Feijóo barniza su gestión con promesas sociales para el último debate de la legislatura
Un Feijóo 2.0 a la búsqueda de una remontada para el PPdeG y, quizás, para él mismo. Este miércoles comienza en el Parlamento de Galicia el vigésimo segundo debate de política general de la historia del legislativo gallego, el que con toda seguridad será el último de la actual legislatura, toda vez que el 2016 es año electoral y la reforma de la ley de la Xunta y su Presidencia impide estas sesiones en los años en que se celebren comicios. El de este 2015 será un debate marcado por las elecciones, tanto por las que vienen como por las municipales del pasado mayo, que agitaron definitivamente el efervescente tablero político gallego. En este contexto, Alberto Núñez Feijóo desplegará un discurso en el que intentará dar por iniciada una nueva era marcada por la recuperación económica, la política social y la “tolerancia cero” contra la corrupción, procurando así mostrar una reinvención que facilite la permanencia del PP en el Gobierno cuando tddavía está por ver si en el cartel electoral aparecerá una nueva cara o, por el contrario, será Feijóo quien intente sucederse a sí mismo.
El debate llega, y no por casualidad, justo después de la crisis de gobierno más profunda desde la llegada de Feijóo a la Xunta. En ella el presidente abdicó del modelo de Gobierno que había vendido como paradigma de “hacer más con menos”, deshaciendo algunas de sus fusiones de consellerías más controvertidas, como Medio Ambiente e Infraestructuras o Medio Rural y Mar, y ampliando el número de departamentos después de reiterar durante media década la bondad de reducirlos. En este nuevo organigrama una de las figuras claves es el nuevo conselleiro de Política Social, José Manuel Rey, encargado de escenificar el 'giro social' de Feijóo y, al mismo tiempo, de dirigir la campaña electoral de los populares gallegos en las generales. Además, en el banco azul ya no estará sentada Rocío Mosquera, que venía siendo uno de los principales lastres del gabinete por sus recurrentes conflictos en Sanidad y cuya destitución ha aliviado la presión sobre el propio presidente con respecto a la controvertida gestión en el hospital de Vigo.
La profunda remodelación le permitirá a Feijóo pronunciar un discurso en este último debate con un tono más de investidura que de balance de una legislatura que termina. Lo va a hacer, además, proclamando la llegada de una nueva era en cuanto a buen gobierno y freno de las prácticas presuntamente irregulares o corruptas. Así, junto a la aprobación de medidas de “prevención de la corrupción” como la nueva ley de financiación de los partidos -de alcance limitado por colisionar con competencias estatales- o el inicio de los trámites de la reforma de la ley de transparencia, el titular de la Xunta presentará en el pleno las cabezas políticas de la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo, investigada en la operación Patos, y de su homólogo en Ourense, Rogelio Martínez, a quien también acaba de destituir a pesar de estar inmerso en procesos judiciales por presunta corrupción desde hace más de media década.
Todo esto sucede, no obstante, mientras continúan en marcha casos como Pokémon y Zeta, cuyas respectivas instructoras dudan de la limpieza de la financiación del PP en diferentes etapas. En el caso de la trama que investiga Pilar de Lara el supuesto financiación irregular afectaría al sector del partido sobre el que Feijóo tiene menos control, la provincia de Ourense, mientras que en la Operación Zeta, que indaga un supuesto fraude en ayudas públicas para el empleo, las dudas alcanzan a personas y dirigentes mucho más próximos al presidente.
El cumplimiento del debate pasado
Más allá de la tentativa de reinvención presidencial y de la apuesta de la oposición por intentar presentarse como alternativa -con la incógnita más que profunda de que alguno de los líderes de resto de grupos opte a la Presidencia en 2016-, el debate de política general servirá también para aprobar algo más de medio centenar de propuestas de resolución, esto es, medidas concretas que los grupos ponen sobre la mesa y que, a priori, deberán convertirse en acciones del Gobierno. Esto sucede después de que, como habitualmente, las propuestas del pasado año tengan un grado discreto de cumplimiento.
En el 2014 la Cámara le dio su visto bueno a 56 resoluciones, todas las del PP más algunos acuerdos con la oposición. Algunas de ellas fueron puramente declarativas, como la iniciativa del PP contra el soberanismo catalán, o de imposible medición, como otorgarle más “visibilidad” a la cultura gallega o fomentar la “diversificación” de las actividades productivas en la costa. Otras medidas aprobadas sí son fácilmente medibles y el resultado es desigual.
Así, por ejemplo, sí han salido adelante la integración de nuevos contenidos en la plataforma digital de la Consellería de Educación, la revisión del plan estratégico de la economía, el plan de financiación universitaria o la ampliación de la tasa de reposición en las ofertas públicas de empleo. No obstante, finalmente no se ha reducido la duración de la campaña electoral autonómica, la promesa de búsqueda de mejores precios para la leche se ha dado de bruces con uno nuevo conflicto en el sector y el mandato marco de la CRTVG sigue sin estar aprobado, aunque su tramitación comenzó este verano.
