El gobierno de Santiago cifra en tres millones las condenas judiciales contra decisiones de anteriores mandatos

Alrededor de 3 millones de euros. Es el impacto que, según los cálculos del gobierno local de Santiago, han tenido ya en sus arcas las sentencias judiciales dictadas durante este mandato municipal contra decisiones de períodos anteriores. La más reciente, una indemnización de 620.000 euros a la empresa adjudicataria de la ORA y de la grúa en el año 2012, es para el gabinete que encabeza Martiño Noriega (Compostela Aberta) la traducción a euros de la “incorrecta adjudicación” del contrato de este servicio en tiempos del PP. Mientras, desde la oposición municipal la atribuyen la una mala gestión del gobierno locla durante el proceso de municipalización del servicio, que culminó el pasado 2018.

La empresa que recibió la concesión de la ORA y de la grúa fue Setex Aparqui. Fue adjudicada a comienzos de 2012, ya con el popular Gerardo Conde Roa en la alcaldía, para culminar un proceso administrativo que había comenzado en 2011, aún en el mandato del socialista Xosé Sánchez Bugallo. Pero contra aquella adjudicación reclamó una empresa que poco después sería habitual de los titulares de la prensa por motivos diferentes: Doal, compañía del grupo Véndex, considerada centro de la trama Pokémon según la investigación del caso.

Antes de la contratación Doal advirtió por escrito al consistorio compostelano de que la parcela propuesta por Setex como depósito de vehículos de la grúa no tenía las dimensiones ofrecidas por la empresa para cumplir con el concurso -le faltaban 67 metros- y que, por lo tanto, no cumplía el pliego de condiciones. Pero la mesa de contratación descartó esa advertencia, Setex ganó el concurso y Doal llevó el conflicto hasta el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que en octubre de 2015 le dio la razón y anuló la concesión.

Interpretaciones políticas dispares

Es en este punto donde difieren las interpretaciones políticas y administrativas de los grupos de la oposición y del actual gobierno local, que tras la anulación de la adjudicación en 2015 decidió emprender la municipalización. El equipo de Noriega subraya que la asesoría jurídica municipal indicó tras la sentencia que no existía el deber de dar el contrato a la filial del grupo Véndex, empresa que emprendió un nuevo litigio. Mientras, la oposición defiende que si se hubiese ejecutado entonces la sentencia, no habría lugar a indemnización.

El nuevo proceso judicial terminó en 2017 en otra sentencia del TSXG, que instó al consistorio a adjudicar a Doal cuando ya tenía en marcha la municipalización y el servicio, prorrogado. Entonces el procedimiento, recuerdan además fuentes municipales, estuvo atascado porque la documentación del contrato de 2012 estaba en los juzgados de Lugo, incautada por los investigadores de la trama Pokémon. Así y todo, el Ayuntamiento “intentó” adjudicar el servicio, pero Doal dilató los tiempos. “No quiso asumir la gestión”, relatan.

En el mismo 2017, no obstante, el propio Tribunal admitió que ya no era posible ejecutar su propia sentencia porque habían transcurrido los años del contrato y sus prórrogas. A esas “diez prórrogas”, precisamente, alude desde la oposición el BNG local para señalar el gobierno de Compostela Aberta como responsable de tener que indemnizar a Doal. “Si en 2015 hubieran ejecutado aquella sentencia, hoy no habría que indemnizar a esta empresa”, afirma el edil Rubén Cela. El alcalde, por su parte, cree “muy curioso” que “tengan la inconsciencia de intentar jugar al despiste y decir que el problema fue proceso de municipalización y no la adjudicación irregular ya advertida” en 2012.

Otras sentencias con impacto en las arcas públicas

Si no prospera el recurso del Ayuntamiento contra la sentencia que lo obliga a indemnizar a Doal con 620.000 euros -576.000 de ellos por el “lucro cesante”, lo que dejó de ganar por la adjudicación de 2012, irregular según el TSJ- este importe se añadirá a de otros fallos judiciales que han afectado al consistorio de la capital gallega nos últimos años.

El más cuantioso, de 1,5 millones de euros, fue para compensar la empresa constructora del que iba a ser nuevo parque de bomberos, el barrio de Salgueiriños. Esa obra apenas pasó del esquelete del edificio por el desvío de sus costes. El Ayuntamiento había acordado esa compensación con la constructora Extraco en 2008, gobernando el PSOE, pero no había llegado a pagar. Tampoco lo hizo el gabinete del PP y una sentencia de 2016 obligó al pago.

De una cuantía semejante a la indemnización a la empresa de la ORA fue la compensación que otro juzgado decidió que le correspondía a Tralusa, la empresa del grupo Monbus responsable del transporte urbano, que había reclamado al no estar conforme con los importes fijados para calcular el coste del combustible de los autobuses entre 2007 y 2011.

Según el Ayuntamiento, las sentencias dictadas en 2016 implicaron pagar unos 600.000 euros adicionales. Fuentes municipales agregan que otras dos sentencias correspondientes a los años 2013 y 2014 suman 330.000 euros más para Tralusa, compañía que, viene recordando la oposición, sigue presetando el servicio mediante prórrogas tras la finalización del correspondiente contrato por el retraso de la nueva concesión.

El gobierno compostelano recordaba también esta semana que en 2016 llegaron dos sentencia más, en las que dos juzgados de la ciudad condenaron al Ayuntamiento a devolver unos 395.000 euros, intereses incluidos, a dos empresas inmobiliarias por la paralización de unas obras en el barrio de O Castiñeiriño. Ambas sentencias habían considerado que la empresa municipal Emuvissa “incumplió el deber contractual” de urbanizar las parcelas “en un plazo razonable”, por lo que el juzgado atendió la reclamación de resolver los contratos de compra de los terrenos firmados en 2010 y condenar al consistorio a devolver el dinero.

Conflicto abierto con Adif y 10 millones en juego

Desde el Pazo de Raxoi advierten además de que la factura de los estos 3 millones de euros derivados de sentencias contra decisiones originarias en otros mandatos aún puede dispararse más. Sucederá si el Gobierno de España no accede a frenar el proceso judicial en el que reclama unos 7 millones de euros más intereses por el incumplimiento del convenio ligado a la construcción de un viaducto ferroviario en el barrio de Cornes.

El pacto, firmado en 1998, preveía que el Adif pudiera desarrollar usos lucrativos -como comerciales o de vivienda- en terrenos del entorno de las vías, cerca de la estación del tren santiaguesa. Para que esto sucediera, eran necesarias modificaciones urbanísticas y otros procesos que nunca llegaron. Los usos lucrativos nunca se produjeron y el ente estatal entiende que, de este modo, es el Ayuntamiento el que tiene que asumir el coste del viaducto con un montante total que, contando intereses, rondaría los 10 millones. El consistorio discrepa en el litigio tanto de la argumentación como de los costes aludidos por el Adif.