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GALICIA

Jueces y fiscales piden "responsabilidad" a la Xunta para "no dilatar" la huelga del personal de justicia

Colectivos progresistas de la judicatura y la Fiscalía mantienen el apoyo al personal de la Administración judicial en huelga

La Unión Progresista de Fiscales insta al Gobierno gallego a "sentarse a negociar" y no "dilatar" el problema y Xuíces e Xuízas para a Decmocracia advierte de peticiones "justas"

Una multitudinaria manifestación de funcionarios de justicia pide en Santiago la dimisión del vicepresidente de la Xunta

La multitudinaria manifestación de funcionarios de justicia pidió la dimisión del vicepresidente de la Xunta

Superados los dos meses de huelga del personal de la Administración de Justicia en Galicia, con docenas de miles de trámites y juicios suspendidos, con más de dos millones de euros en salarios perdidos por los trabajadores y una nueva exhibición de fuerza y unidad en la última manifestación, el conflicto permanece enquistado.

El Gobierno gallego insiste en no variar su actual propuesta de subida de entre 135 y 105 euros al mes para cada trabajador en función de su categoría. El comité de huelga, que había comenzado reclamando una subida de 225 euros, se mantiene en el incremento de 180 euros. Pero la última reunión se celebró hace ya dos semanas y la Xunta sigue sin convocar a otra. El tiempo pasa y el personal recibe el apoyo de jueces y fiscales, que empezaron también con sus reivindicaciones y amenazan con una huelga a partir de 22 de mayo.

Desde la Unión Progresista de Fiscales ( UPF), su destacado miembro --y anterior presidente-- Álvaro García Ortiz, responsabiliza a la Xunta de la pervivencia del conflicto e insta al Gobierno gallego a que siente de una vez. Por su parte, Sandra Piñeiro, coordinadora de Xuíces e Xuízas para a Democracia ( XpD) en Galicia, insiste en el apoyo que ya había mostrado su colectivo al paro, llama a la "responsabilidad" y advierte de una "complicada" situación que se agravará mucho más con el paso de los días.

"Sobre quien recae la responsabilidad de solucionar el conflicto es la Xunta, que es quien debe sentarse a negociar; no obstante, paradójicamente, la Administración está dilatando los plazos para reunirse", explica García Ortiz, fiscal de Medio Ambiente en Galicia, que advierte de que, "desde el principio de la huelga", el Gobierno "emplaza al personal con períodos de tiempo muy largos". "Se negocia un lunes y la Xunta, en lugar de volver a negociar el martes, convoca al comité de huelga para una semana o quince días después; además, mantiene que no va a negociar, pero siempre presenta otra propuesta, por lo que sí hay materia sobre la que hablar", explica García Ortiz, que cree que el Gobierno "se contradice" con sus actitudes.

"Cualquier usuario de la Justicia cree que se debe negociar hasta llegar a un acuerdo y es lo que pedimos, que la Xunta negocie y negocie todo y que las dos partes no se levanten de la mesa hasta que se llegue a una solución o la una ruptura", insiste quien cree que "los aplazamientos" continuos de las reuniones "no tienen sentido".

Preguntado sobre los posibles motivos de esta dilatación y de los aplazamientos, García Ortiz lo tiene claro: "Para que los trabajadores no aguanten". "Son los que menos cobran de la Administración de Justicia, con sueldos bajos, y cada día de huelga dejan de percibir mucho dinero", insiste quien recuerda, también, que la Xunta, "entre comillas, está ahorrando dinero con cada jornada de paro".

"No sentarse a negociar tiene un peso muy importante porque estás prolongando un conflicto colectivo y tu responsabilidad es finalizar con él", insiste. Respecto a los efectos de la huelga, desde la UPF advierten que "es muy dura y con un amplio seguimiento", lo que provoca "la casi total paralización de todos los servicios" y un atasco que será "todavía peor más adelante". En el fondo, según García Ortiz, el conflicto se encuadra en un problema general: "La Justicia no es prioritaria para ninguna administración". Y recuerda que los letrados irán a la huelga en junio, que jueces y fiscales ya empezaron las protestas o que en el territorio Ministerio ya se prepara una huelga parecida a la gallega. "El presupuesto que se dedica en el Estado a la Justicia no llega ni al 0,7% y ese dato explica bastante bien todo", finaliza.

De la misma opinión es Sandra Piñeiro, coordinadora de XpD en Galicia, que recuerda que magistrados y fiscales ya se unieron en unas reclamaciones que pueden acabar el próximo 22 de mayo con una huelga indefinida. "Reclamamos mejoras en nuestra situación, mayor independencia o más medios... Somos la administración más pobre dentro de los servicios públicos", coincide.

Así, XpD aclara que "no modifica" la postura expresada hace ya unas semanas respecto de la huelga del personal de Justicia, a la que había mostrado su apoyo y "solidaridad" con su lucha para que sea "dignamente retribuido". "Sus peticiones son justas", insiste Piñeiro, que hace también una "llamada a la responsabilidad" a las dos partes para "llegar a un acuerdo el antes posible". "Cuanto más se alargue, más complicado va a ser", advierte. Así, asegura que la situación es "muy complicada" al estarse "retrasando milesde juicios", lo que incide en el "atasco" de algunas jurisdicciones. "Cuando el conflicto finalice, la situación seguirá muy complicada porque hay que ponerse al día y no sabemos cómo se va a afrontar o solucionar eso", dice quien califica de "preocupante" la cantidad de expedientes sin resolver y, sobre todo, la situación en juzgados de instrucción como en el que ella trabaja. "Puede haber situaciones en las que no se complete la instrucción", cuenta.

Y mientras las advertencias y llamadas al diálogo continúan, la Xunta sigue sin convocar a los trabajadores para reunión alguna. Este mismo lunes, el vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, volvió a pedir a los sindicatos que "consideren" la última oferta y asegura que la Administración sigue "abierta al diálogo". Además, Vicepresidencia reduce el seguimiento del paro al 29% en este lunes, asumiendo no obstante que casi 800 personas continúan sin acudir a su puesto de trabajo, cifra a la que habría que añadir 174 con baja justificada y 775 que participaron en los servicios mínimos.

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