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EXTREMADURA

La estación de Doñana recomienda un derribo parcial, no total, de Marina Valdecañas

Ha emitido un nuevo informe aclaratorio en el que concluye que es más perjudicial el mantenimiento de la obra que la demolición

Dice además que la huella ecológica del derribo no llegaría al uno por ciento de la huella que supondría el uso de las viviendas y el complejo a lo largo de toda su vida útil

Doñana piensa que los cálculos de la Junta sobre el impacto de desmantelamiento y el movimiento de tierra están 'sobredimensionados'

El Supremo declaró ilegal el Complejo Marina Isla de Valdecañas / www.isladevaldecanas.es

Complejo Marina Isla de Valdecañas

Un desmantelamiento parcial, selectivo, es la opción más beneficiosa para la conservación del espacio natural de Marina Isla de Valdecañas. 

Esta es una de las conclusiones que aporta la Estación Biológica de Doñana, órgano dependiente del CSIC, en sus aclaraciones sobre el informe pericial del complejo turístico de Marina Isla de Valdecañas. Ha hecho entrega a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de las aclaraciones al informe previo elaborado.

Las conclusiones no varían en esencia del informe inicial y señalan que es más perjudicial el mantenimiento de la obra que la demolición.

Además la estación de Doñana piensa que resulta ambientalmente contraproducente, y fuera de sus cálculos, restituir la topografía original al completo de la isla como señalaba la Junta en sus alegaciones para no ejecutar la sentencia. En este sentido apunta que los cálculos del Ejecutivo sobre el impacto de desmantelamiento y el movimiento de tierra están 'sobredimensionados'.

El informe recoge además que la huella ecológica de la demolición no llegaría al uno por ciento de la huella que supondría el uso de las viviendas a lo largo de toda su vida útil.

Cabe recordar que en 2015 el tribunal dictó un auto en el que encargaba el Informe para aclarar si efectivamente las aves han ganado en calidad de vida y si desde el punto de vista medioambiental es mejor mantenerlo o no. Ahora las partes han recibido las aclaraciones que solicitaron a dicho informe, que fue emitido el pasado mes de enero.

Algunas aclaraciones

Se incluyen algunas correcciones referentes a errores de cálculo en las tablas sobre el volumen de arbolado, las plantas leñosas y las manchas vegetales. Unos errores que no han sido determinantes para cambiar el dictamen final del informe.

Destaca además una de las respuestas aclaratorias en la que apunta, a petición de las partes, que para explicar la riqueza potencial de las especies en este entorno se recurre a un informe de Cataluña por la similitud de la avifauna y el clima entre Extremadura y Cataluña. Lo hace, según explica, porque no existen modelos de selección con datos extremeños en el momento de realizarse el informe pericial. “Si en su momento se hubieran hecho muestreos de aves terrestres en la isla de Valdecañas, antes de la construcción del complejo, se hubiera podido realizar esta comparación con datos reales”.

Ratifica otras cuestiones, como que existen actuaciones no contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental que debieron de ser incluidas  en el procedimiento.

Vista de la urbanización de Valdecañas

Vista de la urbanización de Valdecañas

El desmantelamiento parcial 

Una demolición de la estructura selectiva es la hipótesis que también ha defendido Ecologistas en Acción, que entiende que no se precisa el movimiento de los suelos, la red de saneamiento o la depuradora entre otras cuestiones.

El abogado de la asociación ecologista, José María Trillo-Figueroa, recuerda que la Junta planteó un escenario de demolición total en el incidente por el que alegaba la imposibilidad de ejecutar la sentencia. Frente a esto pone de manifiesto que ellos defienden la posibilidad de ‘renaturalizar’ el espacio, no deshacer todos los movimientos por completo.  

En torno a este debate el informe de aclaraciones de Doñana detalla que el documento de vulnerabilidades generadas durante el proceso de demolición, restitución y restauración del complejo, elaborado por la Junta, calcula unos volúmenes de residuos de 1.271.600 metros cúbicos. Mientras que en su informe pericial la estación biológica lo reduce a 150.000, una cifra que se basa según explica en coeficientes de derivados de datos empíricos de 100 proyectos de construcción residencial. 

Cree que resulta improbable que exista un error por no haber estimado correctamente la superficie edificada porque las fuentes y métodos utilizados para calcular la superficie ocupada son muy precisos. “Aún en el caso hipotético y altamente improbable de que la superficie edificada fuese el doble de la superficie ocupada, nuestra estima del volumen generado seguiría siendo cuatro veces menor que la estima de la Junta”. 

El desmantelamiento selectivo

El letrado de Ecologistas en Acción destaca que ya presentaron una propuesta de desmantelamiento sostenible realizada por arquitectos, urbanistas y biólogos que planteaba recuperar todos los materiales posibles, con el menor impacto posible. “Una restauración pensada para crear más empleo que el procedimiento de urbanización”. 

A su juicio el documento de la estación biológica del CSIC “evidencia que lo que no se ajustaba a criterios de racionalidad son las alegaciones que había presentado la Junta para justificar no ejecutar la sentencia”. “Valoraba la huella ecológica de la demolición, pero no de la vida de la urbanización. No la pone en relación con lo que es la propia explotación del complejo urbanístico”.

Piensa que ha habido un ‘abuso de poder’ cuando “se aprobó una ley contraria al estado de derecho para que no ejecutar una sentencia. La ley nos da la razón y toda la demolición que se ha planteado es de sentido común”. “Acreditado el daño a la ZEPA, acreditado que la demolición es más beneficiosa para la ZEPA, ya debería de tener bastante claro el TSJEX que la sentencia es ejecutable, beneficiosa para la conservación del espacio natural”.

Dos sentencias de demolición

Este informe es un paso más en la historia de este complejo, sobre el que pesan dos sentencias judiciales: una del TSJEx de marzo de 2011 y otra del Tribunal Supremo de febrero de 2014 que declaran la nulidad del Proyecto de Interés Regional (PIR) aprobado por la Junta en 2007 y que permitió la recalificación de los terrenos para la construcción.

Ambas sentencias obligan al Ejecutivo extremeño a demoler lo construido y a restituir los terrenos a su estado original. Ante esta situación, la Junta presentó ante el TSJEx un escrito en el que exponía la "inejecución de la sentencia" y entre los motivos que alegaba estaba el alto coste, unos 34 millones de euros sumando los gastos directos y el impacto sobre el empleo.

También lo justificó en que la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) sobre la que se construyó "tiene más vida y viven más aves ahora en ella que antes", algo que niegan las dos organizaciones ecologistas. Por ello, el TSJEx dictó en marzo de 2015 el auto en el que encargaba a la Estación Biológica de Doñana elaborar el mencionado informe. 

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