¿Ha habido recortes en Galicia? ¿Dónde?

La campaña electoral es un tiempo más propicio para la hipérbole que para los números. Así, ya en los meses previos a la convocatoria de las elecciones el PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, concluyó que en Galicia se habían aplicado “cero” recortes presupuestarios, especialmente en el ámbito social, una tesis incompatible con la realidad a causa de la evidente caída en los ingresos de la Administración autonómica. Mientras los conservadores eligen la negación de los recortes frente a la explicación de su distribución, no han sido pocos en los últimos años los discursos que, desde la actual oposición, han reprochado la existencia de recortes “salvajes” y tijeretazos generalizados, sin especificar causas y magnitudes de los mismos. Pero, ¿ha hubido recortes? ¿A cuánto han ascendido? ¿Y cómo se han distribuído?

Un simple vistazo al presupuesto general de gastos del Gobierno gallego permite concluir que ha habido recortes y que, además, ha tenido que haberlos porque el dinero del erario mermó durante años y, por lo tanto, el dinero a repartir era menos. Una reducción de ingresos por impuestos, disminución de algunos tipos impositivos o un sistema de financiación autonómica caducado son algunas de las causas que, en el marco de la dura crisis, derivaron en que la Xunta pasara, en cifras redondas, de manejar unos 11.000 millones de euros a alrededor de 9.000. No obstante, la distribución de la bajada fue dispar.

Los diversos cambios en la estructura orgánica de la Xunta y de la distribución de responsabilidades y presupuestos hace prácticamente imposible realizar una comparación entre consellerías. Así, una de las vías más sencillas para observar la evolución presupuestaria es su distribución funcional, esto es, la finalidad última a la que se dedica el dinero público.

Son 32 los grandes apartados que apenas varían en la documentación de la Administración un año tras otro. De ellos, sólo seis aumentaron su dotación presupuestaria entre los años 2009 y 2016. Todos los demás la disminuyeron, con una caída que en términos porcentuales está encabezada por las transferencias a ayuntamientos y diputaciones (-87,58%), la ordenación territorial (-69,45%) y la normalización lingüística (-69,81%). En la banda contraria, los incrementos están encabezados por la partida dedicada a pagar la deuda (306,63%) y los fondos para diversas equipaciones tecnológicas (195,71%).

Estas rebajas presupuestarias están vigentes aunque en el último año, entre 2015 y 2016, todas las partidas, excepto 7, han visto incrementada levemente su dotación. El ligero incremento de la recaudación y factores como la subida del 1% en los salarios del personal público tras años de bajadas y congelación derivó en subidas que fueron del entorno del 1,50% en normalización del gallego y hasta casi el 60% en Industria. Mientras, partidas como actuaciones rurales, ordenación territorial, protección civil u otros servicios sociales han seguido bajando. La bajada entre 2015 y 2016 ha estado, no obstante, encabezada por las actividades financieras.

Dentro de este marco general, uno de los puntos de más frecuente discrepancia política tiene que ver con la intensidad de los recortes en las partidas sociales del presupuesto que, como muestra el gráfico superior, vieron mermada su dotación en general, si bien no han sido de las más afectadas por los recortes en términos porcentuales. Así las cosas, la reducción “salvaje” apuntada desde la oposición sería tan discutible como el “cero” sentenciado por Feijóo.

La partida que absorbe más fondos públicos, la sanidad, sí perdió presupuesto en estos años. Disminuyó, concretamente, 376,6 millones de euros entre 2009 y 2015 y aumentó algo menos de 140 millones de euros en el último año, una subida que mayoritariamente va a parar al mencionado incremento general del 1% en las nóminas y al primer plazo del pago de la concesión público-privada del nuevo hospital de Vigo, que compromete fondos hasta más allá de 2030. En educación la merma fue de casi 357 millones en el período 2009-2015, y la recuperación, también condicionada en gran medida por los salarios, de 100 millones.

Las partidas de vivienda y “otros servicios sociales” tampoco han recuperado niveles previos a la crisis. Mientras, la partida de acción social -de la que salen ayudas como la RISGA o los fondos para la dependencia, por ejemplo- sí cuenta en la actualidad con más fondos que en 2009, concretamente, con unos 70 millones de euros más.