Bizkaia confía en retener los 40 millones del Estado para Urdaibai pese a descartar el nuevo Guggenheim

La Diputación foral de Bizkaia abrirá conversaciones con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ahora en manos de Sara Aagesen, para intentar que los 40 millones de subvención aportados por el Estado y destinados a realizar diversas actuaciones relacionadas con la construcción del Guggenheim de Urdaibai se mantengan pese a que se haya decidido no seguir adelante con la ampliación de la pinacoteca en la reserva de la biosfera. La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxabobe, ha señalado que intentarán que ese dinero “se quede en Bizkaia” para seguir realizando actuaciones en relacionadas con la recuperación de suelo en la zona, como las que se están llevando a cabo con los suelos de la empresa Dalia, en Gernika, que estaba destinada a albergar una de las sedes del nuevo museo, mientras que la segunda estaba prevista en la parcela de Astilleros Murueta, en plena reserva.

El convenio que se suscribió con el Gobierno cental estaba condicionado de forma expresa a la ejecución de trabajos para la amplliación de Guggenheim en esta zona. En concreto, se establecía un periodo de seis años para que se lleven a cabo las actuaciones previstas. Básicamente, la descontaminación de 63.570 metros cuadrados de suelo ocupados por industrias -Dalia y Astilleros Murueta- y la demolición de las instalaciones, la restauración del flujo natural de la ría y la renaturalización de los espacios. Además, en el convenio se especifica que el resto de actuaciones para ejecutar la ampliación del Guggenheim en Urdaibai se financiarán con 40 millones aportados por la Diputación, en su momento gestionados por el ahora lehendakari, Imanol Pradales. Si no se llevaban a cabo las actuaciones previstas en el convenio, los 40 millones volverían a las arcas del Estado, aunque Etxanobe se ha mostrado convencida este martes de que se podrá seguir contando con ese dinero y que habrá acuerdo.

El patronato del Guggenheim de Bilbao ha decidido este martes descartar de forma definitiva la ampliación del museo en Urdaibai, tras considerar que el proceso para que el proyecto cristalizara sería “muy largo, complejo”, quizá a más de diez años vista, “y a pesar de ello sin todas las garantías”. Entre los condicionantes que se han valorado están las dificultades jurídicas de la servidumbre de los suelos en los que debía levantarse, con tres procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional que de fallarse a favor de los demandantes harían imposible la construcción del museo. A ello se añaden las dificultades para contar con la parcela que ahora ocupa Astilleros Murueta, que sigue en activo.

Recursos y suelo de Astilleros Murueta

En la memoria en la que el patronato del museo ha justificado este martes dar carpetazo al museo en Urdaibai se recoge un triple origen de las dificultades jurídicas. Por un lado, las derivadas de la legislación de costas, puesto que el emplazamiento elegido para la ubicación del museo -la ribera izquierda de la ría de Gernika- plantea dificultades en tres ámbitos: la extensión que en este caso tiene la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre; su posible utilización para instalaciones y actividades distintas a aquellas que, por su naturaleza no pueden tener otra ubicación; y el estado en el que se encuentra la concesión que en su día se otorgó a la mercantil Astilleros de Murueta SA con destino a “la construcción de buques”.

En este sentido, recuerda que el 19 de octubre de 2023, el Gobierno central rectificó la zona de servidumbre en la parcela del astillero, pasando de 100 a 20 metros. Esta resolución fue impugnada ante la Audiencia Nacional por tres asociaciones ecologistas. “Si, como parece probable, las sentencias que dicte la Audiencia Nacional en estos tres procesos son recurridas ante el Tribunal Supremo, y este admite los recursos, el panorama judicial en este punto, no quedaría clarificado antes de 2028-2029”, reconoce la memoria.

