El Gobierno vasco, con un 55,8% de interinidad, vuelve a plantear la creación de turnos especiales para temporales sin plaza y más de ocho años de antigüedad

La tasa de interinidad alcanza el 55,8% de los empleados públicos de la Administración general en Euskadi, es decir, del personal de la sede central de Lakua sin contar Osakidetza, Educación y Ertzaintza. Un sindicato de interinos venció en las elecciones del pasado año. Así las cosas, tras el intento fallido de la pasada legislatura, el Gobierno vasco ha retomado el proyecto de ley que prevé que se podrán habilitar turnos especiales de acceso en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) para los trabajadores interinos que acrediten un mínimo de ocho años de antigüedad en puestos correspondientes a las plazas convocadas, quienes se evitarán la parte teórica de las pruebas y sólo deberán hacer a un examen práctico. Este procedimiento especial estará limitado a ámbitos de la Administración con más de un 40% de interinos en la plantilla.

Se trata del proyecto de Ley de Cuerpos y Escalas aprobado este martes por el Gobierno de Iñigo Urkullu y presentado por la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi. Es un texto que ya fue tramitado en la fase final de la legislatura anterior, pero que no llegó a ser aprobado por la convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas. El proyecto pretende actualizar la estructura del personal de la Administración general de Euskadi y sus organismos autónomos. La ley permitirá reordenar las funciones y titulaciones para cada puesto de trabajo y simplificará el número de grupos y subgrupos profesionales de la Administración. Asimismo, el texto flexibilizará los procesos para actualizar y modificar los requisitos de cada puesto en función de los cambios que se produzcan en las titulaciones profesionales, informa Europa Press.

Respecto a la consolidación de los interinos, Garamendi ha afirmado que la norma ofrecerá la cobertura necesaria para afrontar este proceso “con garantía jurídica y respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en la Función Pública”. Garamendi ha asegurado que la “viabilidad” jurídica de esta fórmula no se verá afectada por la inexistencia de una normativa estatal que recoja esta posibilidad. El PNV intentó introducir este aspecto mediante una enmienda a los presupuestos generales del Estado, por no ha sido aceptada por el Gobierno central.