Vox ejerce de “caballo de Troya” y quiere tumbar en el Constitucional con 1 de 75 escaños la ley antipandemia y el decreto del euskera

Macarena Olona, este lunes en Vitoria

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, que ejerció como abogada del Estado en Euskadi en una etapa anterior, ha anunciado este lunes en Vitoria que su formación presentará "en breve" un recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca antipandemia que "impone un auténtico estado dictatorial" en el Euskadi. Según la ultraderecha, toca evitar que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "se convierta en un auténtico virrey en un reino de taifas". Por otro lado, la formación recurrió también un decreto sobre el uso del euskera del Ejecutivo autonómico que ha motivado que la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presidida por el magistrado Luis Garrido y en la que están los jueces José Antonio González y Trinidad Cuesta, abra un plazo ante la posibilidad de elevar una cuestión de inconstitucionalidad.

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En una rueda de prensa celebrada en la capital vasca, Olona ha informado sobre el recurso que su partido presentará ante el Tribunal Constitucional contra una norma aprobada el pasado 24 de junio en el Parlamento Vasco. Sin esperar al dictamen, Olona ha afirmado que esta nueva norma es "inconstitucional". "Damos un paso al frente para defender a los ciudadanos y lograr que reine el principio de igualdad entre los españoles, con independencia del lugar donde se resida", ha insistido, según recoge Europa Press.

Según la portavoz de Vox, que tiene 1 de 75 escaños en la Cámara autonómica, la ley vasca antipandemia "impone en el territorio un auténtico estado dictatorial", ya que en su articulado "impone una vacunación obligatoria a los ciudadanos vascos, así como el sometimiento obligatorio de pruebas PCR o cribados", con "grave consecuencia para los ciudadanos vascos que denieguen su consentimiento", porque "existe prohibición de trabajar o realizar actividades para la que se exija una prueba o vacunación". "Es un flagrante atentado a los derechos fundamentales que todos los españoles tenemos a la integridad física, a la libertad y a la intimidad personal", ha señalado. No obstante, tal obligación a vacunarse, por ejemplo, no consta para nada en la norma, salvo para profesiones muy concretas de máximo riesgo. De hecho, hay miles de personas que no están acudiendo a sus citas con Osakidetza.

Para Olona, esta ley vasca ya "impone" lo que podría contemplar la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, sobre "incautaciones temporales de bienes, al igual que la obligación para la ciudadanía de realizar prestaciones personales obligatorias". "Ese estado dictatorial, el cambio de régimen que se está vaticinando a nivel nacional, ya se ha impuesto en el País Vasco con la ley 2/2021 cuyos artículos 10 y 11 contemplan las mismas posibilidades de incautación de recursos privados prestaciones personales", ha insistido. En este sentido, ha detallado que en los artículos 42 y 43 se sanciona el incumplimiento de estas obligaciones con la imposición de sanciones de hasta 60.000 o 600.000 euros.

Respecto a los confinamientos, cree que "resulta una auténtica aberración jurídica, la obligación que se impone en el artículo 23 de aislamiento y cuarentena a aquellos ciudadanos vascos que puedan ser positivos por coronavirus o asintomáticos en el lugar que se indique por las autoridades sanitarias". "Se impone la obligación de confinamiento, no sólo en los domicilios sino también en otro lugar donde se estime pertinente por parte de las autoridades sanitarias", ha criticado.

Olona se ha dirigido a los ciudadanos vascos para invitarles a presentar recurso a las multas que reciban por incumplir la ley vasca antipandemia y que pidan que se suspenda, hasta que se resuelva el recurso que va a interponer Vox ante el Constitucional. "Los efectos de esa sentencia que pueda dictar el TC tendrán una eficacia directa sobre las multas, desde nuestro punto de vista, impuestas de manera inconstitucional", ha señalado.

Por otro lado, ha recordado que Vox presentó en enero de 2020 un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSPV) contra el decreto autonómico que regula el uso del euskera y del castellano por parte de los Ayuntamientos en sus relaciones internas y externas. "Esto ha permitido a nuestra formación utilizar el recurso contra el decreto vasco a modo de caballo de Troya para conseguir la finalidad verdaderamente pretendida que no es otra que conseguir que el Constitucional pueda expulsar del ordenamiento jurídico el articulado de la ley vasca de instituciones locales de Euskadi que concedió a EH Bildu sus exigencias más gravosas para dar un paso más en el independentismo de lo que denominan Euskal Herria", ha explicado.

Olona ha explicado que en el recurso presentado se instaba a la sala vasca a que planteara ante el alto tribunal una cuestión para "combatir" los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la conocida como ley municipal que "califican el euskera como lengua de servicio y de trabajo de uso normal y general de las instituciones locales vascas; y que permite a las entidades locales vascas que todos los documentos de trabajo y de servicio tengan lugar en euskera salvo que algún miembro de la corporación alegue el desconocimiento de la lengua". "La sala vasca ha acogido nuestras alegaciones y ha elevado a cuestión de inconstitucionalidad el apartado segundo del artículo 6 por considerar que la mención a que se pueda alegar válidamente el desconocimiento del euskera puede ser discriminatorio del español y claramente conculca los artículos 3 y 14 de la Constitución", ha explicado.

Por ello, ha anunciado que este martes va a presentar el escrito de alegaciones y "aprovechará el trámite" para que cuando el Constitucional tenga que leer los escritos de las partes, pueda encontrar "todas y cada una de las tachas de inconstitucionalidad que cuando se aprobó la ley vasca en 2016", Olona, como abogada del estado jefe en el País vasco, ya elevó al Gobierno central. "Por desgracia, no tuvieron favorable acogida y concluyó con un acuerdo limitativo en la comisión bilateral que impidió la interposición del correspondiente recursos", ha explicado.

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