En cuanto a la concesión de Astilleros Murueta, señala que la original, otorgada en 1943, caducó el 29 de julio de 2018. Como la sociedad mercantil no hizo uso de la facultad reconocida en la Ley 2/2013, el título de ocupación concedido en su día podría considerarse extinguido. “Zain Dezagun Urdaibai, que ha pedido al MITECO que declare la extinción de la concesión, ha recurrido ante la Audiencia Nacional, la desestimación presunta de su solicitud. La tramitación del procedimiento se acaba de iniciar por lo que la sentencia y, en su caso, la resolución de los posibles recursos no se produciría antes de transcurridos 5 o 6 años, esto es, antes de 2031 o 2032”, se indica.

Además, destaca que Astilleros de Murueta -una empresa de 84 trabajadores (dato de 2024)- “sigue desarrollando su actividad de manera constante: ha realizado botaduras recientes y ha cerrado nuevos contratos que extienden su horizonte de trabajo, al menos, hasta el año 2027”. “La sociedad mercantil podría solicitar una nueva concesión conforme a la legislación vigente, teniendo en cuenta que desarrolla una actividad, la construcción de buques, que, por definición, sólo se puede llevar a cabo en la zona marítimo-terrestre”, se apunta. Aunque señala que no cabe anticipar ahora la respuesta que podría recibir una eventual petición de este tipo señala la memoria que “un título de ocupación hipotéticamente otorgado en tales condiciones, en ningún caso podría transferirse a un tercero para llevar a cabo actuaciones que, como las museísticas o culturales, nada impide que puedan desarrollarse en otro lugar”.

Dificultades derivadas de la legislación ambiental

Por otro lado, recuerda el patronato las dificultades las asociadas con la legislación medioambiental, dado que se trata de una reserva de la biosfera “en la que resulta de aplicación una densa normativa”, recuerda la memoria, que “impone fuertes restricciones a la intervención humana, por su fauna, su flora y su proximidad a las marismas”. En este sentido, señalan que para la construcción del museo en ese ámbito, se requeriría, además de aprobar los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, superar las evaluaciones de impacto ambiental de los planes y proyectos que se elaboren, y autorización del patronato de la reserva de la biosfera (en lo que concierne a la parte que exceda de suelo urbano) así como la preceptiva autorización y concesión a otorgar por el Ministerio. “Hay que tener presente que las declaraciones de impacto ambiental pueden introducir condicionantes que afecten sustancialmente la aprobación de los diferentes documentos de planeamiento y también del proyecto del museo. Además, serían actuaciones que solo serían posibles sobre suelo de titularidad pública, lo que a fecha de hoy no ocurre”, reconocen.

Por último, señala como condicionante las dificultades jurídicas que están relacionadas con la tramitación de los múltiples instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico que requiere la materialización de un proyecto que afecta a varios municipios, cada uno de los cuales cuenta con su propio planeamiento urbanístico, y a un Plan Territorial Parcial. “La viabilidad jurídica del hipotético proyecto requeriría la previa aprobación de varios documentos de planeamiento territorial y urbanístico. Se trata de procedimientos de aprobación largos (con un mínimo de seis u ocho años de tramitación desde su inicio, en el mejor de los casos) y todos ellos judicializables (cada hipotético recurso judicial comportaría un plazo de resolución de entre tres y cuatro años). Esto nos situaría en un horizonte temporal que nos remite más allá del año 2035, existiendo, por lo demás, un algo riesgo de que se declare la nulidad por falta de justificación en la elección de parcelas”, indican.

En concreto, sería necesario aprobar o modificar el Plan Territorial Parcial Gernika-Markina (Busturialdea-Urdaibai), el Plan General de Ordenación Urbana de Murueta o el Plan Especial Supramunicipal. “Durante los últimos años, estas dificultades han ido manifestándose de un modo cada vez más patente -en consonancia, casi siempre, con los pasos que se iban dando por parte de las instituciones para poner en práctica la idea- y poniendo de manifiesto un conjunto de factores adversos que aconsejan reconsiderar el impuso inicial”, reconoce la memoria en la que el patronato justifica la decisión de dar carpetazo, ahora ya definitivo, al Guggenhein de Urdaibai.