Empresarios proponen a los partidos una fiscalidad especial para la región, con rebaja de impuestos y cotizaciones sociales
Los empresarios han propuesto a los partidos políticos que se presentan ahora a elecciones autonómicas y locales, así como al nuevo gobierno regional, una fiscalidad especial para las empresas extremeñas al menos en los primeros años de implantación, que incluiría una rebaja en el impuesto de sociedades que está ahora en el 30%, y en las cotizaciones sociales que suponen que por cada 1.000 euros líquidos que gane un trabajador la empresa ha de poner otros 400 en esas cotizaciones.
La cobertura legal sería un régimen fiscal especial para Extremadura, que tiene cabida ya que la Unión Europea permite excepciones en territorios amenazados de despoblación, ha subrayado Javier Peinado, presidente de la confederación regional empresarial extremeña, Creex, en un acto en Badajoz en el que ha presentado un documento con 13 retos y 100 soluciones para mejorar el tejido productivo regional.
Peinado ha explicado que este informe parte de la situación del sector empresarial, basado en la pyme tipo extremeña, que tiene siete trabajadores, cinco de ellos con estudios básicos y dos con enseñanzas superiores, y su gerente ronda los 50 años. Los retos para mejorar la situación y tener las mismas oportunidades que las empresas del resto del país pasan por cuestiones como las infraestructuras, la innovación, la fiscalidad, la formación, la innovación y la digitalización, o medidas contra la despoblación, entre otras.
La Creex propone una serie de medidas. Por ejemplo, sumando impuestos como sociedades, cotizaciones sociales y tributos autonómicos y locales, la carga fiscal a la empresa extremeña ronda el 50% de su resultado bruto de explotación. Esta “asfixia” fiscal se traduce en “nula” capacidad de maniobra para invertir, ampliar mercados, contratar o desarrollar planes de I+D+i.
Micropymes
“¿Qué proponemos?: que la Junta actúe sobre los tributos cedidos, favoreciendo a las micropymes, que se reduzca sociedades para quienes tengan una cifra de negocios inferior a un millón, que se incentive fiscalmente la innovación, que se reduzcan los costes de cotizaciones y se establezcan bonificaciones al comercio minorista de proximidad”, defiende Javier Peinado.
Asimismo, se reclama que se establezca una política fiscal diferenciada para Extremadura, comprometiendo para ello al gobierno central, puesto que la UE lo permite en casos de territorios con amenaza de despoblación. “Esta política fiscal debería incluir tipos inferiores en sociedades y reducción de las cotizaciones sociales en los primeros años de implantación”.
Meses atrás los líderes de PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pactaron precisamente, y recogieron en unos Presupuestos estatales que no pudieron aprobar, medidas a favor de la pyme en la fiscalidad, como rebajar para las que facturen menos de un millón de euros anual una reducción en el impuesto de sociedades del 25% al 23%, mientras que se exigía a las grandes corporaciones –con facturación superior a 20 millones- tributaciones mínimas del 15% o 18% dad que con sus deducciones y bonificaciones al final no pagan prácticamente tributos.
Formación: faltan soldadores
En el ámbito de la formación la patronal extremeña reclama programas orientados al desarrollo del medio rural, la recualificación de desempleados y ocupados, la apuesta por la FP dual o el impulso de la era digital y la robótica. Peinado ha puesto como ejemplo que diversas empresas tienen dificultades para encontrar soldadores de acero inoxidable o de acero al carbono, según refleja la continuidad de estas ofertas laborales en los medios de comunicación autonómicos, pese a que Extremadura posee 97.000 demandantes de empleo.
El informe analiza a su vez las desigualdades en el mercado laboral, que “no son achacables a las empresas” y se podrían solucionar con un marco de apoyo integral y solidario a la igualdad, con ayudas o con beneficios fiscales para la conciliación familiar.
En otros aspectos, la Creex exige a las formaciones políticas que impulsen un Plan de Choque para que en 2022 el 75%de las empresas hayan incorporado soluciones digitales, y en infraestructuras se necesitan “compromisos ciertos y con calendario de ejecución” para las autovías Badajoz-Cáceres, con Levante, y la Badajoz-Granada, una red ferroviaria “cumpliendo en todos sus puntos el pacto del ferrocarril”, y que se asegure la intermodalidad carretera-tren de la Plataforma Logística de Badajoz, y de los Expacios de Mérida y Navalmoral.
