“Galicia debe prohibir las minas a cielo abierto, el uso de cianuro y el 'fracking”
“Se trata de llegar a un amplio acuerdo social alrededor de unas condiciones mínimas para garantizar un aprovechamiento racional de los recursos mineros, rechazando determinadas prácticas y estableciendo criterios para salvaguardar los ecosistemas y nuestro medio rural”, aseguran los autores de un texto que pretende ser un “mínimo común que permita dar una respuesta global en clave gallega a la grave amenaza que la minería supone”. Por eso, insisten en invitar a todos los colectivos sociales, políticos, asociaciones y plataformas de afectados a participar en este proceso, debatir las propuestas e incorporarlas.
Por lo tanto, el manifiesto recuerda que hace falta asegurar que el aprovechamiento de los recursos geológicos “no comprometa el acceso de las generaciones futuras a estos recursos y a los demás usos del suelo” por lo que sería necesario “prevenir y limitar los efectos nocivos de las actividades mineras y promover la sostenibilidad ecológica, económica y social de su aprovechamiento y minimizar sus riesgos ambientales”.
El texto se sitúa claramente en contra de la minería a cielo abierto y de la fractura hidráulica (fracking) por ser “actividades de muy graves impactos sobre el territorio, el medio ambiente y sobre los distintos usos del suelo” y recuerda que “muchas de las materias primas que se obtienen de la actividad minera, particularmente los metales y elementos tecnológicos se pueden obtener mediante el reciclaje”.
Además, el documento recuerda también que la explotación de los recursos mineros y particularmente de los metales “está controlada por grandes empresas trasnacionales que operan bajo criterios especulativos aplicando prácticas neocoloniales” y pide que la Administración Pública, a través del Consejo de la Minería de Galicia, “deberá tutelar el aprovechamiento de estos recursos para garantizar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos”.
Por todo lo anterior, las entidades firmantes reclaman en varios puntos que los recursos geológicos sean usados “de forma eficiente para satisfacer las necesidades de la población y no los intereses de las empresas” y que no aumente la extracción de substancias de la corteza terrestre “si estas materias primas pueden ser beneficiadas mediante la recuperación y el reciclaje”.
Por tanto, reclaman también que los trabajos de extracción se hagan “con las mejores técnicas disponibles en función de su impacto sobre el ambiente y la salud” y que el aprovechamiento de los recursos geológicos sea “compatible con la protección de en medio ambiente y del patrimonio histórico-arqueológico y cultural”. “El aprovechamiento de estos recursos no debe empobrecer los sistemas agroforestales ni alterar los ecosistemas naturales”, insiste.
Por otra parte, reclaman que “se prohíban las técnicas de fracking”, la extracción “de minerales metálicos y otros elementos tecnológicos por el sistema de cielo abierto”, que el uso del cianuro “quede vetado en todo caso, así como el empleo de substancias peligrosas o metodologías que puedan poner en riesgo la salud ambiental y ciudadana si no existen alternativas”. A este respecto, las técnicas de fracking no estarán permitidas en todo el territorio gallego, incluida la plataforma continental.
Además, piden que “todos los yacimientos de sustancias minerales metálicas y elementos tecnológicos existentes en el subsuelo de Galicia, incluyendo la plataforma continental, sean considerados estratégicos para el país”. “La participación de las administraciones en el beneficio neto de las empresas concesionarias en el debería ser inferior al 20%”, reclama el manifiesto, que aclara que “no se podrán conceder permisos de exploración, investigación y explotación mientras no se elabore el Plan Sectorial de las actividades extractivas y se constituya el Consejo de la Minería”.
“Los responsables de las concesiones deberán contar, antes del inicio de la actividad, con un seguro o garantía de cobertura con entidad suficiente para garantizar el pago de los costes e indemnizaciones generadas por eventuales accidentes”, añade, además de solicitar que “los beneficios obtenidos por las administraciones derivados de las actividades mineras autorizadas se dediquen en primer lugar a la mejora ambiental y socioeconómica de las comunidades en las que se desarrollen proyectos de explotación y a proyectos dinamizadores de en medio rural”.
