Larrañaga niega irregularidades: “La responsabilidad de los contratos de Juventud era del director”

El que fuera viceconsejero de Cultura entre 2003 y 2009, Gurutz Larrañaga, ha sido el primero de los acusados en el 'caso De Miguel' en someterse a un interrogatorio de la Fiscalía y de todas las partes sin que, como en el caso excepcional del constructor Prudencio Hierro, mediase un acuerdo con el ministerio público para rebajar su condena. “Lo hago primero porque no tengo nada que ocultar y segundo por mi deber de cargo público. Lo considero un deber”, ha asegurado Larrañaga nada más sentarse en el estrado, recogiendo el guante de las palabras expresadas el martes por el presidente del tribunal, Jaime Tapia. El exalto cargo, que estampó su firma en la veintena de adjudicaciones que beneficiaron a las empresas de la órbita de Alfredo de Miguel Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga y que no consta en su mayoría que se realizaran, ha insistido en que su responsabilidad se limitó a la “autorización del gasto” ya que la elección de las empresas, la adjudicación y el control y seguimiento de la ejecución de los trabajos contratados era competencia “directa y exclusiva” del director de Juventud, el también imputado Xabier Sánchez Robles.

“Las firmas que aparecen en toda la documentación son firmas que dan inicio. No firmo el pago, sólo la autorización. Mi firma ya no aparece en todo el proceso de ejecución”, ha explicado Larrañaga, que ha señalado claramente a su subordinado: “La responsabilidad de seguimiento, de ejecución de los contratos, era de las distintas direcciones”. En su área de Cultura eran cuatro, una de ellas la de Juventud. Las irregularidades investigadas se limitan a ésta, dirigida por Sánchez Robles, amigo de De Miguel y de Iñaki San Juan, administrador de Errexal y Ortzi Muga, a quienes Larrañaga ha dicho desconocer totalmente.

Según ha indicado Larrañaga, él fue nombrado en 2003, mediada una legislatura, y Sánchez Robles ya estaba nombrado. También ha indicado que el sistema de contratos menores, los que se hacen de manera directa, sin concurso, no se modificó en su época y que antes, durante y después de su etapa en Lakua el viceconsejero sólo manejaba un “simple folio” de “autorización”. “Era casi imposible hacer el seguimiento pormenorizado de todos los contratos menores”, ha enfatizado quien también fuera edil durante una legislatura en Bergara y tres en Donostia.

Larrañaga, ya jubilado y alejado de la política, está acusado por no haber supervisado a Sánchez Robles. A su juicio, atribuirle esa labor de control es una “interpretación extensiva” de sus competencias de “coordinación”. Tirando por elevación, ha ironizado, también serían corresponsables, “la consejera [Miren Azkarate], el lehendakari [Juan José Ibarretxe] y el jefe del Estado [Juan Carlos I]”.

A preguntas del fiscal Josu Izaguirre, ha indicado que actuó de esta manera en la “confianza” en su equipo y que esa misma “confianza” le hace pensar que los trabajos de Errexal, Ortzi Muga y Kataia Consulting se realizaron, si bien ha concedido que no parece razonable que una mercantil como Ortzi Muga, sin personal más allá de sus socios y apenas actividad, obtuviera contratos. Igualmente, ha considerado anómalo que Sánchez Robles encargara a estas empresas informes sobre temas que ya habían sido analizados en amplios documentos colgados en la 'web' del Observatorio Vasco de la Juventud, en la que, por el contrario, no consta ninguno de los trabajos investigados en el 'caso De Miguel'.

Izaguirre también ha sacado a colación las pruebas presentadas por la defensa de Sánchez Robles, carátulas “selladas” de los informes encargados y que el Gobierno vasco ha asegurado que no constan en los archivos. Se trata de pruebas con apariencia de falsedad porque los sellos no tienen número de registro y porque no figuran en un informe entregado en fechas recientes del propio Ejecutivo. Asimismo, otros de los supuestos informes presentados tienen amplias partes plagiadas de otros trabajos. Larrañaga ha indicado sobre uno de estos sellos que no tiene “medios para certificar o para determinar si ese documento es realmente un documento real” y ha añadido que “respeta” el derecho de la defensa de su excolaborador de presentar las pruebas que estime, aunque su abogado, Miguel Alonso Belza, nunca las ha esgrimido para reclamar su absolución.

Javier Beramendi, el defensor de Sánchez Robles, ha tomado la palabra para que Larrañaga dejara constancia de que ni el Tribunal de Cuentas ni la Oficina de Control Económico pusieron objeciones a la política de contratación en Juventud. Sin aludir a los polémicos documentos sellados, ha logrado que, a pesar de señalar a su subordinado como responsable de las contrataciones, no criticara expresamente su gestión o extendiera sospechas de irregularidades.

Beramendi: ¿Tuvo la mínima sospecha de que en Juventud hubiera disfunciones?

Larrañaga: Ninguna.

Beramendi: ¿Tuvo alguna leve sospecha de que Sánchez Robles actuara de forma oculta?

Larrañaga: No.

A preguntas de su letrado Alonso Belza, Larrañaga ha querido cerrar con una frase ya habitual en el juicio del 'caso De Miguel': que no cobró comisiones de ninguna clase. “Nunca he recibido ninguna ventaja por el ejercicio de mi cargo público en 22 años”, ha solemnizado. El Gobierno vasco, que aspira a recuperar el dinero de las adjudicaciones presuntamente irregulares, no ha formulado ninguna pregunta al acusado al darse por “satisfecho” con la intervención de Izaguirre.