1.000 personas protestan en Mérida por la sentencia sobre pesca deportiva
Más de 1.000 personas se han concretado hoy en el Palacio de Congresos de Mérida en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo que incluye en el catálogo de especies invasoras a la carpa común y la trucha arcoíris, lo que afecta directamente a la práctica de la pesca deportiva.
Al grito de “basta ya”, cientos de pescadores, procedentes de Extremadura pero también de otras comunidades, como Andalucía y Valencia, han pedido a la administración que haga frente al “sinsentido” de la sentencia del TS.
En declaraciones a los periodistas, Carlos Bueno, coordinador de la Plataforma en Defensa de la Pesca, ha reconocido que hay un gobierno en una situación “transitoria” y que “no tiene capacidad para tomar una serie de determinaciones importantes”.
Por ello, ha exigido a todos los partidos políticos que apoyen la solución que plantee el Ministerio porque “se trata un problema social muy grave que hay que atajar lo más rápido posible”.
Bueno ha alertado de que “incluir especies que llevan muchos años en nuestras aguas dentro de unas acciones inmediatas de erradicación” es algo que afectaría a muchos puestos de trabajo en un sector que “moviliza miles de millones de euros”.
A la concentración, con posterior manifestación hasta la Plaza de España, han asistido diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Popular, los cuales han presentado sendas iniciativas en la Asamblea de Extremadura en apoyo al sector y para exigir que se adopten las medidas oportunas al respecto.
El secretario general del Grupo Socialista, Carlos Labrador Pulido, ha felicitado a la plataforma y al sector de la pesca por esta reivindicación “justa y legítima”, y fundamentalmente por su capacidad hoy de movilización para trasladar esta preocupación.
Problema socioeconómico
Ha destacado que se está ante “un verdadero problema social y económico para Extremadura en concreto y el país en general”, por lo que ha trasladado el apoyo del PSOE a los pescadores.
Labrador ha recordado que en la iniciativa parlamentaria socialista se insta al Gobierno central a “tomar cartas en el asunto y que se ponga a trabajar”, pues ya han pasado “dos meses desde que se conoce la sentencia y no se ha hecho nada”.
Ha pedido que se paralice la aplicación de la sentencia y que se hagan las modificaciones legislativas oportunas, que son potestad del Ejecutivo central.
En la misma línea, el diputado del Grupo Popular José Antonio Echávarri ha trasladado el “apoyo total” de su grupo a la pesca, una actividad económica, que “deja una gran cantidad de dinero en Extremadura”, deportiva, de ocio y de respeto al medio ambiente, pues “los pescadores son los que mejor conservan la naturaleza”.
“Es una auténtica sinrazón la aplicación de esta sentencia del Tribunal Supremo, por la que se quieren matar las carpas, cuando éstas no contaminan las aguas”, ha aseverado Echávarri, para apostillar después que el sector de la pesca es “esencial” para la economía extremeña.
Ha destacado que la región es la que más costa de agua dulce tiene, que cuenta con 140.000 licencias de pesca y que los pescadores son “gente ejemplar que cuidan de nuestros ríos”.
El diputado popular ha abogado por que en esta reivindicación estén todos los partidos políticos “unidos”, “aquí no vale la política”, para insistir después en que hay muchos puestos de trabajo que dependen del sector, directos e indirectos, pues gracias a la pesca se ocupan “plazas hoteleras y restaurantes”.
