Cómo trabaja el equipo de registradores que ha lanzado 100.000 alertas por blanqueo en cuatro años

José Miguel Tabares, vicedecano del Colegio de Registradores de España, viajó la pasada semana a la Universidad de Harvard (Massachusetts, Estados Unidos) para presentar en un foro internacional sobre “derecho transatlántico” el órgano existente en España contra el blanqueo de capitales, un modelo todavía poco extendido en otros países. Es conocido por sus siglas CRAB (Centro Registral Antiblanqueo) y está detrás de algunas grandes tramas destapadas luego por las fuerzas de seguridad.

Entre 2018 y 2021 activó 108.027 “alarmas” o avisos de posibles indicios delictivos en operaciones registrales tanto mercantiles –constitución de sociedades o nombramientos de apoderados– como de la propiedad –compraventas de inmuebles– y ahora están muy centrados en controlar que no hagan movimientos económicos las 1.200 personas sancionadas por colaborar con Rusia en un contexto de guerra en Ucrania.

Explica Tabares que la idea del CRAB, como tal, nació en 2004 aunque fue precisamente cuando Vladímir Putin se anexionó Crimea, en 2014, cuando se activa verdaderamente para facilitar el “bloqueo” de los bienes de las personas con sanciones internacionales. De lo que se trata es de “coordinar” las actuaciones de todos los registros para que cuando “descubren una operación que es sospechosa” se active inmediatamente un mecanismo para recopilar todos los datos y enviarlos a la Policía Nacional, a la Guardia Civil o a otros cuerpos.

No hay sumario de corrupción sin notas simples de la propiedad o sin un análisis de la vida societaria de las empresas y en no pocos procesos aparecen movimientos que encubren un delito, como mercantiles pantalla, testaferros o viviendas que se adquieren aparentemente con un préstamo pero que están totalmente pagados al cabo de muy poco tiempo.

Operaciones “sin justificación”

En general, cualquier operación que “económicamente no tenga una justificación por sí misma” es el “ejemplo típico” de un posible blanqueo de capitales y es lo que revisa el CRAB, según su responsable.

La memoria del CRAB arroja que en 2018 se llevaron a cabo 22.594 actuaciones, que en 2019 subieron a 31.798 y que en los dos primeros años de la pandemia han descendido a 24.951 y 28.684, coincidiendo con períodos de parón de todas las actividades. Con todo, los registradores destacan que ya en 2021 se aprecia una recuperación de los movimientos investigados.

En el último año completo, de los 28.684 casos 9.900 eran relativos a propiedades y 18.770 de índole mercantil. Los otros 14 guardaban relación con bienes muebles. Matiza Tabares que una sola sospecha puede generar una revisión de un número amplio de personas, por ejemplo cuando se trata de una banda organizada.

Andalucía, en cabeza

Por comunidades, en materia de la propiedad Andalucía encabeza la lista con más de 3.000 alarmas. Le siguen la Comunidad Valenciana, Madrid y Catalunya. Euskadi y Navarra son las que menos movimiento generan, con apenas una treintena de casos. Por el contrario, en lo tocante a los registros mercantiles, Madrid y Catalunya lideran la lista. Aglutinan el 56,74% de los avisos por el 26,05% en los registros de la propiedad. Canarias es la tercera y después aparece ya Andalucía. Navarra continúa a la cola aquí ahora acompañada de Cantabria.

“Nuestra labor termina poniéndoles los datos a los cuerpos de Policía y al SEPBLAC [Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias]. Casos concretos no podemos dar, pero sí ha habido algunos que luego han salido en prensa de manera muy importante”, responde Tabares preguntado por sus actuaciones más significativas. Pese al halo de discreción que quiere dar al trabajo del CRAB, la Policía Nacional ha premiado la colaboración del organismo recientemente.