El infierno en tierras colombianas: una misión internacional denuncia torturas sexuales, homicidios y desapariciones

Violencia y torturas sexuales a mujeres, homicidios selectivos o desapariciones forzadas son algunas de las vulneraciones de derechos humanos que han constatado los 41 comisionados de 13 países que han participado en la Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia.

Entre los días 2 y 12 de julio, miembros de ONG, juristas, miembros de la Iglesia y periodistas vinculados con temas relacionados con los derechos humanos de Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Alemania, Gran Bretaña, México, Ecuador, Chile, Bélgica, Guatemala y Ciudad del Vaticano viajaron por distintos puntos de Colombia para comprobar, de primera mano, el horror que viven sus ciudadanos desde las protestas, que comenzaron el 28 de abril contra la ya extinta reforma tributaria, pero continuaron con un sinfín de reclamos como acabar con la violencia policial, los asesinatos machistas o de líderes sociales, la pobreza y la necesidad de una renta mínima.

En Colombia no se respeta el derecho a la vida ni a la protesta, la vulneración de derechos es sistemática

“Hemos visitado 12 regiones de Colombia para observar y verificar las vulneraciones de derechos humanos que se están cometiendo allí. En Colombia no se respeta el derecho a la vida ni a la protesta. La vulneración de derechos es sistemática. En ese país al igual que en cualquier otro la población tiene todo el derecho del mundo a protestar y eso en Colombia está reprimido”, asegura a elDiario.es/Euskadi Lorea Undagoitia, miembro de la organización Mugarik Gabe que ha participado en la misión, también nombrada como SOS Colombia.

Durante la visita han realizado encuentros individuales y grupales con pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, movimientos campesinos, mujeres, juventud (escolarizada y no escolarizada), población LGBTIQA+, organizaciones sindicales y defensores de los derechos humanos, entre otros.

Tras la misión, sus integrantes han realizado un informe preliminar en el que detallan que según la ONU se presentaron más de 400 asesinatos de defensoras y defensores de Derechos Humanos en Colombia entre enero de 2016 y diciembre de 2020, aproximadamente 120 asesinatos en 2020 y, al menos, 71 asesinatos en lo que va de 2021, incluidos 49 entre el 27 de marzo y el 25 de junio de 2021. Además, ellos mismos han logrado documentar 180 denuncias directas de agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación a los DD.HH desde que inició el Paro Nacional el pasado 28 de abril, aun así, el informe alerta de que “se debe advertir que existe un alto número de casos que no pudieron ser recogidos por la estrechez del tiempo y el terror a las consecuencias de testificar”. 

“En todas las regiones hay amenazas y hay asesinatos selectivos, siguen a jóvenes que protestan y los asesinan. También hay casos de tortura, como uno que hemos conocido de primera mano, el de una mujer activista que está ejerciendo su derecho, pero que ha sufrido torturas sexuales. Es cierto que ella es activista y la torturaron por serlo, no por estar tranquilamente paseando, aunque eso también pasa”, señala Undagoitia.

Sobre las hipótesis de presuntos actores responsables el informe los divide en tres grupos: Fuerza pública (Policía Nacional, ESMAD, Fuerzas Militares, Ministerio de Defensa, Presidencia de la República), grupos armados ilegales “que en algunos casos actúan en connivencia con la fuerza pública” y personas civiles armadas “que actúan en connivencia con la fuerza pública”. “Dentro de los patrones de vulneración de derechos humanos que se han presentado, se pueden identificar los siguientes: homicidios selectivos; lesiones personales; tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes; lesiones oculares; agresiones con armas de fuego; violencias basadas en género; violencia y tortura sexual; detenciones arbitrarias e ilegales; judicializaciones arbitrarias, desapariciones forzadas y estigmatizaciones, señalamientos y persecuciones”, apunta el documento.

71 personas han sido asesinadas en Colombia en lo que va de 2021, 49 de ellas entre el 27 de marzo y el 25 de junio

El informe también se hace eco de los antecedentes que ha podido provocar esta situación. “Las movilizaciones que iniciaron el 28 de abril de 2021, se remontan a una crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. Aunado a ello, la precarización social se agudizó durante la pandemia de la COVID-19, tiempo en el que el gobierno no garantizó la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía como el acceso a la alimentación, a la salud, a una vivienda digna y una renta básica. Además, la violencia contra los firmantes de la paz y los defensores y defensoras de Derechos Humanos en Colombia ha aumentado significativamente desde la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016”.

El objetivo de la misión también es constatar y dar a conocer la situación en la que se encuentran en regiones más allá de ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, donde las cargas policiales durante las protestas han saltado a la prensa internacional. Estas regiones son Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Santander y el Eje Cafetero, donde, según destaca el documento, “se ha identificado el fenómeno del paramilitarismo urbano y rural y/o de civiles armados y algunos de estos grupos atacan con armas de fuego de largo y corto alcance a las y los manifestantes”.

“Este informe es algo preliminar, estamos recogiendo y recabando información para poder presentarlo como denuncia formal tanto al Gobierno Colombiano como en mociones en el Parlamento Europeo. Queremos ver hasta dónde podemos llegar y que esta sea una herramienta para que las vulneraciones de derechos humanos cesen en ese país y en todos los que situaciones como estas estén ocurriendo, que países de la Unión Europea o Estados Unidos miren qué tipo de acuerdos económicos tienen con estos países, que presionen al Gobierno Colombiano para que cambie de actitud y garantice que se salvaguardan los derechos humanos y sobre todo, que se paralice la venta de armas”, concluye Undagoitia, que dentro de Mugarik Gabe también apoyan a defensores de los derechos humanos en países como El Salvador, Nicaragua, Guatemala o Bolivia.