Osakidetza reclama 202 millones de euros a cuatro proveedoras de material sanitario por un “cártel” entre 1997 y 2014

El Gobierno vasco reclamará en los tribunales a cuatro empresas proveedoras de Osakidetza 202 millones de euros por haber conformado un “cártel” para repartirse adjudicaciones de suministros sanitarios entre 1997 y 2014, según ha informado la consejera-portavoz, María Ubarretxena. Las mercantiles son Laboratorios Hartmann, Paul Hartmann, Essity y Laboratorios Indas. Gestionaban productos absorbentes contra la incontinencia urinaria de personas adultas.

Según se ha explicado el Ejecutivo en rueda de prensa, los hechos están constatados por sucesivas investigaciones y existe desde 2023 una sentencia “firme” emitida por el Tribunal Supremo que acredita las irregularidades, que se prolongaron durante casi dos décadas. Desde entonces, Osakidetza se ha dirigido a las empresas para reclamarles las cantidades en que se ha cuantificado el quebranto económico y los intereses pero o no han contestado o se han negado a alcanzar un acuerdo extrajudicial. Ahora se buscará recuperar esas cuantías.

El Gobierno recalca que las cuatro suministradoras cometieron “prácticas restrictivas de la competencia”, es decir, que se concertaron para pactar los precios de los materiales que enviaban a la Administración, de modo que se incrementó la factura en una suma millonaria. Hubo “sobreprecio” en las adquisiciones, insiste el Ejecutivo, que entiende que las irregularidades están perfectamente acreditadas ya después de la finalización de todo el procedimiento.

En 2016, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ya se manifestó en este sentido. Otras comunidades autónomas también han decidido presentar una reclamación, que ronda los 2.000 millones de euros en total. El caso se conoció porque una de las empresas implicadas lo denunció acogiéndose a un programa de clemencia para ver minorada su responsabilidad.

No es algo nuevo que se detecten cárteles. En Euskadi, por ejemplo, se destapó que las principales empresas de catering se habían concertado para manipular la contrata de comedores de los colegios públicos también durante lustros. En aquel caso, sin embargo, la Administración no solamente no actuó por esta vía para reclamar daños y perjuicios sino que ha seguido adjudicando contratos a estas firmas, tan conocidas como Ausolan (del grupo cooperativo Mondragon) o Eurest, entre otras. Osakidetza, por ejemplo, mantiene contratos con ellas, como recogió este periódico hace pocas semanas. Una comisión de investigación en el Parlamento Vasco fijó en 80 millones aquel quebranto económico.