Urbas se impulsa un 5% en Bolsa pese a que el juez ha propuesto juzgar a su presidente por estafa

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Las acciones de Urbas Grupo Financiero se impulsaron un 5% en la sesión bursátil de este martes pese a que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a su presidente, Juan Antonio Acedo Fernández, por presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital de 384 millones de euros de 2015.

En concreto, los títulos de la compañía cerraron la jornada en 0,0189 euros por acción, lo que representa un alza del 5% respecto a los 0,0180 euros en los que cerraron el día anterior, tras descender más de un 12% en las últimas tres sesiones.

La cotización se mantuvo plana a lo largo del día pero, en el momento en el que se publicó la decisión del juez, se disparó inmediatamente hasta los 0,197 euros por acción, es decir, casi un 9% de revalorización en menos de 20 minutos.

Según su último balance de resultados remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las 69,3 millones de acciones resultantes de la ampliación de capital que ha levantado sospechas en la Audiencia Nacional todavía están pendientes de ser admitidas a cotización desde hace más de cinco años.

Actualmente, el número total de derechos de voto de la sociedad asciende a 690,4 millones de euros, por lo que la futura admisión de esos títulos pendientes provocarán una dilución para los accionistas minoritarios.

Sin embargo, el juez instructor explica que los informes relativos a esta operación se expidieron “con conocimiento de que contenían una ficticia sobrevaloración de los activos inmobiliarios de Aldira, y por tanto, conllevando un engaño hacia los accionistas de Urbas”.

Esta ampliación generaba además, según el magistrado, un evidente perjuicio a todos los socios que no tuvieran participación en Aldiras --la sociedad que Urbas absorbía con esta ampliación--, mientras los que sí, entre los que se encuentran los principales integrantes del consejo de administración de Urbas, obtuvieron un beneficio.

Así, el juez entiende que, con esta operación se cometieron posibles delitos de estafa, delito relativo al mercado y a los consumidores, así como delitos societarios y de administración desleal, lo que podría conllevar una cancelación de admisión de los títulos nuevos y evitar una mayor dilución.