El juicio en Cáceres por la Ley Mordaza, aplazado hasta que el Constitucional decida sobre esa norma
- Un joven estaba multado con 601 euros por pedir empleo social en un pleno municipal de Cáceres
El juez del tribunal de lo contencioso administrativo número 1 de Cáceres, ha decidido este lunes aplazar el juicio previsto contra un joven, Pedro Cordero, y basado en la Ley Mordaza, hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre ese texto legal que ha sido recurrido por varios partidos políticos.
El magistrado ha llegado a un acuerdo con su letrado defensor, y con el abogado del Estado, para posponer el juicio debido a que la Ley Mordaza es una ley recurrida ante el Tribunal Constitucional por PSOE, Unidos Podemos y otros grupos políticos.
Por otro lado desde Europa y desde la ONU se presiona para su derogación porque “amenaza con violar derechos y libertades fundamentales” y “socava los derechos de manifestación y expresión”.
Además el artículo que le aplicarían a Pedro Cordero es el 36.1 y se trata de uno de los más lesivos y polémicos de la ley porque sanciona sin tipificar con precisión qué conductas concretas conllevan la aplicación de ese artículo. Es un artículo tan genérico que, en la práctica, opera según algunos expertos como un “cajón de sastre” para la Policía, lo cual provoca “una inseguridad jurídica enorme”. Tras la revisión de la Ley Mordaza por el Tribunal Constitucional, posiblemente sea uno de los artículos que acabe derogado por inconstitucional.
Le beneficia
En este contexto, y sumándole la presión social contra la “injusticia” que según el joven se estaba cometiendo, el juez ha preferido posponer el juicio hasta que el Tribunal Constitucional se posicione sobre este artículo. “Esto nos beneficia”, afirma Pedro Cordero, “porque si el 36.1 se deroga, no se puede acusar a nadie usando una norma que no está en vigor y mi caso se archivaría.
Lo que se ha conseguido este lunes en Cáceres tiene según este joven una trascendencia crucial para cientos de casos que hay similares en todo el país. “El hecho de que aparezcan jueces que no quieran juzgar utilizando esta ley hasta que se dirima su inconstitucionalidad, puede servir a muchas personas como ejemplo de estrategia de defensa y que sus casos se archiven o, incluso, que sus sanciones prescriban”.
