La oposición obtendrá la mayoría absoluta en Alburquerque
La oposición en el Ayuntamiento de Alburquerque, formada actualmente por un edil del PSOE y cuatro de IPAL, ostentará la mayoría absoluta a partir del próximo pleno municipal, a celebrar en este mes de marzo, cuando tomarán posesión de sus actas dos nuevos concejales designados por PSOE, toda vez que la Junta Electoral Central ha desestimado las alegaciones presentadas por el equipo de gobierno local.
La alcaldesa, Marisa Murillo, y su equipo (actualmente con cuatro concejales), presentó alegaciones contra la propuesta del PSOE de Alburquerque para contar con estos dos nuevos concejales, tras agotarse la lista electoral, y objetaron que las renuncias de los concejales de su equipo estaban motivadas por coacciones y amenazas.
De momento, la regidora con su Grupo Municipal No Adscrito, mantiene la mayoría en las votaciones, merced a su voto de calidad en las deliberaciones del pleno, condición que perderá a partir del 31 de marzo, fecha del próximo pleno ordinario o posiblemente antes cuando se convoque una sesión extraordinaria.
Entonces tomarán posesión de sus actas de concejal los socialistas Jesús Martín y Noelia Pavón, lo que otorgará a PSOE e Independientes por Alburquerque (IPAL) la mayoría absoluta en el consistorio al contar con siete ediles (cuatro de IPAL y tres del PSOE).
Tal y como ya han anunciado los portavoces de IPAL y PSOE, Manuel Gutiérrez y Juan Carlos Prieto, respectivamente, esta mayoría en las votaciones servirá, entre otras cosas inmediatas, para “eliminar el sueldo a la alcaldesa y el cargo de asesor de la alcaldía, que ostenta el ex alcalde, Ángel Vadillo”.
El objetivo es la normalización de la vida económica e institucional del Consistorio, sin descartar la posibilidad de presentar una moción de censura contra la regidora.
Por otro lado, el Juzgado de lo Social Número 3 de Badajoz ha dictado auto de ejecución contra la Alcaldía de Alburquerque por no atender una sentencia sobre la reclamación de derechos de un trabajador municipal.
El juzgado concede un plazo de diez días para que el consistorio abone a un trabajador municipal 4.296 euros más los intereses de demora, y le da un plazo de cinco días para que “se le informe de los cargos y funcionarios responsables del abono al trabajador, al objeto de individualizar las responsabilidades derivadas, incluidas las responsabilidades patrimoniales a que hubiese lugar”.
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