Las familias necesitadas de comida tendrán que aportar ahora un certificado especial
Hasta ahora para recoger alimentos en las asociaciones de voluntarios encargadas de aliviar esta necesidad en los barrios, no hacían falta grandes requisitos; a partir de este momento las familias tendrán que acreditar, mediante un certificado emitido por los servicios sociales, ese estado de necesidad. Va a cambiar la forma de operar en este campo, con mayores controles, y también puede modificarse el tipo de alimentos a distribuir.
En Extremadura 60.000 personas hacen uso de la distribución social de comida, de tal manera que al año se reparten más de ocho millones de kilos de alimentos, canalizados al 50% por los Bancos de Alimentos (uno por provincia) y Cruz Roja.
Luego ese caudal se descentraliza a través de comedores sociales, otras organizaciones caritativas y religiosas, y sobre todo por una red amplísima de asociaciones locales y de barrio que trabajan sobre el terreno, por ejemplo con grupos de mujeres maltratadas, familias musulmanas en apuros, o colectivos gitanos.
A partir de ahora, y en un plan fechado hasta el 2020, aparte del Ministerio de Agricultura, va a entrar en juego el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con una nueva normativa, dicen que dirigida desde la Unión Europea, que pretende aumentar los controles, diferenciar entre tipos de asociaciones que operan en el sector, no depender solo de los excedentes alimentarios que eran hasta ahora la única procedencia, e incluso plantear qué tipo de comida se reparte para por ejemplo “no tener que hacer gastar en energía a las familias, electricidad o gas, a la hora de procesar esa comida”, explica Juan Carlos Fernández, presidente del Banco de Alimentos de Cáceres.
El Banco ha convocado este martes a las asociaciones colaboradoras para explicarles los nuevos procedimientos. La principal novedad es que en el gran canal de pequeñas asociaciones, que trabajan en barrios, sectores y colectivos determinados, y a escala local, se les exigirá que todas las familias a las que atienden posean un informe social individual de necesidad, cosa que hasta ahora no hacía falta; no será necesario en el caso de comedores sociales, sin embargo.
Serán los trabajadores sociales municipales, o de otras entidades como Cruz Roja, los que elaboren esos certificados, previa comprobación de circunstancias, y los papeles tendrán validez por un año. Esto supone según el Banco de Alimentos de Cáceres un control “muy exhaustivo”, motivado porque “algunas personas nos echan en cara que damos comida a personas que luego se pasean en un coche, o que van a más de un sitio a recoger las bolsas”, explica Juan Carlos Fernández. “Pero no hay tanta picaresca como se dice”.
Aunque resulta “un fastidio” porque “habrá asociaciones de voluntarios que nos digan que ellos están para ayudar, y no para hacer papeles”, cubrir estos requisitos no representa una gran dificultad en su opinión. Tampoco en la del portavoz de Cruz Roja Extremadura, Jesús López Santana.
Otra cosa va a ser la de repensar la despensa alimentaria de bancos, entidades y asociaciones, “donde tenemos arroz y pasta para dar y tomar”, pero falta de otras cosas; también se abre un debate interno por si es mejor repartir comida que no necesite cocinarse: “Les damos lentejas, vale, pero hay que hacerlas, y estamos hablando de personas que no tienen para comer, cómo van a tener para pagar luz o gas?”.
Empieza a estabilizarse
Toda esta ayuda social en forma de comida se canaliza por 300 asociaciones y colectivos repartidos por la región, incluidos beneficiarios directos como algunos conventos; una docena en la provincia de Cáceres, en la capital, Plasencia, Coria o Trujillo, donde según Fernández también hay necesidad de comida “aunque a veces la que era para las monjas las acaban dando a otras personas”.
Por primera vez desde el comienzo de la crisis, hace siete años, la demanda social de alimentos empieza a estabilizarse en los bancos distribuidores, e incluso “notamos una pequeña disminución”.
Lo que también han notado, y mucho, con la entrada de nuevos países en la Unión Europea, es la reducción, en dos tercios, de la ayuda procedente de excedentes alimentarios comunitarios, subraya López Santana de Cruz Roja.
