“Destruir contratos de la Xunta es irregular, se mire por donde se mire”
“Se mire por donde se mire es un tema irregular”. Quien habla es el catedrático de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de A Coruña Pedro López Gómez. El que fue director del Archivo del Reino de Galicia entre 1986 y 1995 conversa con Praza Pública en torno a la posibilidad, apuntada por el presidente de la Xunta en pleno debate sobre las contrataciones con las empresas del narcotraficante Marcial Dorado, de que en los archivos de la Administración autonómica “no haya nada” anterior al año 2003 sobre contrataciones. López Gómez lo tiene claro: “si se destruye documentación de forma arbitraria se va contra el patrimonio documental de Galicia” y eso “va contra las normas”, concretamente, contra la legislación estatal.
El catedrático evidencia que “puede no haber” los contratos que ahora reclama la oposición parlamentaria porque los responsables gubernamentales “los destruyeran” pero “si lo hicieron están cometiendo una arbitrariedad”, ya que “no hay ninguna norma que permita hacerlo sin pasar por una comisión asesora”, tal y como prevé la legislación estatal -no hay normas autonómicas al respecto, aunque se redactaron varios proyectos-. Y “esas comisiones no existen”. Así las cosas, explica, “si se destruyeron fue sin autorización formal y sin el asesoramiento de quien tendría que hacerlo” previamente a que la Administración “le diese el visto bueno” definitivo. “De hacerlo, cosa que por otra parte no me extrañaría, se hizo al margen de la norma”.
En cualquiera caso, el catedrático valora que, en este caso concreto, aludir a la eliminación de documentos “es un pretexto que les salió mal”. “Es muy fácil decir que se destruyeron”, pero a continuación surge una “pregunta”, añade: “¿quien lo autorizó?”. “Si desde Presidencia afirman que lo están haciendo, lo están haciendo al margen de la norma y alguien tendrá que explicarlo”. Así y todo, López Gómez le resta valor a la posibilidad de que haya una destrucción sistemática de documentos, “porque en general en la Administración no se preocupan tanto de la documentación como para tomar la molestia de eliminarla”. “Simplemente -explica- la van almacenando” excepto en “tres o cuatro consellerías”, donde “hay archivo y archivero”.
Salvando esas excepciones, señala, en el resto de departamentos “tienen almacenes que están tanto en las propias consellerías como repartidos por todo Santiago de forma aleatoria”, un “desastre total” del que los responsables de la Xunta “son conscientes, pero no hacen nada por arreglarlo, porque eso significaría poner dinero encima de la mesa”. Así las cosas, “no hay ningún control” ni se hacen “transferencias de forma regular al Archivo de Galicia”, ahora instalado en la Cidade da Cultura. Mientras esos “múltiples depósitos” abarcan “unos cincuenta kilómetros de documentos” el catedrático advierte de que, en caso de producirse eliminaciones, estas “no se hacen sin documentar lo eliminado”. Cuestión aparte son los contratos, destaca, que “son documentos jurídicos y no se eliminan”.
