El Ayuntamiento de Bilbao niega las irregularidades en las obras del terreno del Obispado y acusa a los vecinos de querer “paralizar” el proyecto con sus denuncias

Los vecinos del barrio de Abando, en el centro de Bilbao, llevan todo el verano denunciando “irregularidades” en las obras de demolición del edificio Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari (BAM) ubicado frente al Colegio Cervantes, de educación infantil y primaria. Entre las quejas de los vecinos se encuentra la instalación de una supuesta grúa sin licencia, el hecho de que no se cumpla la obligación de paralizar las obras cada 10 minutos para que el colegio pueda ventilar sus aulas y el “excesivo ruido” que provocan las obras.

Para resolver las quejas e informar acerca de la evolución y afectaciones de las obras de demolición, el concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, Asier Abaunza y el titular de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil han comparecido en el Ayuntamiento de Bilbao a petición de Elkarrekin-Podemos.

La portavoz de Elkarrekin-Podemos, Ana Viñals Viñals ha denunciado que “las condiciones de licencia no se han cumplido”. “Los vecinos han realizado numerosas quejas y no han tenido una respuesta satisfactoria o la repuesta ha llegado tarde, por lo que se han sentido totalmente desprotegidos”, ha criticado Viñals que ha tildado la situación de “un problema de salud pública” y ha exigido al Ayuntamiento que “de más información al respecto”.

Abaunza ha respondido que durante las obras “no ha ocurrido ninguna incidencia destacada”. “El derribo está concluido, únicamente falta terminar de retirar los escombros depositados en estos momentos en el interior de la parcela del solar de Barrainkua”. En lo referente a la supuesta “grúa clandestina”, como la han denominado los vecinos en sus quejas, el concejal ha explicado que la constructora solicitó correctamente el uso de la grúa en sus labores, sin embargo, por una demora administrativa en la tramitación electrónica, la “autorización de seguridad aérea se produjo con retraso y se optó por paralizar su puesta en servicio hasta recibir la mencionada autorización”, una cuestión “meramente burocrática”, ha subrayado.

En cuanto a los 10 minutos de parón en las obras establecido por la licencia de demolición, Abaunza ha declarado que durante el verano no se han realizado puesto que “no había niños en el colegio” y la intención era la de acelerar el proyecto para terminar de demoler el edificio “cuanto antes”. “Si en agosto no hay clases, no es necesario parar diez minutos cada hora. En julio sí se hicieron las paradas porque había niños todavía”, ha confirmado.

“Se ha establecido una comisión de seguimiento que no tiene ninguna otra obra de la ciudad. Se han establecido unas condiciones que no tiene ninguna otra obra de la ciudad y sabemos que nada de lo que hagamos y digamos va a satisfacer ni al AMPA ni a algunos vecinos del entorno porque el objetivo último es que el proyecto no se haga. Y por lo tanto ninguna de las medidas, por más restrictivas y exigentes que sean les va a satisfacer porque todavía se sigue pretendiendo que a través de todas estas quejas se consiga que no se realice el proyecto. Cuestión que es utópica. Si en algún momento durante la obra hubiese algún tipo de cuestión que corregir a la constructora se le reclamaría. En el peor de los casos se le sancionaría, pero no supondría la anulación del proyecto y por supuesto tampoco supondría que el Ayuntamiento compre ese terreno”, ha explicado Abaunza.

Desde la plataforma Abando Habitable y Saludable, creada para denunciar las situaciones relacionadas con el terreno adquirido por el Obispado, han criticado que “la supuesta comisión de seguimiento de la obras, de la que no conocemos el contenido de lo que trata, composición de sus miembros, ni fechas de sus reuniones, no parece sea la forma más óptima para velar el cumplimiento de la ley”.

Con respecto al ruido, Alfonso Gil ha dicho que los que tienen afección sobre la salud son los “ruidos latentes y permanentes”. “No lo digo yo, lo dice la OMS, si hay un indicio de un problema con el ruido, ese ruido tiene que ser medido en tramos (...) los que tienen afección a la salud son los ruidos latentes y permanentes. En esta obra no ha habido incidentes de este tipo por mucho que se diga aquí machaconamente”, ha señalado el concejal.

La edil de EH Bildu, Alba Fatuarte, también ha criticado al Ayuntamiento el hecho de que se comunique con los vecinos y el AMPA del colegio ubicado junto a las obras “a golpe de informes técnicos” y en su lugar, ha pedido que “se cambie la dinámica y apostar por el diálogo”. Del mismo modo, han criticado que el gobierno municipal se comunique con los vecinos y con el AMPA de la escuela a “golpe de informes técnicos” y han defendido la necesidad de “cambiar esta dinámica y apostar por la vía del diálogo”. De esta manera, ha recalcado que “la preocupación de los vecinos es la salud de sus hijos”. Por su parte, el concejal del PP, Carlos García, durante su intervención ha señalado que “la constructora ha hecho algunas cosas que no están del todo bien” por lo que “hay vecinos que se quejan y protestan con razón”.

Dos años de polémica por el “pelotazo urbanístico”

La polémica por el terreno se remonta a 2019, cuando con el objetivo de reunir en un mismo edificio todos los servicios pastorales, culturales, educativos y sociocaritativos, la Diócesis de Bilbao alcanzó un acuerdo con la empresa constructora Murias Grupo, para construir un nuevo edificio en el solar que ocupaba la Escuela Universitaria de Magisterio (BAM) en Abando, un barrio ubicado en el centro de la ciudad. Para conseguir la financiación, se destinará el 44% del futuro edificio a Mutualia, mutua colaboradora con la Seguridad Social que abrirá ahí una clínica privada: “el mayor centro hospitalario en Euskadi dedicado a la atención de los trabajadores”, según anunció.

La noticia provocó la indignación de vecinos y el AMPA del Colegio Cervantes, ubicado en frente del edificio del terreno que ahora pertenece al Obispado, que tildaron al proyecto de 'pelotazo urbanístico'. A pesar de crear una plataforma llamada Abando Habitable, convocar varias concentraciones y una recogida de firmas en las que exigían que en lugar de un edificio se realizara una zona verde, el 29 de marzo se le concedió la licencia de obras a Construcciones Murias S.A. Desde entonces los vecinos han realizado múltiples denuncias acusando a la constructora de “irregularidades” en sus labores de demolición del edificio. Antes de la pandemia la previsión era que las obras finalizaran en diciembre de 2021, pero debido a que la operación se ha retrasado un año, la estimación aproximada es que estará listo para finales de 2022.