Unidas cree que es un “insulto” los 20 millones para el regadío y pide una renta agraria universal

El Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, que ha tildado de “insulto a los agricultores” los 20 millones de euros anunciados para el regadío de Tierra de Barros, ha instado al Gobierno regional a incluir una renta agraria universal y un impuesto a las grandes fotovoltaicas, y a eliminar la reforma tributaria acometida al inicio de la legislatura.

Así lo ha expuesto este viernes la portavoz del grupo, Irene de Miguel, al término de la reunión que ha mantenido con la consejera de Hacienda, Elena Manzano, con la que ha comenzado la ronda de contactos para hablar de las cuentas del próximo ejercicio.

A su juicio, la presidenta extremeña, María Guardiola, “quiere sacar los presupuestos de 2024 con Vox”, tras anunciar 20 millones de euros para el proyecto de regadío de Tierra de Barros, una de las líneas rojas marcadas por esta formación política para consensuar los presupuestos del próximo ejercicio.

“Es un gesto” meramente político, pues 20 millones de euros representan un engaño“, ha dicho De Miguel, quien ha recordado que quienes ahora anuncian este dinero son los mismos que hace un año restaron 100 millones a este proyecto.

Tras asegurar que el citado proyecto no se llevará a cabo, “pues llevamos más de 15 años hablando de ello,”, De Miguel ha adelantado que “quien piense que Unidas va apoyar un presupuesto en el que participe Vox está muy equivocado”.

En esta misma materia, Unidas le ha trasladado a la consejera a necesidad de impulsar el relevo generacional en el campo, que pasa por crear una renta agraria universal para quienes se incorporen a esta actividad reciban un buen salario al menos durante los tres primeros años.

Asimismo, De Miguel ha instado a la consejera que el porcentaje de incremento de los presupuestos de 2024 sobre los del presente año se extrapole en el mismo porcentaje para Sanidad y Educación.

Unidas ha pedido también más contrataciones sanitarias para reducir las listas de espera, bajar las ratios de las aulas y ampliar las plazas de comedores de Primaria y Secundaria, las cuales deben ser de gratuidad universal.

Del mismo modo ha instado a la construcción de viviendas para alquileres accesibles y la creación de un millar de plazas en residencias municipales.