Trabajo pretende que las empresas comuniquen sus vacantes al SEPE para crear un gran portal de empleo

Dejar atrás el SEPE y caminar hacia la nueva “Agencia Estatal de Empleo”. El Gobierno ha dado luz verde este viernes al Anteproyecto de Ley de Empleo, que pretende recorrer esta senda de modernización de los servicios públicos de empleo para mejorar su eficacia. Para ello, una de las medidas que se pretende regular es la obligación de las empresas de informar a la futura agencia pública de todas sus vacantes de puestos de trabajo, explican fuentes del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de conocer realmente el estado del mercado laboral y acercarse a las oportunidades de inserción.

“Los servicios públicos de empleo dejan de estar pensados solo para desempleados y están pensados para la sociedad en su conjunto. Las empresas van a formar parte del sistema”, ha destacado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el Consejo de Ministros. La idea de Trabajo es garantizar la inserción laboral de personas sin empleo, pero que los servicios públicos también sean un instrumento útil para las compañías y personas con trabajo que quieran cambiar de empleo o recualificar sus aptitudes para su futuro profesional, ha indicado Díaz.

Otro elemento clave, ha apuntado la vicepresidenta, pasará por la transparencia y la evaluación de las políticas, con una auditoría anual que podrá identificar iniciativas exitosas y aquellas que fracasen o tengan problemas para así poder corregirlos.

Un gran portal con todas las ofertas de trabajo

La futura ley y la nueva Agencia de Empleo Estatal tienen como meta hacer los servicios públicos más efectivos en la inserción laboral de personas sin empleo o que quieren cambiar a otro nuevo. Una de las máximas del Ejecutivo es que la nueva agencia ofrezca un reflejo real de oportunidades laborales a la ciudadanía, con un “gran portal de información” con todas las vacantes existentes, ya sean ofertas públicas o privadas.

Para ello, se pretende regular reglamentariamente la obligación de las empresas de comunicar todas sus vacantes al futuro SEPE. “Las empresas y cualquier administración van a tener que comunicar las ofertas de empleo de las que se dispongan para que, de una simple visualización, podamos conocer cuáles son las ofertas que se están propiciando en tiempo real en el conjunto del país”, ha afirmado Yolanda Díaz. 

La comunicación de las vacantes no pretende forzar a las compañías a que recluten a su personal mediante el servicio público de empleo, precisan en el Ministerio de Trabajo, sino que la información de esos puestos libres la tenga el ciudadano para poder dirigirse a ellas y la propia Administración para diseñar sus políticas de formación y orientación.

Por ejemplo, que si la Agencia de Empleo detecta multitud de vacantes de puestos de trabajo en una determinada ocupación, aunque las empresas estén contratando mediante sus propios equipos o empresas privadas de colocación, el futuro SEPE pueda redirigir a demandantes de empleo a estas vacantes o detectar necesidades formativas para cursos que ofrezcan más oportunidades de empleo.

Digitalización, inteligencia artificial y más personal

Otros retos de la futura agencia pasan por resolver problemas del SEPE. Algunos son muy conocidos en la calle, por la ciudadanía usuaria del servicio, como su antiguo sistema informático y sus problemas de digitalización. Fuentes de Trabajo explican que uno de los pasos prioritarios de la renovación del SEPE será la modernización de su sistema informático, para lo que se van a destinar “150 millones” de euros de fondos europeos. “En las próximas semanas”, apuntan, se pretende sacar a concurso un pliego para la concesión de esta renovación tecnológica.

La modernización de sus sistemas informáticas y tecnológicos también pondrá especial atención al cruce masivo de datos y a la utilización de la inteligencia artificial para guiar a los servicios públicos en las ofertas que trasladan a los ciudadanos y en la formación que les ofrecen. El objetivo es que el personal ponga a disposición de los ciudadanos opciones que “estén funcionando”, indican en Trabajo. Cursos con más salidas profesionales, dirigir a las personas a sectores que estén creando más empleo, ver los itinerarios con más colocaciones, etc.

Sobre los riesgos de sesgos y posibles discriminaciones en el uso de algoritmos, desde el Ministerio de Trabajo aseguran que la “transparencia” será un pilar de la nueva agencia y las políticas activas de empleo. Dados los problemas registrados con algunos algoritmos que llegan a discriminar por sexo, raza u origen de los ciudadanos, reconocen en el Ministerio, la idea de Trabajo es “perfilar servicios más que personas”.

El aumento del personal del SEPE supone otra queja continua de la plantilla del organismo, pero también de los ciudadanos que no logran contactar con nadie al otro lado de sus líneas telefónicas o apenas consiguen citas de atención presencial. El Ministerio de Trabajo sostiene que el próximo año hay un “compromiso de incorporaciones muy importante”, aunque no concreta aún las cifras al respecto.

Tutores y “servicios garantizados”

El personal suficiente y formado es clave para uno de los compromisos del anteproyecto de ley de cara a la ciudadanía: la promesa –tantas veces lanzada y nunca concretada– de una atención más personalizada a los demandantes de empleo, con itinerarios enfocados a sus necesidades y orientación para ayudarles a encontrar un empleo.

De nuevo, el Ejecutivo reitera que se reunirá a un gran número de tutores y tutoras que permitan hacer seguimiento de los demandantes de empleo. No de todos, reconocen en Trabajo, pero sí han comprometido con la UE una red de unos 7.000 orientadores que guíen a alrededor de un millón de personas.

El Gobierno de coalición insiste en que esta vez existe la determinación y una gran cantidad de fondos (gracias a Europa) para hacer realidad estas recurrentes promesas. Pasar de la retórica a los compromisos concretos, para lo que ha diseñado una “cartera común de servicios garantizados” a la ciudadanía. Esto supone una lista de “once derechos” que los servicios públicos deben ofrecer a la población, entre los que se encuentran al menos una “oferta de empleo adecuada” al año para evitar cronificar una situación de desempleo a paro de larga duración (más de doce meses). En todo caso, se pretende adquirir el compromiso de proporcional alguna oferta antes de seis meses y, si no se hace, que el futuro SEPE deba argumentar la causa.

También se plantean iniciativas novedosas, como ofrecer planes de viabilidad de los negocios a las personas que se lanzan al autoempleo con la creación de un negocio para evitar el fracaso de muchos proyectos de “emprendimiento” en el pasado.

El Consejo de Ministros ha dado hoy solo el primer paso para que la futura Ley de Empleo llegue al BOE. Ahora debe negociarse con agentes sociales, administraciones, volver al Consejo de Ministros y finalmente conseguir los apoyos parlamentarios necesarios. Pero el Gobierno ya ha iniciado la maquinaria con la aprobación del Anteproyecto de Ley antes de que termine el año, como había comprometido a Bruselas dentro del Plan de Recuperación. La legislación debe entrar en vigor a finales de 2022 y su despliegue se prevé para 2023. Probablemente, el cambio completo del modelo llegue a partir de 2024.