Más de 70% de arrendatarios de Viviendas de Promoción Pública en la región están dispuestos a comprar
Un 73,83 por ciento de los arrendatarios de Viviendas de Promoción Pública (VPP) en Extremadura estarían dispuestos a comprar su casa, “un dato importantísimo desde el punto de vista del acceso a la propiedad por parte de ellos”, según el gerente de la empresa pública Gisvesa, Lorenzo Francisco de la Calle.
El responsable de esta empresa, “Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura, S.A” (Gisvesa) ha comparecido ante la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda del Parlamento extremeño para informar sobre el desarrollo de las encomiendas de gestión que ha recibido, entre ellas la del sistema de intermediación bancaria antidesahucios.
Entre estas encomiendas está también la elaboración de un registro de demandantes en relación al activo de vivienda existente en la región, para contar con una base de datos única.
Por otra parte, De la Calle ha informado de que de las 13.969 viviendas de VPP arrendadas censadas en Extremadura, se han visitado en un mes unas 3.498, lo que supone un 25,04 por ciento. Gracias a esta actuación directa se ha podido conocer que de la encuesta efectiva a los moradores de los pisos visitados, que afecta a un 84,06 por ciento del total, el 73,83 por ciento estarían dispuestos a comprar su vivienda.
Datos de entidades locales
Por otra parte, la empresa pública Gisvesa lleva a cabo una recogida de datos en todas las entidades locales, sobre la ejecución hipotecaria de las familias a través de las entidades financieras, para llevar a cabo actuaciones preventivas y también del sistema de intermediación bancaria antidesahucios de la Junta.
Ha explicado que también se están estableciendo protocolos de actuación y de colaboración, no solo con los registros de la propiedad, sino también con el Tribunal Superior de Justicia o los ayuntamientos, “de cara fundamentalmente a establecer las pautas a seguir” por este sistema de intermediación. El gerente de Gisvesa ha señalado, asimismo, que una vez que se tengan todos los datos por parte de las distintas entidades públicas, se va a hacer una evaluación psicosocial de todas las familias afectadas por un posible desahucio.
En el ámbito de este sistema de intermediación bancaria, existirá un asesoramiento técnico-financiero para estas familias, que conllevará una evaluación de la situación de los préstamos y de la capacidad de pago para plantear una fórmula de propuesta de refinanciación con las entidades financieras.
Lorenzo de la Calle ha explicado que la intermediación con los bancos será “ directa y presencial” por parte de los técnicos de Gisvesa con las familias y las entidades financieras en la búsqueda de soluciones.
Asimismo ha explicado que la Junta, a través de esta encomienda de gestión, creará una bolsa de vivienda en conexión con el Observatorio de la Vivienda de Extremadura, que va a estar formada por inmuebles procedentes de entidades públicas y privadas, para gestionar posibles contratos de compraventa y alquiler, y también realizar una labor de intermediación en ese área.
Por otra parte, De la Calle ha destacado que la selección de personal por parte de Gisvesa para llevar a cago estas encomiendas se ha realizado de forma “escrupulosa” y atendiendo a criterios de “objetividad y transparencia”.
Críticas del PP
Sin embargo, el diputado del PP Saturnino López Marroyo ha criticado la falta de transparencia con respecto a estas encomiendas de gestión y ha anunciado que su grupo tiene preparada una “batería de preguntas” para conocer los criterios de selección de personal en las empresas públicas de la Junta, ante la sospecha de que éstas están sirviendo para “dar cobijo” a exalcaldes o exconcejales socialistas.
