Piden una comisión investigación en Cáceres para aclarar pagos por las expropiaciones
El Grupo Municipal de CáceresTú (CCTú-Podemos) de Cáceres ha solicitado la creación de una comisión de investigación con el fin de aclarar los pagos del Consistorio por las expropiaciones y la gestión de los intereses desde que se aprobara el Plan General de Urbanismo (PGM) en 1998.
Así lo han señalado los concejales de CCTú, Consuelo López Bals0et e Ildefonso Calvo, que han calificado como “nefasta” el trabajo de los diferentes gobiernos locales desde ese año. El objetivo de esta iniciativa es “buscar a los responsables políticos y técnicos que permiten que la subida de los intereses año tras año suponga una auténtica sangría para las arcas municipales”.
Aunque no haya una responsabilidad penal porque “muchas operaciones ya han prescrito”, “sí debe haber una responsabilidad política”. CCTú ha resaltado uno de esos procedimientos “anómalos” por el que pedirá la creación de la Comisión es la expropiación de un terreno propiedad de la constructora Mego -en concurso de acreedores- por valor de 1,8 millones de euros.
Según Calvo, una resolución de Alcaldía de 2012 “decidió condonar a la empresa 400.000 euros de deuda municipal en conceptos de tributos locales”.
Sin embargo, ese terreno ya estaba hipotecado por el Banco Santander y “el Consejo Consultivo de Extremadura anuló dicha compensación” el pasado mes de diciembre, calificando como “inexcusable” la “precipitación” con la que actuó el Ayuntamiento.
Más de 600.000 euros
Una “mala gestión”, ha explicado López Balset, que costará a las arcas municipales 615.000 euros.
Además, CCTú considera “una falta de vergüenza la desinformación a la que el Gobierno local somete a la oposición”, sobre todo con respecto al anticipo del canon del agua para hacer frente al pago de una expropiación, que ha propuesto el Ejecutivo local.
“Apenas ha habido una semana para valorar la situación y decidir el voto en el Pleno”, que tendrá lugar el próximo día 19. Ha añadido que todavía no saben si votarán a favor del adelanto de ese canon o si se abstendrán porque “nos encontramos ante una sentencia coercitiva que implica que, si nos negamos al pago de esa expropiación, pueden emprender acciones legales contra los ediles de CCTú”.
En este sentido, Calvo ha afirmado que la solución que presenta el equipo de Gobierno local no se avala con ningún informe, “ni jurídico ni económico”, que asegure que esa fórmula es “la forma menos lesiva” para las arcas municipales puesto que supondrá un coste de 150.000 euros, que las arcas municipales dejarán de percibir por el adelanto del canon de la empresa Canal Isabel II. Ha añadido que buscan “otras fórmulas” y que por eso no han decidido qué votarán, ha aclarado Calvo.
“No queremos que la responsabilidad judicial vaya a parar a los concejales que impidan esa sentencia de obligado cumplimiento”, en referencia a un auto judicial que condena al Consistorio a abonar a una empresa más de 1,5 millones de euros de intereses de una expropiación ya liquidada.
