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Dos años de apartheid sanitario

El ejecutivo de Rajoy basaba esta medida inhumana en el supuesto ahorro económico que la norma iba a traer aparejada, como si el ahorro justificara cualquier actuación aunque esta pueda comportar la muerte de personas

La oleada neoliberal que propicia estas políticas de desprecio hacia las personas no es patrimonio exclusivo de este Gobierno, ni mucho menos

Estos días se ha cumplido el segundo aniversario de una de las ignominias perpetradas por el gobierno de Rajoy. Otra más: la instauración del apartheid sanitario en el estado español. Esta efemérides llega para recordarnos que vivimos bajo un sistema que permite que a determinadas personas se les niegue el derecho a la asistencia sanitaria por haber nacido fuera de las fronteras de la Unión Europea, un sistema que permite que haya personas que mueren (tal vez deberíamos decir que son asesinadas) porque no tienen recursos para poder pagarse un seguro sanitario privado. Según organizaciones como Amnistía Internacional o Médicos del Mundo, en estos dos años se han retirado 873.000 tarjetas sanitarias.

El ejecutivo de Rajoy basaba esta medida inhumana en el supuesto ahorro económico que la norma iba a traer aparejada, como si el ahorro justificara cualquier actuación aunque esta pueda comportar la muerte de personas. El tiempo ha servido para desenmascarar, una vez más, las mentiras del PP. Ahora, además de saber que esta era una medida cruel, sabemos que el ahorro económico no era tal, sino que era sólo una excusa, una patraña más para buscar apoyos con el engaño y la mentira, no dudando en utilizar argumentos xenófobos, con el peligro social que eso conlleva.

Queda claro, pues, que el argumento económico estaba enmascarando el verdadero motivo, que no es otro que el insistir en la cruzada de la derecha contra los inmigrantes. Todo un clásico. Estas medidas de exclusión del sistema de salud, negar a las personas inmigrantes que no tienen papeles la atención sanitaria, no es sino un eslabón más de esa macabra cadena que empieza en las vallas con cuchillas de Ceuta y Melilla, sigue con las redadas racistas y los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) y acaba con las deportaciones.

Son muchas las personas, muchos los colectivos y organizaciones que pusieron sus esperanzas en la UE, que miraron a Europa con y confiaron en Bruselas. Muchas personas se encomendaron a la UE pensado que la Europa de las libertades y el estado del bienestar no iba a permitir que sus estados miembros actuasen con total desprecio a los Derechos Humanos. Pero se dieron de bruces con la realidad.

La oleada neoliberal que propicia estas políticas de desprecio hacia las personas, con ataques continuos a la clase trabajadora y a los colectivos más desfavorecidos de nuestras sociedades, no es patrimonio exclusivo del señor Rajoy, ni mucho menos. Es la propia Unión Europea la que lejos de dirigir sus políticas en favor de las personas, insta a los gobiernos de los estados que la conforman a llevar a cabo políticas migratorias xenófobas. Para ilustrar esta afirmación, basta un ejemplo: la Directiva de la vergüenza aprobada por la UE en 2008, una directiva que situa a las personas más desfavorecidas, las migrantes, en el terreno de la ilegalidad por el simple hecho de tener que huir de sus países de origen en busca de una vida mejor. Ya en su momento, dije lo que ahora ratifico, que este decreto está posiblemente vulnerando varias Directivas relacionadas con la asistencia sanitaria transfronteriza y los derechos de personas en situación de demanda de asilo, y que, además, es contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión Europea.

Esto viene a confirmar que esta Carta nació ya como papel mojado, que no era más que la cara amable del tratado de Lisboa, la salsa con que aderezaron el tratado para que así pudiésemos tragárnoslos mejor.

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