Extremadura va a digitalizar los archivos de víctimas del franquismo en manos militares

El director del CIEMEDH considera que un centro académico podrá conseguir la financiación para abrir fosas que se le niega a las asociaciones memorialistas por sus implicaciones políticas. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).

Sentencias, juicios sumarísimos y documentos de las víctimas extremeñas de la guerra civil y la dictadura franquista siguen en los archivos militares. El acceso a la documentación para investigadores y familiares es libre, pero hay límites que dificultan el trabajo, y mucho.

La Junta de Extremadura ha autorizado un acuerdo con el Ministerio de Defensa para la digitalización de los expedientes judiciales emitidos por la justicia militar en Cáceres y Badajoz durante la Guerra Civil y la dictadura depositados en el Archivo General e Histórico de Defensa, en Madrid.

El Ejecutivo extremeño plantea un programa de cuatro años junto con el equipo de investigación del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, que se encargará de la identificación y descripción de la documentación. Posteriormente se procederá a la digitalización.

El objetivo es facilitar y ampliar las posibilidades de investigación y estudio y atender las demandas de consulta de los familiares de quienes fueron encausados, explica la Junta. También se busca reparar y recuperar la memoria personal y familiar de quienes sufrieron la guerra y la dictadura, según comentó en rueda de prensa la portavoz, Isabel Gil Rosiña.

¿Qué contienen los archivos?

El conjunto de documentos de procedimientos judiciales incoados por la justicia militar se compone de expedientes generados por los Juzgados Militares del bando franquista desde el comienzo de la Guerra Civil, según detalla la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura.

Son sumarios clave para entender la historia reciente de la región, con información sobre los juicios sumarísimos practicados. Con detalles de interés científico sobre los represaliados y su entorno. Incluso objetos personales.

Investigadores e historiadores de Extremadura denunciaron meses atrás en un manifiesto que la consulta de varios fondos documentales militares "supone una verdadera carrera de obstáculos para el investigador". Tanto por las normas de consulta como por la reproducción documental.

Lamentaban las dificultades a las que se enfrentaban para trabajar. Entre las trabas que trasladaron a este diario, el coste de casa copia (30 céntimos), si se tiene en cuenta que hay sumarios de más de 250 páginas. En caso de hacer la solicitudes vía correo las copias tardan un mes en llegar a casa, a lo que se suman constantes viajes a Madrid.

Hay restricciones de páginas, o impedimentos en algunos documentos bajo el argumento de que se encuentran muy deteriorados. Tampoco se les permite hacer fotografías a la documentación en la sede militar.

En base al ritmo de investigación autorizado (tres archivos, con un máximo de 30 fotocopias), el historiador José Hinojosa detalla a modo de ejemplo que para recuperar la memoria de los 200 sumarios de víctimas del franquismo en Granja de Torrehermosa (Badajoz) necesita 10 años de trámites y unos 8.000 euros de inversión.

Verdad, justicia y reparación

En su manifiesto los colectivos de memoria y la guerra civil en Extremadura subrayan que el derecho a la información sobre la represión franquista sólo es tal si se dispone en su integridad de la documentación. Aunque nadie duda de los avances experimentados durante los últimos años, quedan todavía varios fondos documentales con esas barreras.

Al mismo tiempo las asociaciones y colectivos memorialistas de Extremadura abogan por atender unas prioridades dentro del proceso de digitalización. Primero a los sumarios de extremeños y extremeñas ejecutados. Segundo, a los sumarios de quienes murieron en prisión; y tercero, a los sumarios de las personas que estuvieron en prisión y no fallecieron.

Instan además a la Junta de Extremadura a que la documentación de las víctimas ya digitalizada sea de consulta pública y gratuita, al igual que la que se digitalice en el futuro.

Lo cierto es que existe un desfase claro entre provincial si se tiene en cuenta por ejemplo el caso de la provincia de Huelva, donde el material está digitalizado y con acceso libre para los familiares e investigadores. La institución provincial onubense conserva un volumen de más de 200.000 digitalizaciones, con procedimientos y documentación de más de 6.000 procesados.

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21 de febrero de 2017 - 23:00 h

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