Las restricciones del Gobierno frenan en seco el desarrollo del cava extremeño
172 hectáreas para todo el territorio español. Son las nuevas plantaciones de viñedo con Denominación de Origen Cava autorizadas por el Ministerio de Agricultura. El Gobierno estima parcialmente la recomendación hecha por la DOP, controlada por las bodegas catalanas, y restringe la ampliación de la superficie.
La medida ha sentado como un jarro de agua fría en Extremadura. Este año las bodegas extremeñas productoras de cava han vaciado sus almacenes. La agricultura de Almendralejo tenía puestas sus esperanzas en un sector en auge, capaz de multiplicar el empleo y la riqueza. Su desarrollo se ha frenado en seco.
La producción de cava se ha incrementado cincuenta veces en una década y ha pasado de poner en el mercado 100.000 botellas, a tener esta campaña una previsión de ventas de más de 5 millones.
“Si se hubieran podido producir tres millones de botellas más, también se hubieran vendido”, según trasladaba este viernes la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, que habla de un verdadero ‘varapalo’ para el desarrollo de la comunidad.
Denuncia que las restricciones son drásticas para las nuevas plantaciones, replantaciones de viñedo y conversión de derechos. Los cultivos de cava se concentran en la región Almendralejo, donde existen 1.450 hectáreas inscritas en la denominación de origen de cava. Extremadura pasará de 1.000 hectáreas inscritas este año, a unas 10 el año para 2018.
Recurso de Extremadura
Begoña García ha anunciado que la Junta recurrirá la decisión, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, ante todas las instancias administrativas y judiciales “que estén a nuestro alcance”.
En los próximos días, la Junta presentará un recurso de alzada contra esta resolución que espera que sea atendido por el MAPAMA al considerar que es un “atropello y un dislate administrativo”. Y en caso contrario continuarán con las acciones judiciales.
Explica cómo los datos muestran la potencialidad del mercado del cava extremeño. “Hay una salida comercial para los espumosos, y cuando la hay no se puede restringir la plantación”.
Para la Junta la resolución tomada no está fundamentada con criterios objetivos, “trascendiendo la realidad del sector, apoyando al blindaje de la producción de una región mediante el freno al crecimiento y desarrollo de Extremadura”. “Atenta, por tanto, contra la libre competencia”.
La resolución
La resolución aplica a la DOP Cava la limitación nacional del 0,52 %, por un año. Se reparte a partes iguales entre los tres tipos de solicitudes que pueden darse: nuevas plantaciones, replantaciones y conversiones de derechos de replantación (57,4 Ha, cada una).
El Ministerio estima parcialmente la recomendación recibida del Consejo Regulador de DOP Cava (reclamaban tres años de limitaciones). El Gobierno central, tal como exponía el Consejo Regulador, entiende que sin restricciones existe “un riesgo de devaluación significativa de la DOP”.
La DOP del Cava se extiende por 159 municipios: 63 de la provincia de Barcelona, 52 de Tarragona, 12 de Lleida, 5 de Girona, 18 de La Rioja, 2 de Zaragoza, 3 de Álava, 2 de Navarra y los de Requena (Valencia) y Almendralejo.
Reacciones
Los empresarios de Almendralejo han afirmado que la limitación de crecimiento de superficie decretada por el Gobierno central es “un golpe para la región”.
El empresario Marcelino Díaz, propietario de las bodegas de cava del mismo nombre y uno de los padres del cava extremeño, señala que “cerrar las puertas al crecimiento de la superficie de viñedos de cava durante 2018 es un perjuicio considerable”. Pone de manifiesto, frente a las restricciones, que “hay una demanda cada vez mayor”.
El gerente de las Bodegas Bonaval, las bodegas que tienen una mayor producción y que este año prevén vender casi 4 millones de botellas, David Díaz, cree que si esta limitación se mantiene en el tiempo, afectará a su producción.
A Cristina Herrera le parece bien
Desde APAG Extremadura ASAJA, su presidente, Juan Metidieri, ha afirmado que la decisión ministerial refleja “el poco caso” que el Gobierno central hace a esta región.
En contra, la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha hecho una valoración “muy positiva”. Cree que ha demostrado una “gran sensibilidad” con los productores de la comunidad. Herrera ha destacado, a preguntas de los medios, que el Ministerio de Agricultura no haya aceptado las “exigencias” del Consejo Regulador del Cava, que pedía la paralización de las plantaciones para los próximos tres años.
Se ha quedado sola, y hasta su propio partido ha mostrado su disconformidad. El PP extremeño ha asegurado no estar satisfecho con la limitación, si bien subrayado que la decisión ministerial solo afecta a 2018.
Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea regional, Valentín García, ha tildado la decisión de “atraco”. A juicio de Podemos, la decisión es “decepcionante” y perjudicial para Extremadura, mientras que Ciudadanos (Cs) ha instado a la Junta a que pida una reunión urgente con la ministra de Agricultura.
