Euskadi crea una guía para evitar el maltrato económico a personas mayores: “Es responsabilidad de la sociedad”

El maltrato económico o abuso financiero hacia las personas mayores puede manifestarse de formas muy diversas: uso no autorizado de cuentas o tarjetas, presiones para firmar documentos, apropiación de pensiones o ayudas, cambios forzados en poderes o testamentos, o engaños a través de estafas telefónicas o digitales. A menudo no aparece como un robo evidente, sino disfrazado de ayuda, cuidado o gestión “por su bien”, lo que dificulta su identificación y hace aún más importante la prevención. Además del perjuicio económico, este tipo de maltrato puede provocar miedo, vergüenza, aislamiento, deterioro del bienestar y pérdida de autonomía.

Uno de los muchos casos que recientemente ha llegado al Colegio Notarial del País Vasco es el de una mujer con un patrimonio importante y dos hijos que aparentemente llega con una libertad para otorgar un testamento, por lo que llega con un abogado y crean un testamento que favorece solamente a uno de sus hijos. No se trata de una señora con edad muy avanzada, por lo que los notarios no perciben nada que les haga pensar que pueda llegar a haber una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, tiempo después, llega el otro hijo al despacho con un abogado y cuenta que su hermano tiene a su madre en una situación de intimidación. “Se destapó una situación muy delicada porque no podíamos dar por hecho que existiera esa intimidación porque la señora la negaba. Con esto quedó claro que no podemos dar por supuesto que sabemos identificar la vulnerabilidad de una persona mayor”, ha aclarado Carmen Velasco Ramírez, vicedecana del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco y delegada de la Fundación Notarial Aequitas en Euskadi, una de las participantes de la jornada “Maltrato económico y abuso financiero a personas mayores” que ha tenido lugar este viernes en Bilbao.

La jornada, que ha reunido a representantes institucionales y a voces expertas de distintos ámbitos para abordar este fenómeno desde una mirada amplia y coordinada, ha contado con el objetivo de abrir un espacio de reflexión, sensibilización y trabajo compartido en torno a una realidad muchas veces invisible, pero con graves consecuencias para la vida y el bienestar de las personas mayores. “¿Cuántas veces las personas mayores no quieren reconocer que en su familia hay un problema? Sucede también en los casos de discapacidad. Muchas veces hace daño identificar las cosas evidentes. Entonces debemos acompañar a las personas para que puedan verbalizar lo que pasa y, para ello, debemos ponernos a su lado para que vean que somos apoyos. No somos personas ajenas, distantes o difíciles de acceder. Debemos hacernos comprender. Esto puede parecer que no tiene nada que ver con ser notario y, sin embargo, es la base de ser notario”, ha subrayado Velasco Ramírez, sobre la función de los notarios en este tipo de casos.

Según ha explicado, en muchas ocasiones, además de la vulnerabilidad que lleva consigo la edad, también existe una vulnerabilidad que tiene que ver con el contexto y el entorno. “Pensemos en todo lo que supone la digitalización. La brecha digital que se ha abierto para las personas mayores genera un desamparo enorme. Ahora mismo hay muchísimos consentimientos que se prestan por el uso de una app en un teléfono móvil, que para la mayoría de personas mayores es algo absolutamente imposible de comprender”, ha lamentado.

Otro de los puntos de vista aportados durante la jornada ha sido el de Aida Lozano Pascual, fiscal delegada de Civil y coordinadora de la Sección de Discapacidad y Mayores de la Fiscalía Provincial de Álava, quien ha detallado los casos de maltrato que por su gravedad han escalado hasta Fiscalía. “Ninguno de nosotros puede resolver este problema en solitario. Ni la Fiscalía, ni los servicios sociales, ni la autoridad judicial, ni el sistema sanitario, ni los notarios, ni los bancos. Pero juntos sí podemos construir un entorno que haga más difícil que estos abusos puedan llegar a prosperar. La protección de las personas mayores es una responsabilidad compartida. A la Fiscalía llegan sospechas y llegan también abusos consumados. Nosotros somos el último eslabón de una cadena que interviene normalmente cuando los servicios sociales, el ámbito jurídico, el ámbito económico, el ámbito familiar, ha devenido bien insuficiente o bien ineficaz, y se requiere una intervención más intensa, o bien en ocasiones incluso una actuación para poder concretar esa sospecha y decidir si efectivamente hay un abuso o no hay abuso”, ha aclarado.

Sin embargo, Lozano Pascual ha lamentado que “en muchas ocasiones estos procedimientos penales no siguen adelante porque las personas mayores por miedo, vergüenza o por no querer dañar a ningún familiar no quieren continuar con el proceso” dejan a los fiscales “huérfanos de prueba para acreditar que ese abuso económico realmente era constitutivo de delito”.

Para evitar que esto ocurra, desde el departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco han presentado este viernes una 'Guía de prevención, detección e intervención ante situaciones de maltrato económico y abuso financiero a personas mayores', que se distribuirá entre asociaciones de personas mayores, servicios sociales y entidades bancarias que así lo deseen, y además estará disponible en la página web del Departamento, para facilitar su consulta y difusión. “Con esta iniciativa, el Departamento refuerza su compromiso con la protección de los derechos de las personas mayores y con la promoción de una cultura de respeto, buen trato y autonomía en todos los ámbitos de la vida”, detallan desde el Ejecutivo.

El contenido de la guía parte de una idea fundamental: necesitar apoyo “no significa perder la capacidad de decidir”. Por eso, subraya la importancia de ofrecer acompañamiento respetando siempre la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona mayor, así como de no normalizar conductas de control o desposesión que pueden quedar ocultas en el entorno familiar, social o relacional. También insiste en la necesidad de actuar de forma temprana, guardar información útil, buscar apoyo profesional y activar, cuando sea necesario, la colaboración de servicios sociales, entidades bancarias, asesoramiento jurídico o fuerzas policiales