Cuando la ayuda de las instituciones no llega a tiempo para evitar que una mujer y su hijo se queden sin casa

Protesta de Stop Desahucios en Vitoria

Bajo una lluvia de justicia, la comitiva judicial confirmaba este martes a las 13.00 horas que Bouchra, una mujer marroquí víctima de la violencia de género, y su hijo de apenas 7 años no podrían regresar al que ha sido su hogar y refugio en el último lustro, un piso de alquiler en el Casco Viejo de Vitoria. Unos minutos después, frente a los servicios sociales municipales, miembros de Stop Desahucios y algunos cargos públicos de formaciones de izquierdas denunciaban un nuevo atropello al derecho a la vivienda digna. De momento, esta próxima noche, posiblemente una de las más frías del año, madre e hijo pernoctarán en un albergue municipal hasta que les den las llaves de una prometida vivienda protegida de alquiler.

Arturo Val del Olmo, su ángel de la guarda en Stop Desahucios, puntualiza que el problema no es tanto el desahucio como la lentitud del Ayuntamiento y de Etxebide, el servicio de vivienda del Gobierno vasco, en plantear una "alternativa habitacional" para la pareja "antes" de que se haya consumado el abandono de su vivienda anterior. "La propietaria les alquiló su vivienda durante cinco años y ha decidido no prorrogarlo. Ahí no entramos ni salimos. Es secundario, es irrelevante [...]. Pero cuando hay un desahucio de una persona vulnerable, y en este caso está clarísimo, tiene que haber una alternativa habitacional previa al desahucio. Aquí la han desalojado y no había constancia de la alternativa. Etxebide y el Ayuntamiento no reaccionan hasta que hay una denuncia social y no puede ser. Las instituciones tienen que tener un alma que en este caso no hemos encontrado", apunta en medio del aguacero que ha acompañado la concentración de Stop Desahucios en el cruces entre las calles de San Antonio y San Prudencio.

A Bouchra se le han acumulado los problemas. Su expareja, que la maltratraba, no le abona los 200 euros de pensión. No sólo eso, sino que ha tenido que lograr un certificado judicial esgrimiendo que no los percibe para que no le retiren las ayudas sociales, de unos 1.000 mensuales sumada la renta de garantía de ingresos con sus complementos y la prestación de vivienda. Desde que conoció el final de su contrato de alquiler, sin dinero ahorrado ni nómina, no ha podido buscar una alternativa asequible en el mercado libre. Y los plazos se le han echado encima y se ha visto sin casa en pleno invierno.

Val del Olmo explica que esta semana Etxebide les ha confirmado la posibilidad de acceder a una vivienda en alquiler de su parque público por sus especiales circunstancias de "vulnerabilidad". Sin embargo, esa casa no está disponible ahora mismo y en Stop Desahucios no conocen el plazo aproximado en que se resolverá el entuerto. Entretanto, la única salida es un albergue más pensado para transeúntes que para una familia con menores. Y todo cuando, según cuenta Val del Olmo, "hay 480 viviendas vacías" en la ciudad. "Especulación" es una palabra que repite con frecuencia en su análisis de la situación.

El portavoz de Stop Desahucios ha subrayado que el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, prometió en 2015 una ciudad sin desahucios o, cuando fueron inevitables, con alternativas sin retrasos. La plataforma entiende que no se ha cumplido esa promesa. Y piden medidas urgentes para que sea efectiva: "Tenemos otra familia que tiene orden de desahucio para febrero. Hay una realidad soterrada, invisible".

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