Impuesto turístico sí, pero ¿para qué?

En Euskadi vamos a contar con un impuesto turístico a partir de enero de 2027 y debemos felicitarnos por ello. Primero, porque es una gran noticia por los beneficios que va a suponer. Y segundo, porque su encaje en nuestra compleja arquitectura institucional no ha sido una tarea sencilla y lo hemos conseguido con perseverancia y gracias al acuerdo, y con un porcentaje de consenso de en torno al 90% en las Juntas Generales de los territorios.

El debate sobre la forma que debía tener este impuesto fue exhaustivo. Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo exploramos con mayor profundidad la vía del impuesto autonómico, con una ley autonómica como marco general, que precisaba convenios con las diputaciones para su desarrollo. Por otro lado, la vía que plantearon las diputaciones finalmente fue la del impuesto municipal a través de norma foral, aunque esa no fuera su idea inicial. Había dos caminos posibles y ambos necesitaban inexorablemente la participación de las diputaciones.

Tuvimos que decidir si queríamos que el impuesto saliese adelante por la vía del consenso o lo dejábamos morir. Optamos por el consenso porque creemos firmemente que es un impuesto positivo para Euskadi que nos posiciona con más de 20 países europeos y otras comunidades como Baleares o Cataluña y otras que se están sumando (Galicia, Asturias, …). Y gracias a apostar por el acuerdo hemos conseguido la armonización fiscal para el desarrollo de un impuesto homogéneo.

Y aquí llegamos a lo realmente relevante. ¿Por qué creemos que es un impuesto positivo? ¿Por qué y para qué lo queremos? Esa es la pregunta, aunque a veces el debate haya sido opacado por el cómo. O por los argumentos de sus detractores. Vamos a empezar a analizarlos.

En primer lugar, el impuesto turístico no busca desincentivar la entrada de turistas. No es una herramienta para evitar la masificación. La experiencia internacional demuestra que la existencia de un impuesto turístico no es un factor determinante en la elección de un destino, frente a otros factores como la calidad de la oferta turística, la conectividad, la seguridad, el clima u otros.

En segundo lugar, el impuesto turístico no resta competitividad a los destinos. Es más, puede contribuir notablemente a su mejora. En contra de lo que defienden algunos partidos políticos de derechas o alguna de las patronales nacionales del sector turístico, una reducción de impuestos no equivale a mejorar la competitividad del sector turístico. No está demostrado que haya pérdida de competitividad por precio o efecto de sustitución del gasto con tarifas de impuesto moderadas. Y su efecto estructural en la competitividad es positivo si la recaudación se orienta correctamente, reinvirtiendo en calidad y en sostenibilidad, lo que produce un auténtico efecto diferenciador del destino.

Y en tercer lugar, el impuesto turístico no debe ser ni un impuesto puramente recaudatorio, ni exclusivamente pigouviano (destinado primordialmente a cambiar ciertas conductas). No busca castigar a quienes nos visitan. Pero sí tiene como objetivo combatir las externalidades negativas del turismo. Se trata de que quien venga a disfrutar de Euskadi contribuya a su mejora en términos de equidad fiscal y asignación eficiente de los recursos. El impuesto turístico busca corresponsabilidad, no castigo.

Por tanto, lo esencial es diseñar correctamente el modelo de impuesto turístico, como lo hemos hecho en Euskadi. En línea con los más de 20 países y otras comunidades autónomas y regiones, pero con un modelo propio adaptado a nuestra realidad. Con una cuantía proporcionada para que no resulte disuasoria. Con progresividad según la categoría de los establecimientos. Con un equilibrio que no cree desigualdades entre municipios, pero que contemple su diversidad de situaciones. También con impacto en el propio sector, gracias a la dotación específica habilitada con dos millones de euros para proyectos del sector turístico.

Y nos queda ahora un elemento fundamental. La transparencia. Se trata de dar el último paso para garantizar que ese modelo sea óptimo y consiga mejorar nuestro entorno, y lo que es más importante, la calidad de vida de la ciudadanía. En este sentido, y al ser de recaudación 100% municipal, pido a los ayuntamientos transparencia en su gestión. La ciudadanía tiene el derecho a conocer a dónde se destinarán esos fondos y en qué van a contribuir al beneficio de su entorno. Ya tenemos un impuesto turístico que nos ha costado un largo trabajo, y ahora debemos ser capaces de hacer que su recaudación suponga una auténtica mejora para Euskadi como destino y para sus habitantes.