El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, he remitido una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la que le solicita una reunión técnica entre ambas administraciones para estudiar los posibles efectos del Proyecto GAMA, la macrocelulosa impulsada por Altri y Greenalia, sobre el Camino de Santiago. En el texto, Urtasun indica que la planta “puede suponer una amenaza” para sectores clave como el turismo y el sector primario o, “lo que resulta aún más inquietante”, para la salud de la población y los ecosistemas de la zona.
En la carta, redactada en gallego, Urtasun manifiesta su preocupación por el “potencial impacto” que la instalación de la factoría podría tener sobre la ruta, declarada Patrimonio de la Humanidad.
Por eso, ante la “magnitud del proyecto”, el ministro de Cultura propone un encuentro entre personal técnico de la Xunta y el Ministerio “con el fin de examinar en detalle el alcance de la intervención proyectada y garantizar, desde la máxima cooperación institucional, la adecuada protección del Valor Universal Excepcional del Camino de Santiago”. Además, insta al gobierno gallego a “no adoptar ninguna decisión” antes de conocer el dictamen del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), órgano consultivo de la UNESCO, que todavía no se ha pronunciado de forma oficial.
La carta, fechada el martes 10 de junio, llega unos días después de que la plataforma Ulloa Viva, quien abandera la contestación social contra el proyecto, se dirigiese a Cultura para solicitarle un informe propio, “exhaustivo y riguroso” sobre el “potencial impacto devastador” del Proyecto GAMA sobre el Camino, debido a las “severas deficiencias” del elaborado por la Xunta.
En ese expediente, firmado por la directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Insua, se asumían sin contrainforme propio propuestas tan polémicas como convertir a la chimenea de 75 metros de altura en un “icono” y al conjunto de la planta en un “referente arquitectónico”. Esas ideas procedían de un informe pagado por Altri y elaborado por Jordi Tresserras, expresidente de ICOMOS-España. La entidad se apresuró a desmarcarse de esas conclusiones y, cuatro días después, Martínez Insua presentaba su dimisión tras doce años en el cargo.