Seis claves para entender la masiva huelga de autobuses en Galicia

Ni autobuses de línea regular, que es el origen del conflicto político-laboral, ni autobuses urbanos, ni escolares, ni siquiera servicios discrecionales como las excursiones. La huelga convocada en Galicia por los conductores de autobuses (de todo tipo de autobús), durante todos los martes y miércoles a partir de este martes día 20 y de manera indefinida, está teniendo un seguimiento masivo que está contando en gran medida con la comprensión de la patronal. Tanto que ésta cifra en más de un 80% el seguimiento de los paros, mientras que según la Xunta no supera el 40%, al tiempo que asegura que los servicios mínimos en el transporte escolar se han incumplido en un 65%. Una inédita coincidencia de intereses la de patronal y sindicatos provocada por cómo la Xunta ha decidido reestructurar la obsoleta red de transporte regular interurbano de Galicia y que ahora está afectando a toda la movilidad por carretera, ya que la ausencia de autobuses está haciendo que los taxis también sean insuficientes para atender la demanda. Estos son algunos de los muchos intereses cruzados del conflicto.

¿Cuál es el origen del conflicto?

A finales de 2009 la Xunta decidió prorrogar una década por ley más de un centenar de concesiones de transporte regular de viajeros por carretera sin sacarlas a concurso. A cambio, esas empresas beneficiarias le rebajarían un 7% el coste del transporte escolar (unos 120 millones de euros al año), que prestan ellas mismas en sus zonas de influencia, e introducirían mejoras en sus vehículos (accesibilidad, equipos informáticos, etc). La Xunta pretendía así iniciar una modernización material del sector sin tocar, como ya se le venía reclamando desde múltiples sectores, el diseño de las rutas, trazadas buena parte de ellas, como en toda España, a mediados del siglo pasado, con un reparto demográfico muy distinto del actual. Pero en marzo del año pasado el Tribunal Supremo anuló esa prórroga de las concesiones por incumplir la normativa europea.

¿Por qué la huelga ahora?

Tras la anulación de la prórroga de las concesiones, en julio del año pasado la Xunta aprobó una nueva ley urgente en la que al fin previó una remodelación del diseño de las rutas a través de un plan de transporte para toda Galicia que deberá estar en vigor a finales de 2019. Pero en esa misma ley urgente se contempló la posibilidad de que las empresas que no estuvieran interesadas en mantener sus concesiones pudieran renunciar a ellas comunicándolo el pasado agosto y con vigencia un año después, a partir del próximo agosto. Y eso hicieron la mayoría de las empresas de Ourense y parte de las del sur de Lugo, a Costa da Morte o zonas de Pontevedra, que no quieren seguir asumiendo el coste de operar rutas deficitarias. Esa renuncia obligó a la Xunta a adelantar parte de su plan de transporte previsto para 2019 a este verano de 2017 para cubrir con él esas zonas que en agosto quedarían sin servicios. Ese plan parcial para las zonas en las que las concesionarias renunciaron hace un año se presentó la finales de mayo y con él la Xunta pretende integrar a partir de agosto en esos ámbitos el transporte regular con el transporte escolar e introducirá el transporte a demanda. Ese plan parcial es el desencadenante de la huelga.

¿Que dicen los sindicatos?

UGT, CCOO y CIG convocaron la huelga tanto por los efectos que consideran que tendrá el plan de la Xunta sobre los empleos como por la negativa de los empresarios a actualizar su convenio colectivo. Sobre la primera cuestión alegan que el plan que diseñó la Xunta reduce en la práctica el número de servicios al integrar el bus regular con el escolar y abre la puerta a la concentración del sector con la desaparición de empresas y la entrada de grandes grupos de transporte, lo que afectaría a sus empleos. También reclaman que los puestos de trabajo sean subrogados por las nuevas empresas que asuman el transporte en las áreas ahora a reparto.

¿Que dicen las empresas?

Como pescadilla que se muerde la cola, los empresarios argumentan que no pueden mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores ante la indefinición de lo que les supondrá el nuevo plan de la Xunta. Un plan sobre el que coinciden con los trabajadores en que supondrá una concentración y desaparición de empresas. Las coincidencias entre patronal y sindicatos hacen que voces de la Xunta hablen de pinza entre ambos. Algunas empresas también amenazan con reclamarle una indemnización a la Xunta si con la nueva integración del transporte regular con el escolar se quedan sin el segundo que ya tenían contratado. Esto es, renunciaron a las líneas regulares de diseño obsoleto y sin usuarios pero no al transporte escolar que para muchas pequeñas empresas es su único sustento. También critican que en su momento hicieron inversiones con el horizonte de 2020 para su amortización y que ahora pueden quedar sin rutas.

¿Qué dice la Xunta?

El Gobierno gallego admite que su plan supondrá una concentración de las empresas, pero niega que tengan que desaparecer y argumenta que pueden unirse entre ellas para explotar las zonas en que dividió las concesiones, que asegura que serán rentables. Para intentar contrarrestar la supuesta pinza de sindicatos y patronal, el Gobierno gallego intenta negociar por separado con ambas partes, que a su vez quieren sentarse conjuntamente para mostrar más fuerza en las reclamaciones en las que coinciden. Una unidad que parece utilitarista, incluso en cada uno de los grupos, con tres sindicatos y cuatro patronales de por medio. De hecho, en el muy fragmentado ámbito de la patronal (con hasta cuatro federaciones de asociaciones en Galicia: Anetra, Fegabús, Transgacar y Fegatravi) la Xunta intenta potenciar el papel de la última, menos beligerante con la Administración al tener menos representación en las zonas en conflicto y a cuyo frente está Javier de Bidegain, durante años subdirector general de transporte en la propia Xunta. Un departamento que es uno de los más inestables y peor dotado de personal y recursos de todo el Gobierno gallego.

¿Qué va a pasar ahora?

La primera semana de agosto es la fecha clave para la resolución del actual conflicto. Es cuando la Xunta prevé que entren en servicio las nuevas zonas de transporte integrado allí donde renunciaron las concesionarias previas. Con ese límite temporal ya marcado, hace dos semanas el portavoz de Infraestructuras del PP en el Parlamento de Galicia, Martín Fernández Prado, advirtió de que, si para esa fecha no está en vigor el nuevo plan de la Xunta, esas zonas quedarán sin servicios y los trabajadores que los venían prestando hasta ahora se verían abocados al despido por parte de sus empresas al no tener líneas que cubrir. Sindicatos y patronal confían en hacer que la Xunta rectifique y adopte una solución intermedia más favorable a sus intereses.