Una oficina independiente para supervisar los contratos públicos de la región

Los grupos de PSOE y Podemos han registrado este miércoles conjuntamente una propuesta de ley de Contratación Pública Socialmente Responsable de Extremadura, que velará para que los contratos cumplan las disposiciones vigentes en materia laboral, obligaciones que tendrán también los subcontratistas.

La iniciativa, que parte de la Ley Básica de Contratos Públicos del Estado, en vigor desde finales del año pasado para adaptar la normativa española a las directivas europeas, reúne en un solo texto la normativa reguladora de la contratación pública en la comunidad autónoma.

Como novedad, la propuesta de ley contempla la creación de la Oficina Extremeña de Supervisión en Materia de Contratación, que dependerá de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, pero con plena independencia orgánica y funcional, y cuya composición vendrá determinada en un posterior desarrollo reglamentario.

El portavoz de Podemos en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Jaén, y la portavoz adjunta del PSOE, Ascensión Godoy, han presentado por separado en rueda de prensa este propuesta de ley, que podría celebrar su debate de totalidad e iniciar su trámite parlamentario en el último pleno del actual periodo de sesiones, el próximo día 25, o en el primero de la siguiente, ya en septiembre.

También las entidades locales

La diputada socialista Ascensión Godoy ha destacado que se ha incluido a las entidades locales dentro del ámbito de aplicación de esta ley, salvo en aquellos aspectos en los que resulten expresamente excluidas por la Legislación Básica.

Prevé además la figura del Concierto Social, para la prestación de los servicios sociales de atención especializada y los servicios sanitarios, con el fin de poder garantizar los principios de atención personalizada e integral y continuidad en la atención y la calidad de los servicios, así como dar una respuesta urgente y adecuada a la hora de proveerlos.

Godoy ha puesto de relieve que con esta figura se pueden resolver problemas como los vividos este año con respecto a las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

Como novedad, establece también la obligatoriedad de la licitación electrónica, para ahorrar costes. Entre otros objetivos, con esta normativa se pretende lograr una mayor transparencia en la contratación pública, “con medidas de evaluación y seguimiento contra la corrupción” y que garanticen la igualdad de trato a todas las empresas candidatas y licitadoras.

También persigue, según el PSOE, conseguir “una mejor relación calidad-precio en la contratación pública extremeña”, pero “dando prioridad a la calidad, a las consideraciones medioambientales, a los aspectos sociales o a la innovación”.

Mejorar la calidad del empleo

Por su parte, Álvaro Jaén ha indicado que con esta ley se pretende mejorar la calidad en el empleo en Extremadura, con la inclusión de cláusulas sociales en las empresas que contraten con la Junta, y favorecer a las pymes de la región, con unas licitaciones más transparentes y “mucho más justas e igualitarias” para empresas, cooperativas y autónomos.

Se trata de primar, por tanto, los derechos laborales y que “no haya descuelgues de convenios”, o que se tenga en cuenta más la calidad de los servicios que el precio por el que se prestan.

La propuesta de ley de Contratación Pública Socialmente Responsable de Extremadura, según Jaén, contempla otras medidas concretas como limitaciones en la duración de los contratos, para que no haya “duraciones abusivas” como las de las concesiones del agua.

Con esta normativa, a su juicio, se pueden evitar casos como “el caos de las ambulancias o las evidentes deficiencias de los servicio de catering de los comedores escolares, que ha sido muy bochornoso”.