López Sors pidió ayuda del Estado para el juicio y le recordó que con el Prestige solo cumplió órdenes
José Luis López Sors fue lo más parecido a un cargo político que se sentó en el banquillo de los acusados del juicio del Prestige. En noviembre de 2002 era el responsable de la Dirección General de la Marina Mercante del Gobierno de España y él personificó las primeras decisiones sobre el petrolero cuando este informó de sus problemas en medio del temporal. En su declaración ante el tribunal, en el inicio del proceso judicial, el antiguo alto cargo liberó de cualquier responsabilidad a sus superiores, asegurando que él incluso “dictó” las primeras decisiones sin precisar “aprobaciones posteriores”. Meses después, en mayo de 2013, afirmó todo lo contrario en una carta dirigida al Ministerio de Fomento.
“No hablaba habitualmente con el ministro de Fomento”, Francisco Álvarez-Cascos, aseguró en el juicio, en el que reclamó traducción simultánea del gallego a pesar de ser de Ferrol. El antiguo responsable gubernamental llegó a asegurar entonces que las autoridades españolas “no tenían nada que ver” con el rumbo que tomó el petrolero y que, en general, hicieron “un buen trabajo”. Pero este tono exculpatorio cambió notablemente en la misiva, datada en el 29 de mayo de este año y a cuyo contenido ha tenido acceso este diario.
López Sors se vio “obligado” a escribirle al secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, para que conociera “directamente la falta de atención que estoy recibiendo” del Ministerio “como consecuencia de la celebración” del juicio por la catástrofe. En este proceso, recordaba en la carta, estaba “acusado por intervenir” cómo director general “en la defensa de los intereses generales del Estado” tras el naufragio. En ese momento, destaca, siguió “instrucciones recibidas del Gobierno a través de los órganos directivos del Ministerio de Fomento”. No fueron, por lo tanto, decisiones personales suyas.
En pleno procedimiento judicial el ex alto cargo ponía el acento en el hecho de que se enfrentaba a una responsabilidad civil que supera la cifra de los cuatro mil cuatrocientos millones de euros“. Esa responsabilidad le correspondía al Estado, pero ”a través de mi persona“, por lo que se encontraba ”plenamente dedicado a conseguir mi completa absolución y con ella la del Estado“. En esa tesitura López Sors consideró ”magnífico“ el ”trabajo de la Abogacía del Estado“, incluso a pesar de a la ”notoria falta de ayuda y comprensión por parte de otras instancias“. ”En caso de éxito“, como así fue, el antiguo director general auguraba que ”todo el reconocimiento“ para los letrados estatales sería ”escaso“.
Fragmento de la carta de López Sors
Reclamación de asistencia económica
Tras resumir su papel ante el naufragio la carta de López Sors pasa a las cuestiones de intendencia. Catalá “debe conocer” que la ley “me obliga a asistir como acusado a todas y cada una de las sesiones de la vista”, ya que, de no hacerlo, podría provocar la anulación del procedimiento, “lo que a mi entender no sería del agrado del Estado”. Entre junio y septiembre de 2012, recuerda, se dedicó al “estudio de la causa y asistencia a la Abogacía del Estado”, trabajos que “originaron” unos “gastos” que ya fueron “liquidados convenientemente por Sasemar”, esto es, Salvamento Marítimo. “Pero desde el 1º de octubre de 2012 estoy corriendo con todos los gastos que suponen mi asistencia a la vista y colaboración con la Abogacía del Estado, entre otros, mi alojamiento en La Coruña, gastos de viaje y desplazamientos”.
En esta coyuntura, López Sors consideraba que la “única alternativa” para “compensarme estos cuantiosos gastos que estoy soportando” sería “dar cumplimiento al compromiso” que la propia Sasemar “asumió” por correo elctrónico en octubre de 2012, indica. Ese compromiso, “aunque incumplido (...) sin explicación alguna, entiendo que sigue plenamente vigente”, dice. No obstante, “dado el tiempo transcurrido”, el ex director dice no estar en condiciones de aportar “justificantes detallados” de cada gasto, por lo que “habría que cerrar cantidades por cada uno de los conceptos” y “aplicarlos a los días que la Abogacía del Estado confirme mi servicio y/o el secretario del Tribunal certifique que la vista se celebró y asistí a ella”.
Todas estas reclamaciones, sintetizaba para finalizar, las realizaba para “poder continuar dedicando el cien por cien de mi tiempo a la asistencia a la Abogacía del Estado en mi defensa, en la del Estado y a la propia vista”. De lo contrario, se vería “perjudicado mi derecho a evitar que mis escasos ingresos como jubilado, en vez de dedicarse a las necesidades de mi familia, se estén empleando en sufragar los gastos que este asunto me ocasiona”.
