“Ninguna mayoría absoluta puede legitimar violaciones sistemáticas de derechos humanos”
Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, participó en Vigo en las primeras Xornadas da Vivenda, organizadas por la PAH Vigo-Tui y la asociación Enrique Ruano. Las jornadas también contaron con las intervenciones de representantes de Avogados Novos y de AGE, BNG y PSdeG-PSOE. Carlota Pérez, de la plataforma local, denunció que los desahuciados se sienten “culpables cuando en realidad son las víctimas de esta estafa”.
Parece que en los últimos días se está queriendo convertir a las víctimas en verdugos. Me refiero a las criticas desde el PP a los escraches...
Lo importante ahora mismo non es eso. Son las propuestas que la PAH está poniendo encima de la mesa. Está solicitándoles a los responsables políticos que tomen decisiones y que apoyen las propuestas que están recogidas en la ilp. Y está solicitándoles que cesen las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se están perpetrando por medio de desalojos forzosos sin alternativa habitacional y condenas a deudas futuras, derivadas de procesos de ejecución hipotecaria que fueron declarados ilegales por el tribunal de justicia de la UE. No se pide nada extraño y lo extraño es que a día de hoy no se haya dado una respuesta a estas demandas. Ninguna mayoría absoluta puede legitimar violaciones sistemáticas de derechos humanos.
¿Creéis que el PP va a modificar su postura?
Los contenidos de la ilp son de mínimos y lo que planteamos es que acaben esas deudas perpetuas y una inmediata moratoria de los desahucios. Para nosotros no hay ninguna duda de que más tarde o más temprano esas medidas se van a adoptar. Pueden aprovechar este trámite parlamentario o pueden hacerlo después. Y después habrá que ir hacia muchos otros objetivos. Esta es una propuesta de mínimos, pero lo que hace falta es avanzar y caminar como sociedad hacia la reconstrucción del derecho a la vivienda. Y eso significa que las seis millones de viviendas vacías que hay en España se tienen que poner en manos de la población.
¿Qué os parece el decreto aprobado en Andalucía esta semana?
Es un decreto razonable, bastante moderado, pero que va en el buen sentido: en el sentido de que las viviendas sirvan para que las use la gente y no que estén siendo acaparadas por entidades financieras que no las usan.
Resulta al menos llamativo que la primera inmobiliaria de España sea la banca y una banca en parte quebrada y nacionalizada además...
El Código Penal deja claro que el acaparamiento de bienes de primera necesidad con el objetivo de alterar de manera artificial el precio de las cosas es un delito. El derecho a la propiedad está circunscrito a su función social y la vivienda es una necesidad de la gente. Por lo tanto ese acaparamiento no es entendible. Pero si además ese acaparamiento lo realizan unas entidades financieras que han recibido miles de millones de euros públicos, sin que se hayan abierto investigaciones por parte del Estado sobre por qué esas ayudas fueron necesarias, pues estamos en una situación completamente kafkiana. Porque las declaraciones que se están haciendo desde el Ministerio del interior son estrambóticas. Toda esta persecución que están haciendo contra la PAH la tenían que hacer contra los consejos de administración de los bancos.
¿Se va a producir un agravamiento de la situación por culpa de la prolongación de la crisis?
Creo que es una evidencia a ojos de todo el mundo. Hay seis millones de personas en paro y la situación se está agravando en todas los órdenes. Hay un serio problema con la vivienda, pero hay otros movimientos que alertan de los graves problemas que se comienzan a producir también en lo referente a la alimentación. Son situaciones insostenibles que se vienen produciendo en primer término por culpa del sistema financiero y de las grandes empresas y quienes están pagando la factura son los sectores populares.
¿Que ayuda legal prestáis? ¿Hay muchos resquicios legales por los que se puede cambiar la situación de una familia o al menos aplazar el problema?
La PAH es un espacio de autoorganización y de ayuda mutua. Y dentro de este espacio colaboran abogados al igual que colaboran otro tipo de activistas. Es un proceso de empoderamiento de las personas afectadas para colectivamente enfrentar su situación con las entidades financieras. Es una cuestión de organización de la sociedad civil y de los sectores populares. En cualquier momento si las propias entidades quieren solucionar el problema pueden hacerlo.
Lo primero que hay que tener claro es que hay una situación de absoluta impunidad. Aquí hubo una estafa generalizada con hipotecas y productos financieros tóxicos que deberían ser investigados por las fuerzas del orden pública, la judicatura y la fiscalía. Y no lo están haciendo. Y después en cada proceso hay muchos resquicios porque hay violación del derecho a la defensa, violación del derecho a la vivienda, violación de los derechos de los menores, violación del derecho a la integridad física y moral y del derecho a la vida. Pero no hay que olvidar que la solución sólo va a llegar por medio de la movilización popular y por la organización de la sociedad civil. No hay una solución mágica que vaya a llegar en los juzgados, sino que todas las acciones legales deben ir acompañadas en la presión en las calles.
¿En Galicia hay factores diferenciales con respecto al resto de España?
En Galicia se da el problema de que hay mucha gente doblemente afectada. Familias en las que hay personas afectadas por las preferentes y otras personas afectadas por las hipotecas. Y en cuyo caso, por ejemplo, los padres no pueden apoyar a sus hijos amenazados de desalojo, porque los bancos se han quedado con su dinero. Lo que está habiendo de fondo es un saqueo por parte de las entidades financieras a los sectores populares.
