EH Bildu denuncia que se no se haga un informe jurídico sobre el impacto de la Ley Ambiental en la autonomía local

El grupo parlamentario de EH Bildu ha acusado este martes a los partidos del Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, de impedir un informe jurídico que había solicitado la coalición para conocer el impacto en la autonomía municipal de la Ley de Administración Ambiental, que se tramita ahora en la Cámara vasca. En un comunicado recogido por Europa Press, la coalición abertzale ha informado de que nacionalistas y socialistas han votado en contra de la petición en ponencia. Está en el aire la aprobación de una enmienda que daría poderes el Ejecutivo autonómico por encima de las instituciones locales para sacar adelante proyectos de interés general.

“Los servicios jurídicos de la Cámara no estudiarán si desde un punto de vista jurídico y legal cabe que el Gobierno se valga de la tramitación de esa ley para introducir modificaciones que alteran sustancialmente la Ley de Ordenación del Territorio”, ha alertado. El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha insistido en que “es indispensable un informe jurídico al respecto porque Lakua pretende cambiar la Ley de Ordenación del Territorio por la puerta de atrás”.

Otero ha afirmado que, con esta ley, el Gobierno Vasco va a poder “imponer a los ayuntamientos grandes proyectos e infraestructuras, los denominados Proyectos de Interés Público Superior, incluso aunque vayan en contra de la planificación municipal”. En este sentido, ha alertado de que el objetivo último del Ejecutivo es “desactivar la oposición de los ayuntamientos ante determinados proyectos”. “Ante este grave ataque a la autonomía municipal, es obligatorio clarificar si el cambio que pretende introducir el Gobierno en la Ley de Ordenación del Territorio es legal y jurídicamente correcto para garantizar que se respeta la autonomía de los ayuntamientos y evitar un escenario de inseguridad jurídica”, ha insistido. Por ello, cree que “impedir ese informe, como han hecho PNV y PSE-EE, es una absoluta irresponsabilidad porque las consecuencias de esa maniobra las van a pagar los ayuntamientos y, al fin y a la postre, el conjunto de la ciudadanía”.