“La Ley de Emergencia Social no es un golpe de efecto; es justicia”

Para Pilar Garrido, integrante del equipo de redacción de la conocida como Ley 25 de Emergencia Social, la situación por la que atraviesa España es de la suficiente gravedad como para que la sociedad no entienda que los políticos se enreden en la discusión de plazos o esperas. Podemos registró el mismo día de la constitución del Congreso una proposición de Ley de Emergencia Social, una propuesta inspirada en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos y que pretende su pleno cumplimiento para que todo el mundo tenga derecho a un nivel de vida adecuado. Esta proposición de ley de Primera Respuesta a la Emergencia Social, pretende “devolver” la dignidad a “las miles de familias que sufren la exclusión social en España”, con medidas como la prohibición de los desahucios en caso de que no haya una alternativa de vivienda parav la familia; de los copagos farmacéuticos y de los cortes de luz, gas y agua a las familias que no pueden hacer frente a los recibos para evitar la pobreza energética. Garrido enfatiza que Podemos no ha pretendido dar un golpe de efecto en medio de las idas y venidas de los partidos en torno a la formación de Gobierno, sino que “simplemente” se trata de una cuestión de justicia social.

¿Qué buscan con su Ley de Emergencia Social?

La crisis ha pegado muy fuerte y hay un grupo de personas que han quedado en unas condiciones de vulnerabilidad extrema. Es urgente que desde los poderes públicos y las instituciones pongamos encima de la mesa propuestas que intenten paliar la situación. El deber de un gobierno es ayudar a los ciudadanos que lo pasan mal.

La presentación de su proposición se produce en medio de la negociación para formar gobierno. ¿Hasta qué punto su propuesta no es un golpe de efecto?

No se trata de ningún golpe de efecto, sino de una cuestión de justicia social.

¿Qué presupuesto tiene?

En principio no cuesta dinero porque las reformas que se van a realizar no cuentan con presupuesto. Se trata de reformar normas. En cualquier caso, con un coste muy bajo se podría hacer frente a la mayoría de las medidas. Dentro de un tiempo sí será el momento de la disputa presupuestaria y de poner encima de la mesa dinero.

Una de las medidas originales de su proposición era garantizar una renta. ¿Por qué la han retirado?

El Plan 25 tiene un abanico de medidas muy amplias que deben ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero la Ley de Emergencia Social lo que hace es escoger aquellas medidas que abren el camino al desarrollo de ese Plan. Se pondrá encima de la mesa en un futuro próximo.

Comparada la actual sociedad con la de hace 15 años resulta que es bastante más pobre y la recuperación va a tardar…

Estamos volviendo hacia atrás, hacia unos niveles de desigualdad que nos retrotraen a los años 50 y 60, cuando el Estado del Bienestar no se había empezado a construir.

Precisamente, la crisis ha dañado la columna vertebral de la sociedad al impactar directamente contra el Estado del Bienestar. ¿La Ley de Emergencia Social trata de reparar ese daño?

Va a intentar echar una mano a los colectivos más débiles, pero en cierto sentido lo que hace es mostrar el camino hacia otra serie de propuestas dirigidas a elevar el nivel de vida. Hemos abierto una puerta, pero queda un recorrido largo a trabajar en el Parlamento.

Lo que plantea Podemos en su propuesta parecen cuestiones de sentido común, como evitar un desahucio si no hay alternativa de vivienda.

Pues parece que estamos planteando algo muy arriesgado y novedoso. Pero si miramos los tratados internacionales que regulan esta materia y que están firmados por el Estado español se puede ver que no se permiten los desahucios sin alternativa habitacional. Para que un desahucio esté conforme con nuestro ordenamiento jurídico, fundamentado en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España, debe existir una alternativa. En caso contrario, los jueces deberían prohibirlo. Las medidas propuestas en la Ley 25 están recogidas a nivel internacional.

Con un nivel de paro tan alto y sin expectativas de futuro a corto y medio plazo para una gran parte de la juventud, ¿por qué no termina de explotar todo de una manera más radical?

Pues porque existen mecanismos de solidaridad, como los relacionados con los vínculos familiares, la existencia de ONGs que llegan donde las instituciones no lo hacen. Por eso no ha explotado la situación de una manera mucho más grave. No es comprensible que la sociedad no salga a la calle de una manera más rotunda para exigir a las instituciones que se ponga algún tipo de remedio.

Esta Ley 25, ¿debe ser un punto de partida para que PSOE y Podemos se entiendan e incluso puedan gobernar juntos?

Sí. Tenemos una serie de elementos comunes en el ámbito social y en una situación tan grave como la actual lo normal es ponernos de acuerdo para recomponer todo lo que se ha destruido y establecer un Gobierno de cambio que devuelva la dignidad a los ciudadanos españoles. Ahí hay un lugar común donde los dos partidos y algún otro nos vamos a encontrar cómodos.

¿Y sería posible pactar este tipo de ley pero sin Podemos en el Gobierno?

Las opciones pueden ser diversas. Lo que Podemos no va a dar es un cheque en blanco. Ya sabemos que algunos partidos tienden a prometer muchas cosas, pero después se olvidan de desarrollarlas. Queremos estar ahí y forzar a que esas políticas se pongan en marcha. La mejor manera es formar parte del Gobierno. Algunos se olvidan de que no se trata de un reparto de sillones, sino de que el interés de Podemos es exigir y controlar que las medidas que se prometen se van a ejecutar.

La desconfianza hacia la clase política es algo que se ha instalado en la sociedad.

Esa desconfianza está totalmente justificada porque los últimos años los partidos han dado muchas muestras de no estar a la altura de los problemas que hay que resolver. La construcción de la Ley 25 no se hace solo con parlamentarios, sino que ha habido una relación con la sociedad civil que avala ese trabajo. No ponemos una Ley fruto del trabajo de unos expertos que se encierran en un despacho para elaborarla, sino que es obra de muchas organizaciones.