CC OO lleva a los tribunales las condiciones laborales de los profesores de la concertada
El futuro de las condiciones laborales de los 8.000 profesores de la red concertada vasca de los Centros de Intervención Social (colegios religiosos), afectada por el decaimiento del convenio como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral, se dilucidará en los tribunales. El sindicato Comisiones Obreras presentó el pasado lunes una demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para hacer valer las condiciones laborales de esos docentes. La central sindical quiere, con esta demanda, evitar que decaiga el último convenio firmado con la patronal del sector, Kristau Eskola, y mantener así las condiciones laborales que en él se recogen en materia de salarios, jornadas y otro tipo de ventajas atesoradas a lo largo de los últimos años de negociación colectiva. La demanda no afecta al resto de profesores de la red concertada, agrupados en torno a las ikastolas, que mantienen abierta la negociación.
La demanda de conflicto colectivo se ha presentado ante el alto tribunal vasco y no ante el juzgado de lo social porque el convenio colectivo afecta a toda la comunidad autónoma. CC OO invoca en el texto un artículo del último convenio firmado con la patronal, vigente hasta 2009, en el que se recoge que el citado acuerdo y las condiciones recogidas en él se prorrogarán hasta la firma del nuevo convenio entre las partes. Los servicios jurídicos de Comisiones y los responsables de Educación del sindicato entienden que lo firmado supone de hecho “el reconocimiento de la ultraactividad indefinida”. Por contra, la patronal, durante la negociación del convenio, propuso “un calendario acelerado de negociación con unas condiciones que no mejoraban en nada las vigentes, más bien las empeoraban, un arbitraje obligatorio si no había acuerdo y la extensión de la negociación hasta el 31 de diciembre”, apuntan desde CC OO.
Todos los sindicatos del sector (ELA, CC OO, UGT, LAB y STEE-EILAS) rechazaron la propuesta de convenio y anunciaron tanto movilizaciones en septiembre, como demandas ante los tribunales. “La patronal, unilateralmente, se levantó de la mesa. Nosotros tenemos voluntad de acuerdo, en la negociación colectiva, pero tenemos que defender lo conseguido durante estos años. Por eso hemos presentado la demanda”, explican desde la central demandante.
Ahora, serán los magistrados de la Sala de lo Social del alto tribunal vasco, presidida por la magistrada Garbiñe Biurrun, los que tendrán que dilucidar ambas posturas antagónicas: si los trabajadores mantienen sus condiciones laborales después del 7-J, como defienden las centrales, o si la patronal puede aplicar las condiciones laborales del convenio estatal a sus trabajadores al decaer el último convenio.
12.000 euros anuales de rebaja
La aplicación del convenio estatal, si la patronal del sector denuncia el convenio, aunque públicamente ha asegurado que no lo iba a aplicar, va a suponer que alrededor de 8.000 docentes de la red concertada vasca podrían perder en torno a 12.000 euros brutos al año. Se trata de los docentes que dan clase en los colegios religiosos, agrupados en torno a la patronal Kristau Eskola. Kristau Eskola constituye el 50% de la red concertada del sistema educativo vasco. Suma un total de 7.500 trabajadores y atiende a unos 100.000 alumnos, lo que representa el 27% del total del alumnado del sistema. Oficialmente, la patronal aseguró en una nota el pasado 12 de julio que “no quiere aprovechar la situación (surgida tras la pérdida de vigencia del Convenio Colectivo de Centros de Enseñanza de Iniciativa Social en Euskadi) para aplicar las condiciones del convenio estatal”, firmado el 19 de junio en Madrid.
El sueldo de los docentes que imparten en las etapas obligatorias es financiado al 100% por el Gobierno vasco, mientras que el del resto del profesorado corre a cargo de cada centro. Será ese grupo de docentes el que se vea afectado. La patronal ha denunciado la insuficiencia de los fondos aportados por el Gobierno para mantener la situación actual y ha asegurado que sigue trabajando “a nivel político ante las instituciones para mejorar una financiación insuficiente”.
