La Agencia Vasca del Agua (URA) delega funciones a una sociedad estatal por no tener recursos propios “suficientes”

En pleno debate de reclamación al Estado de más competencias, un relevante organismo del Gobierno de Imanol Pradales, la Agencia Vasca del Agua (URA), acaba de proponer encomendar a una sociedad estatal (Tragsatec, adscrita a la Sepi) que asuma funciones en tareas como la gestión de los vertidos en 2026 y 2027. Y le pagará cerca de 250.000 euros cada uno de esos ejercicios. Se da la circunstancia de que en 2024 y 2025 se había realizado una encomienda similar y de que en 2024 también se tiró de Tragsatec para cubrir otras labores de aprovechamientos con un presupuesto de 446.437 euros.

“En la actualidad, la Agencia Vasca del Agua no dispone ni de recursos personales ni materiales propios suficientes para poder llevar a cabo los citados trabajos. Ante la situación expuesta, cabe acudir a la contratación externa de servicios o servirse de los medios propios de la Administración General del Estado [...] como Tragsatec”, expone el director de URA, Asier López, en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico. Se da la circunstancia de que el encabezamiento del “encargo” a la entidad estatal arranca con la constatación de que el Estatuto de 1979, algunos de cuyos puntos pendientes se están negociando ahora entre los Gobiernos central y vasco, otorga al Ejecutivo autonómico competencias “exclusivas” en materia de Aguas siempre que sean cauces interiores. Se añade que ya en 1994 se formalizó el acuerdo para el traspaso de esas funciones y se agrega que en 2024 hubo un convenio para que URA asumiese también las labores de “Policía de Aguas” en cuencas vascas ero que discurran también por otros territorios.

El “encargo” plantea que la sociedad estatal Tragasatec, del grupo Tragsa, pueda proporcionar a URA “apoyo técnico” en “control y seguimiento” de vertidos autorizados o ilegales y “soporte técnico especializado y asesoramiento en la tramitación”. Según el responsable de la agencia vasca, con esta participación del Estado se “reforzará” la capacidad de gestión de los vertidos “mediante actuaciones tecnificadas que permitan una respuesta ágil, eficiente y ajustada”. Este acuerdo es para los años 2026 y 2027 -y ya ha entrado en vigor el 1 de enero- y se apunta a un presupuesto de 495.000 euros en total, pagaderos en dos tandas anuales.

En detalle, la encomienda da importantes misiones a la entidad estatal. Tragsatec, por ejemplo, “colaborará en la elaboración de los contenidos sobre el seguimiento de los vertidos de mayor afección y los avisos”. Dos ejemplos concretos que se citan son el control de los lixiviados y posibles filtraciones de lindano en el vertedero de Gardelegi, en Vitoria, o “detectar virus específicos en las aguas residuales urbanas como señal de la aparición de epidemias o pandemias”.

URA admite que incluso necesita de “apoyo externo” para despachar los expedientes de vertidos ilegales. “La tramitación de estos expedientes debe producirse dentro del plazo máximo de prescripción del hecho denunciado, que en cuencas intercomunitarias es de seis meses y en cuencas intracomunitarias y vertidos tierra-mar es de un año. Para poder ajustarse a estos tiempos, es necesario un apoyo externo que permita la coordinación eficiente entre todas las partes implicadas y la suficiente celeridad en la emisión de los trámites desde que se recibe la denuncia hasta que se resuelve su archivo o el expediente sancionador”, argumenta la Agencia Vasca del Agua.

Tragsatec trabajará, eso sí, bajo la dirección de las autoridades vascas. Se ha designado a Josu Perea, director del Dominio Público Hidraúlico de URA, como coordinador. URA tiene en 2026 un presupuesto de 66,1 millones de euros. Su plantilla está compuesta por 182 personas: cuatro altos cargos, doce funcionarios y 166 laborales. Su sede central está en la capital, en Vitoria.