Un juez obliga a la Ertzaintza a pagar a un funcionario la renovación del carné de barco
Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao ha dictaminado en una sentencia contra la que no cabe recurso que la Administración, en este caso la Ertzaintza, está obligada a abonar a un funcionario los costes de renovación de un permiso necesario para el desempeño de sus funciones policiales. El sindicato Erne interpreta que este caso abre la puerta a que todos los empleados públicos reclamen una compensación por la expedición y renovación de permisos, incluyendo el carné de conducir B, el permiso ordinario que ahora es válido también para manejar un coche-patrulla.
El caso en cuestión, sustanciado con una resolución judicial del pasado 20 de abril, afecta a un agente de la Unidad de Vigilancia y Rescate que entendía que la Administración tenía que pagar en su nombre los 57,55 euros correspondientes a su nueva licencia como piloto de embarcaciones. El convenio colectivo de la Ertzaintza nada recogía al respecto, pero el ertzaina alegó que sí se prevé indemnizar a los funcionarios cuando se trata de otro tipo de licencias como el BTP o el C1 de automóviles.
El juez Alfonso Álvarez-Buylla asegura que las normativas hay que aplicarlas de manera garantista y que si se contempla una “indemnización” por razón de servicio para quienes renueven un BTP o un C1, incluso para cubrir el gasto de las fotografías, no se puede discriminar a quien precise un carné de barco. “Existe una evidente identidad”, argumenta el magistrado.
Según el sindicato Erne, la sentencia marca claramente que la Ertzaintza ha de “asumir todos los gastos que supongan a cualquier miembro del cuerpo la renovación de cualquier carnet”. En este sentido, interpreta que “por fin” se abre la puerta a que la Administración corra también con los gastos que acarrea el mantenimiento del permiso B de conducir, el ordinario. La central recuerda que España eliminó el título específico para servicios de emergencias (BTP) y que ahora la licencia requerida para un coche-patrulla es la misma que la necesaria para un turismo particular (B), por lo que entiende que en aplicación del convenio y de esta sentencia no tendría que haber problemas para que la Ertzaintza abone esa compensación, incluso otras instituciones públicas.
