desfase del 0,1% del producto interior bruto (PIB) durante sus tres años de vigencia.
El Gobierno planteó una reducción del déficit –la diferencia entre ingresos y gastos públicos– al 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028, tal y como se acordó con Bruselas en el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo, el documento clave de las nuevas reglas fiscales europeas. El Ejecutivo asumió toda la corrección del desvío presupuestario, permitiendo a comunidades autónomas y entidades locales mayor margen en sus cuentas públicas. Pero esta senda de estabilidad también la tumbó en dos ocasiones el Congreso de los Diputados, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y la abstención de Podemos y la diputada de Compromís en el Grupo Mixto.
Los dos rechazos dan vía libre al Gobierno para redactar los Presupuestos y la vicepresidenta Montero ya reconoce los contactos con los grupos parlamentarios. De hecho, aseguró en una entrevista el día de Navidad que estaban “elaborados”. Serán las últimas cuentas con su firma, toda vez que tendrá que dejar el Gobierno para concurrir como candidata del PSOE a la Junta de Andalucía en unas elecciones previstas para junio.
Oxígeno a las prórrogas
El Gobierno no solo ha podido sobrevivir dos años sin unos Presupuestos en vigor, sino que el margen le ha permitido seguir incurriendo en importantes medidas de gasto como la revalorización de las pensiones, la subida de salarios de los funcionarios o el aumento del gasto en Defensa hasta el 2% del PIB.
Esto es gracias a la recaudación récord (hasta noviembre el Estado ya captó más de 300.000 millones de euros) y a una previsión legal incluida en todos los Presupuestos desde 2021, que permite al Gobierno mover créditos entre secciones de los PGE mediante un acuerdo del Consejo de Ministros y sin pasar por el Congreso.
Este mecanismo se incluyó para dar flexibilidad a la ejecución de los fondos europeos, pero han dado oxígeno al Gobierno para poder adaptar las cuentas públicas de 2023 durante tres ejercicios. Según los últimos datos de ejecución presupuestaria publicados el pasado lunes, hasta noviembre el Gobierno ha aprobado modificaciones de crédito por valor de 75.446 millones.
La prórroga presupuestaria que arranca este 1 de enero no preocupa en La Moncloa. “Presupuestos pueden ser muchos, pero hay presupuestos que llevan recortes y hay presupuestos prorrogados que profundizan en la cohesión social. No es lo mismo cualquier tipo de presupuesto. Tener unos presupuestos prorrogados tan positivos nos permite esa cohesión social”, defendió el lunes la nueva portavoz del Gobierno, la ministra Elma Saiz, en una entrevista en SER.
Sin embargo, voces relevantes como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el ‘pepito grillo’ de las cuentas públicas, ya advierten de los efectos de no tener unos PGE actualizados. “A medida que pasa el tiempo, el presupuesto cada vez se adecúa peor a la realidad económica. El primer año, 2024, se pudo hacer uso de los márgenes que ofrecían partidas que se habrían presupuestado con cierta holgura en 2023. En 2025 estas holguras van desapareciendo y surgen, además, nuevas necesidades”, apunta la Autoridad Fiscal en un informe colgado en su página web. Por ejemplo, cada vez hay menos partidas sin gastar con las que engordar el gasto en Defensa, que irá creciendo año a año conforme lo haga también el tamaño de la economía española.
Antes de que el Congreso avalara las cuentas que definitivamente derogaron las de 2018, en diciembre de 2020, el exministro Montoro hacía esta reflexión en una entrevista para la web de laSexta: “No hay nada eterno. Los presupuestos del 18 han tenido una trayectoria muy larga, excepcionalmente larga, y eso lo que muestra es la calidad de los mismos”. Las cuentas de María Jesús Montero, aprobadas en 2022, ya hace tiempo que los superaron. La duda ahora es si a la tercera prórroga, va la vencida.