Ni calladitas ni sumisas: el precio de tener voz

“Retrasada”, “feminazi”, “zarrapastrosilla comunista”, “charo” o “ni para fregar sirves”. Estas no son palabras al azar lanzadas en el vacío de las redes sociales; son piedras reales que golpean cada día la puerta de nuestras casas y de nuestros despachos. Recientemente, tras compartir un vídeo defendiendo nuestra labor política, me encontré de frente con este espejo de odio, una cascada de injurias que van desde lo físico hasta la amenaza de muerte. Y no, no son “cosas que pasan”; es violencia política machista con todas sus letras. 

Como mujeres con perfil público —ya seamos mujeres electas, periodistas, activistas o defensoras de derechos humanos— nos enfrentamos a una ofensiva fascista y patriarcal que tiene un objetivo cristalino: disciplinarnos. Se nos agrede para que callemos, para que dudemos antes de alzar la voz y, en última instancia, para que nos retiremos a la esfera privada, que es donde el patriarcado siempre ha querido tenernos.

Los datos y la realidad cotidiana nos dicen que esta violencia no es uniforme, porque las mujeres no somos un bloque monolítico. La interseccionalidad nos atraviesa el alma, por eso mismo la virulencia del ataque cambia si eres una mujer joven o mayor, si eres migrante, si eres de izquierdas o si tu cuerpo no encaja en las normas heteropatriarcales. Sin embargo, el sustrato sí es el mismo para todas, un odio machista que se alimenta de la impunidad digital y que pretende convertir nuestra participación ciudadana en un ejercicio de resistencia física y mental agotador.

La democracia está bajo acoso, el insulto tiene el objetivo de expulsarnos

No podemos permitir que el “aguante individual” sea el único protocolo de protección. Hasta ahora, hemos sido nosotras quienes hemos cargado con el peso de gestionar el acoso, valorando cada mañana si “nos renta” seguir. Pero la democracia no puede permitirse el lujo de perder el talento y la mirada crítica de la mitad de la población por miedo a una jauría digital o física. La seguridad democrática implica que nuestra integridad no sea la moneda de cambio para participar en la vida pública.

Por todo ello, la solución no pasa por el silencio, sino por la institucionalización de la defensa. Necesitamos mecanismos claros de prevención y protección que dejen de tratar estos ataques como incidentes aislados. Debemos blindar nuestra participación política con protocolos contundentes y, sobre todo, con un compromiso social que deje de normalizar la vejación. La libertad de expresión en ningún modo es el derecho a la agresión sistemática.

Cierro este artículo con un abrazo firme a todas mis compañeras, a las que están en el foco mediático y a las que sostienen la lucha desde los márgenes. No estamos solas y no vamos a dar un paso atrás. Insto a toda la sociedad a reflexionar sobre las bases de este odio; porque una sociedad que permite que se nos llame “taradas” o “basura” por defender nuestras ideas, es una sociedad enferma que se está pudriendo por dentro. Es hora de actuar, de denunciar y de construir una política pública donde la palabra sea una herramienta de respeto. Nuestra voz es nuestro derecho, no permitamos que nadie la apague.