EH Bildu denuncia el “compadreo” de la Diputación de Álava con una empresa del cártel de las consultoras

“Te solicito, por tanto, en confirmación de lo indicado en nuestra conversación telefónica, que nos confirméis formalmente la disposición de S&F Consultants a renunciar a la adjudicación mencionada, atendiendo a estas circunstancias imprevistas. [...] Esperamos sinceramente que tengáis la oportunidad de participar en el nuevo proyecto en proceso de contratación”. Con esta carta, el director gerente de Álava Agencia de Desarrollo, una sociedad pública dependiente de la Diputación de Álava, planteaba a la empresa 97 S&F que se quedara sin efecto un contrato ya firmado para la elaboración de un informe sobre la zona de Ayala por alrededor de 15.000 euros más IVA (adjudicado sin concurso, por lo tanto) porque se había iniciado la contratación por de 56.000 euros de unos trabajos similares sobre la misma comarca. La renuncia se produjo el 31 de mayo y, unos pocos días después, el 8 de junio, ya se propuso que 97 S&F recibiera el contrato mayor.

Estos hechos los ha denunciado este viernes la coalición EH Bildu, que ve “compadreo y connivencia entre determinadas empresas privadas y la Administración pública”. “La renuncia se produce de una manera un tanto irregular. Razones para pensar mal existen”, han enfatizado los representantes abertzales Iñaki Ullibarri y Unai Fernández de Betoño. Se da la circunstancia de que 97 S&F es una de las consultoras implicadas en el cártel de manipulación de licitaciones públicas sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y que los hechos se produjeron días después de que se destapara esta trama. De hecho, quien firma la renuncia es el empresario Leandro Ardanza, del que se recogen decenas de correos electrónicos sobre las irregularidades de las empresas consultoras en el expediente de la CNMC. La compañía recibió una multa de 69.667 euros y el propio Ardanza otra de 55.000, según ha recordado EH Bildu.

La empresa 97 S&F renunció al contrato inicial, además, sin hacer ninguna reclamación y sin cobrar el mes largo de servicios prestados para Álava Agencia de Desarrollo desde que resultase adjudicataria del primer informe, el 29 de abril. Fuentes forales han confirmado este extremo, aunque indican que en realidad los trabajos estaban más bien poco avanzados en esa fecha. Indican estas fuentes que el motivo de que Álava suspendiese un contrato y apostase por otro se debe a que el primero era un “adelanto” del trabajo final pero que, al ver que se podía adelantar el plan estratégico definitivo de Ayala, se optó por unificar todos los trabajos para evitar un “solapamiento”.

La Diputación, en todo caso, asegura que es “falso” que se haya adjudicado el nuevo contrato también a 97 S&F. Lo que existe es una “propuesta” para trabajar con ellos, inciden. “Y los servicios jurídicos están analizando esa propuesta. Se quiere estar seguro de que se puede contratar con ellos”, indican sobre la implicación de esta mercantil y de su apoderado en la trama de la CNMC. En otros foros ya se ha dejado claro que esta sanción no supone una prohibición automática de recibir nuevas adjudicaciones, por lo que todo apunta a que el concurso se resolverá en sentido favorable para esta empresa. “Tenemos que darlo si así lo estiman los servicios jurídicos. Si no, estaríamos prevaricando”, insisten desde el Gobierno foral remarcando que la propuesta se basa en un sistema de puntuación de las diferentes ofertas recibidas en el que resultó la más alta la de 97 S&F.

EH Bildu, en cualquier caso, ha solicitado la comparecencia del diputado general, Ramiro González, en las Juntas Generales de Álava, el Parlamento foral. También ha pedido el acceso al “expediente completo”. Entiende la coalición abertzale, asimismo, que ejemplos como éste muestran la “tendencia a externalizar” de las instituciones vascas, que encomiendan a empresas externas el desarrollo de planes estratégicos. En el caso de la comarca, además, inciden en que se realizan estos encargos antes de que la ponencia creada en el Parlamento Vasco emita su dictamen. Ven chocante, asimismo, que el Gobierno autonómico ceda a la Diputación de Álava la contratación de estos informes cuando la comarca afectada abarca a los cinco municipios alaveses de la zona pero también a cuatro de Bizkaia.