Aquellos que tanto se escandalizan por ese decreto de la Junta de Andalucía, que expropiará viviendas a los bancos para evitar los desahucios más sangrantes y multará a los dueños de casas vacías, deberían releer la Constitución. «Se reconoce el derecho a la propiedad privada (¿) Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social» (artículo 33; las negritas son mías). La palabra expropiación, que tanto asusta, no solo está admitida en la Carta Magna, sino que tiene una ley en vigor que la regula. No hay país donde tal cosa no suceda y en todos ellos, hasta en los mismísimos Estados Unidos, se entiende que el derecho a la propiedad no está por encima de todo: que debe prevalecer el interés general de todos los ciudadanos.
Se expropia a diario en todo el mundo capitalista. Para hacer carreteras o autopistas, por ejemplo. O incluso para construir Eurovegas; así lo acaba de aprobar el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el del «liberal» Ignacio González, en un decreto que permitirá a míster Adelson comprar terreno a bajo precio para sus casinos y que nadie ha calificado de comunista. En un país con miles de casas vacías y miles de familias desahuciadas, ¿de verdad hay que explicar la «causa justificada de utilidad pública» del decreto de la Junta? ¿En serio hay alguien capaz de argumentar que existe más «interés social» en abaratar costes a Eurovegas que en rescatar a las familias desahuciadas?
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