El abogado de la familia de la educadora asesinada en Badajoz denuncia el “abandono total” de la Junta de Extremadura

El abogado de la familia de la educadora social asesinada en Badajoz, Raúl Montaño, que pide seis años de prisión para los dos menores y ocho años para la chica procesada por un delito de asesinato, ha criticado este miércoles antes del juicio que ha comenzado este miércoles que la familia “siente un gran pesar” por la falta de apoyo de la Junta de Extremadura, pues “no la ha acompañado”.

“La presidenta extremeña, María Guardiola, llamó a un familiar en un primer momento, pero desde entonces hasta hoy ha sido el abandono total por parte del Ejecutivo autonómico”, ha dicho el abogado a los medios.

Según Montaño, se pidió “a los responsables políticos” de la Consejería de Salud y Servicios Sociales “una reunión para trasladar los pesares e incertidumbres de la familia, pero en ningún momento fue contestada esta solicitud”. Además, ha asegurado que no ha habido “ningún gesto para acercar posturas, conocer si se necesitaba ayuda o para evitar que los familiares pasaran por el trance de este juicio”.

En opinión del letrado, “la responsabilidad de la Junta es toda” en este caso, aunque “se pretenda reivindicar esa responsabilidad con la concesionaria”.

Las defensas señalan a la Junta

El letrado de la defensa de uno de los menores, José Duarte, ha expresado por su parte que “no cabe en cabeza humana que las medidas cautelares” que cumplían los menores fueran llevadas a cabo “por una asociación que no tenía los medios”, por lo que se ha preguntado “quién cuida a las cuidadoras”. “La Junta de Extremadura está poniendo los medios para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, pero han pasado muchos años de solicitarse ayuda y medios, con denuncias a Fiscalía, sin que se haya hecho ningún caso”, ha afirmado el abogado.

En este sentido, además de una justicia para los menores “debe existir una justicia para mayores”, ha dicho Duarte, quien pide la absolución de su defendido porque “no tuvo ninguna participación” en la muerte de la educadora, que se produjo el pasado mes de marzo en un piso de cumplimiento de medidas judiciales.

El abogado Fernando Cumbres, que representa a la familia de otro de los menores para que sea la Junta de Extremadura quien asuma las responsabilidades civiles, ha expresado por su parte que la Administración “debe ser consciente de que se deben mejorar las condiciones de seguridad, sin olvidar otras como las salariales, de los trabajadores de este sector”. 

Tres jornadas de juicio

El juicio por la muerte de Belén Cortés en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz el pasado mes de marzo, por la que están acusados tres menores de entre 14 y 17 años, ha comenzado en Badajoz.

La vista, en el que la Fiscalía pide para ellos entre cinco y seis años de internamiento por un delito de asesinato, estaba prevista inicialmente para el pasado 19 de septiembre, pero se aplazó a octubre y se amplió de una a tres sesiones, los días 20 -postergado ahora al 29-, 30 y 31, a petición de distintos letrados a tenor del número de testigos previstos.

En concreto, está previsto que declaren medio centenar de testigos y peritos. Este miércoles se prevé la declaración de los tres menores investigados, los padres, la familia y compañeros de la víctima, Belén Cortés, de la Junta de Extremadura y agentes de la Policía Nacional, que participaron en el caso. El jueves será el turno de los forenses.

La modificación de la fecha se debió también a que la Junta de Extremadura pidió en un recurso que comparezca también en el procedimiento la entidad a la que la Administración autonómica subcontrató la gestión de la vivienda tutelada donde se produjeron los hechos.

La acusación presentada por el Ministerio Fiscal solicita seis años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores varones, de 14 y 15 años, mientras que pide cinco años para la menor encausada, de 17. Les acusa de los delitos de asesinato, robo con violencia en casa habitada y conducción sin permiso, y también solicita importantes cantidades en concepto de responsabilidad civil. A todo ello se debe añadir las penas que solicita la acusación particular.

Los menores fueron detenidos como presuntos responsables del asesinato de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, ocurrido de noche en marzo pasado en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de la capital pacense en el que esta profesional se encontraba trabajando sola.

Tras el suceso, más de un millar de personas salieron a la calle en Badajoz para reclamar una mayor protección de los empleados que trabajan en el ámbito social, en defensa de sus derechos y en repulsa por el asesinato de la educadora. Una reivindicación que se repitió en numerosos puntos del país para exigir mejoras en la seguridad de estos profesionales.