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Yolanda Díaz, contra la oligarquía que “socava la democracia”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la presentación de un número monográfico de la revista Temas.

Víctor Honorato

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Tras cuatro décadas de cesiones doctrinales y pragmáticas al rodillo neoliberal, el economista Thomas Piketty y sus trabajos sobre la desigualdad vienen revitalizando el debate de los teóricos de la socialdemocracia. Para hablar sobre el autor y el concepto de “democracia económica” se reunieron esta tarde en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, invitados por la Fundación Sistemas y el grupo Economistas para la crisis, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Trabajo, Yolanda Díaz, en un acto que acabó siendo una presentación de las grandes líneas del programa económico de la plataforma política Sumar, que auspicia esta última. “Los poderes oligárquicos socavan la democracia”, afirmó Díaz, que miró al pasado, a la génesis de la Constitución y su promesa de acceso de los trabajadores a los medios de producción. “Hay que introducir la democracia en el mundo de las empresas y el trabajo”.

El discurso de La presentación de un número de la revista Temas para el debate con artículos en torno a las ideas del economista francés “El elefante está siempre en la habitación”, cargó Díaz, en una intervención trufada de interrogaciones retóricas a cuenta del IBEX, la gran banca y las empresas energéticas. “¿Es democrático lo que estamos viviendo en nuestro país?, inquirió, citando el contraste entre las dificultades de la clase media para llenar la cesta de la compra y los ”64.021 millones de beneficio de las empresas cotizadas“. También entre la pobreza energética, que afecta a cinco millones de españoles y el reparto de pingües dividendos en empresas del sector, en especial una ”a la que no pongo nombre [Iberdrola]“ que remolonea para darle al INE los datos que le reclama para el cálculo del IPC”. Siguió Díaz: “Las empresas que facturan más de 1.000 millones no tributan al 5% de media, sino al 3,8%. ¿Es democrático?”.

Todo ello para insistir en que “es imprescindible que la parte social forme parte del núcleo donde se toman las decisiones” empresariales, en un modelo por definir pero que no será el de la cogestión alemana, “que es del 76”, ni el de Piketty, y que entronca con el artículo 129.2 de la Constitución, que habla de facilitar “el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. Si los trabajadores tuviesen voz y voto en las decisiones empresariales, las deslocalizaciones industriales masivas quizás no habrían sido tales, defendió.

La “nueva democracia económica” que propone Díaz aboga por un Estado con un papel activo; unos trabajadores implicados en el devenir empresarial; un análisis del “tiempo”, en el sentido de ocio y descanso, pero también como acicate de la productividad; una respuesta a la crisis climática en la que no se puede “dar la espalda a los trabajadores” sin el riesgo de una explosión del voto a la extrema derecha y una Europa que debe olvidarse definitivamente de la austeridad: “La mejor manera de amarla es cambiarla”, defendió.

El discurso de Díaz, casi un mitin para economistas, oscureció en parte la intervención previa de su colega del Consejo de Ministros. María Jesús Montero señaló que las ideas de Piketty “algunas veces pueden chocar con el pragmatismo de la realidad” y cargó contra las nuevas becas de estudios para rentas de hasta 100.000 euros que propone la Comunidad de Madrid, un “sinsentido”, que apunta al desmontaje “de los elementos principales de las sociedades modernas”.

Montero defendió los sistemas de salud de provisión pública contra los de aseguramiento, negando validez al “pretexto de la ineficiencia” que se esgrime contra los primeros. “No hay quien por 1.500 euros por persona y año dé una cartera de servicios” como la que se ofrece en la sanidad pública española. También cargó contra el discurso tributario del PP y la acusación de que “el Estado se forra” a cuenta del ciudadano, recordando nociones básicas: “Si bajan los impuestos, baja la recaudación” y se pierden inversiones en infraestructuras, en seguridad o en innovación. “Si quieren un estado mínimo, que lo digan a las claras”, emplazó.

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