Qué pasa con las subidas de impuestos que Montoro prometió que haría este año
Este viernes se presenta el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, con una esperanza de vida de sólo seis meses desde su supuesta entrada en vigor en junio, ya que en diciembre deberían estar aprobados los de 2018. También con cierta incertidumbre sobre su tramitación parlamentaria, ya que son los primeros que el PP deberá sacar adelante sin el colchón de la mayoría absoluta.
El Gobierno ha ido dejando caer a cuentagotas qué medidas podría contener el proyecto, al margen de las que se presuponen por el acuerdo de investidura con Ciudadanos y por la búsqueda de acuerdo con otros grupos políticos para su aprobación. En el ámbito tributario han anunciado una rebaja del IVA de los espectáculos en directo, entre ellos los toros, que pasaría del 21% al 10%, en cumplimiento de los acuerdos con la formación que preside Albert Rivera.
Por lo demás, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que este impuesto indirecto no se toca más, y que los organismos que reclaman su subida se equivocan.
Pero se incluyan o no en el proyecto que aprueba el viernes el Consejo de Ministros, en su plan presupuestario para 2017, remitido a Bruselas, el Gobierno anunciaba un conjunto de medidas tributarias. El impacto que estimaba era de 7.505 millones de euros para cumplir con el déficit de este ejercicio, que debe situarse en el 3,1% del PIB (unos 31.000 millones de euros).
La principal reforma, ya aprobada, atañe al Impuesto de Sociedades, y sobre todo a los pagos fraccionados. Con ella el Gobierno espera recaudar 4.655 millones adicionales en todo el año. También hubo en diciembre una subida de los impuestos del alcohol de alta graduación y del tabaco. Y ya están en marcha los preparativos del Sistema Integrado de Información (SII) para aportar datos sobre el IVA casi a tiempo real (350 millones), con el consiguiente quebradero de cabeza para algunas empresas.
Lo que queda pendiente
Lo que está por venir, según el propio plan que se envió a la Comisión Europea, es el nuevo impuesto sobre bebidas azucaradas y carbonatadas, la reforma de la fiscalidad medioambiental (aquí entrarían los hidrocarburos) y medidas adicionales de lucha contra el fraude (entre ellas la rebaja del límite de los pagos en efectivo a 1.000 euros, desde los actuales 2.500).
En el propio texto se decía que tales iniciativas “se incluirán en un proyecto de ley de medidas en materia tributaria y de lucha contra el fraude fiscal”.
El impuesto sobre las bebidas azucaradas reportaría 200 millones y tiene una justificación más sanitaria que recaudatoria. Hay experiencias en otros países que demuestran que este tipo de tributos tiene una repercusión positiva sobre la salud de la población y reduce la obesidad. Además, bloqueará el que ha aprobado Cataluña en sus recientes presupuestos, ya que dos administraciones no pueden gravar el mismo hecho imponible, y prevalece el tributo estatal. En todo caso estos presupuestos van a ser recurridos por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional por incluir una partida para el referéndum de independencia.
En cuanto a los “impuestos verdes”, con ellos el Gobierno afirma que busca asegurar el cumplimiento de los objetivos nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero y lograr una progresiva convergencia con la media de la Unión Europea en materia de tributación ambiental. Según Eurostat, los ingresos procedentes de impuestos ambientales representan en España el 1,85% del PIB frente a la media europea del 2,46%.
El problema que se plantea es que esta subida tendría un impacto sobre los hidrocarburos, y por lo tanto sobre los transportistas, en especial los autónomos. En un momento en el que sobrevuela la amenaza de huelga de los estibadores por la reforma del sector, extender la conflictividad a otro de los puntos neurálgicos del sistema de importaciones y exportaciones podría resultar problemático.
Por el momento, todo sigue en el aire, incluidos los apoyos con los que contará el Gobierno para aprobar la ley de Presupuestos, ya que ningún grupo quiere que se dé por hecho su voto a favor. Ciudadanos ha dicho que quiere ver los 3.850 millones comprometidos antes del viernes y el PNV ha aclarado que no están cerca de ningún acuerdo y que siguen negociando. Por su parte, Compromís ha afirmado que estarían dispuestos a negociar si se cumplen determinadas exigencias de inversión.
