La denuncia contra la diputada de Cs Victoria Domínguez por los chalés de Plasencia, archivada

El juez instructor de la denuncia contra la diputada regional de Ciudadanos Victoria Domínguez ha ordenado el sobreseimiento libre de la causa contra ella, y contra los también exconcejales de urbanismo Mónica García y Francisco Barbancho.

Decreta el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que siga por contra la causa por los mismos motivos pero solo contra la exalcaldesa Elia Blanco.

El magistrado considera que no hay indicios de que los tres concejales cometieran presuntos delitos de prevaricación administrativa por acción u omisión, consistentes en no actuar contra las edificaciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara placentina, y no existen indicios porque simplemente no tenían competencias para hacer expedientes de infracción urbanística, ni para ordenar a los dueños los derribos, o decidir que de forma suplementaria lo hiciera el Ayuntamiento.

Todas esas competencias, como ha certificado el secretario del Ayuntamiento de Plasencia, admitido el fiscal, y señalado en sus declaraciones la exalcaldesa Elia Blanco, estaban en poder de ella, contra la que seguirá la causa pero en el Juzgado de Instrucción de Plasencia, ya que el motivo de que hubiera llegado al TSJEx de Cáceres era la condición de aforada (diputada autonómica) de la exconcejala de urbanismo Victoria Domínguez.

Hasta ahora habían sorprendido algunas actuaciones judiciales realizadas pese a lo argumentado en sus recursos por Victoria Domínguez y otros acusados, y escritos como el del secretario del ayuntamiento placentino.

Por otro lado los hechos y sus consecuencias tienen su indudable vertiente política y el líder regional del PP, José Monago, insinuó que Domínguez debería dimitir y dejar su acta de diputada; ella fue dirigente y candidata del PP en Plasencia pero acabó abandonando ese partido para crear otro, regionalista.

El auto del Tribunal Superior, con fecha de este martes 8, rechaza la apertura de juicio oral pedida tanto por Fiscalía como por el Ayuntamiento de Plasencia personado como acusación particular, devuelve el asunto al Juzgado de Instrucción 1 de esa ciudad, y dispone además que la investigación judicial sobre los chalés ilegales no se pare en el momento en que fue elegido alcalde en 2011 Fernando Pizarro, sino que pueda abarcar también el mandato de éste.

La causa contra la exalcaldesa Elia Blanco –que ha afirmado en sus declaraciones que hay 2.000 viviendas ilegales en el municipio- continuará por un presunto delito de prevaricación administrativa, pero no por el lado de omisión –dejar de dictar resoluciones- ya que está prescrito tanto para ella como para los exconcejales Domínguez, García y Barbancho.

Contra este auto de sobreseimiento -argumentado en 49 folios- cabe todavía un recurso en el plazo de cinco días.

La Fiscalía Superior de Extremadura había pedido 10 años de inhabilitación para Elia María Blanco por un delito de prevaricación y otros dos por omisión de impedir actos delictivos.

Y por otro lado nueve años de inhabilitación para cargo público para los exconcejales de Urbanismo por prevaricación, y un año y medio más por omisión del deber contra actos delictivos.

Inconcreto, fuera de competencias, o prescrito

El auto de sobreseimiento libre de la causa para ellos tres que se ha conocido hoy, da la razón a los recursos presentados hasta ahora por la diputada Victoria Domínguez, y contiene varias alusiones al fiscal y a la acusación municipal.

El juez instructor conviene con la defensa de Domínguez en que tanto ella como los otros dos exconcejales de urbanismo carecían de competencias suficientes en el asunto como prevaricar, y también en que uno de los posibles delitos esgrimidos por Fiscalía y Ayuntamiento de Plasencia ha prescrito.

Coincide por otro con el letrado de la diputada de Ciudadanos, en que no existe en las diligencias y acusación una concreción de qué hechos y decisiones serían actos de prevaricación, y en ese punto el juez instructor afirma que “no se alcanza a comprender” la generalización que hace Fiscalía en ese caso, como tampoco el hecho de que el ayuntamiento placentino hubiera pedido sacar al exconcejal Barbancho de la causa por el poco tiempo que estuvo.

El juez que ha decretado este sobreseimiento libre, critica jurídicamente que se hable de hechos en general, en los que además habría habido “connivencia” entre el alcalde y sus concejales, y que por otro lado se quiera eximir a Barbancho también con el argumento genérico de que estuvo poco tiempo, cuando la comisión de un presunto delito, apunta, se puede hacer en cualquier momento con un simple acto y no hace falta estar mucho tiempo en el cargo.

Ello vendría a demostrar según el razonamiento del juez que ha dictado el sobreseimiento, que no se ha formulado acusación concreta sobre hechos determinados, sino una genérica por ser simplemente concejales de urbanismo, una generalización que a la vez se contradice con el deseo del Ayuntamiento del PP de sacar a uno de ellos de la causa simplemente porque estuvo poco tiempo.

Cita el juez instructor palabras del propio fiscal, que dice que estos exconcejales no tenían competencias para tomar unas decisiones sobre las que por el contrario les acusa de no haberlas tomado (omisión), y rechaza también el magistrado la presunta connivencia entre los acusados cuando más bien en sus declaraciones “han manifestado controversia” sobre lo ocurrido.

El juez instructor igualmente da la razón al recurso que presentó Victoria Domínguez, en el punto que él mandata al Juzgado de Plasencia para que continúe las diligencias pero que no concluyan en el momento en que entra de alcalde Fernando Pizarro como hasta ahora se había decidido por otros actores judiciales; Victoria Domínguez había pedido eso pero sin éxito, por qué parar la indagación y responsabilidad justamente cuando entra el nuevo alcalde del PP.

Una fiscal de medio ambiente pidió en su día, y no fue escuchada, que la investigación se ampliara hasta la actualidad, ya que desde 2011 que llegó al cargo Pizarro tampoco ha derribado chalé alguno pese a que se encontró órdenes de demolición firmadas por su antecesora Elia Blanco.