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Galicia, la comunidad en la que hay que pagar para acceder a los datos COVID por ayuntamientos

Un operario del Ayuntamiento de Ourense realiza labores de desinfección en la plaza de O Couto. EFE/Brais Lorenzo/Archivo

Gonzalo Cortizo

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Saber cuál es la incidencia del coronavirus en los ayuntamientos de Galicia tiene el precio de un ejemplar de periódico. Concretamente, de La Voz de Galicia. El diario más leído de la Comunidad Autónoma lleva un mes publicando los datos por municipios que la Xunta se niega a facilitar con el argumento de que distribuir tal información es “peligrosísimo”. La gallega, junto con la extremeña, son las dos únicas comunidades que no ofrecen esa información de manera pública. En el caso gallego, las tablas sí están en poder de uno de los rotativos más cercanos al Gobierno de Feijóo, que ofrece la información en su página web previa suscripción, o en el quiosco, a cambio de 1,30 euros.

El primer artículo con datos por concellos fue a imprenta el pasado 6 de septiembre. Firmado desde la ciudad de Vigo, el texto arrancaba con las siguientes palabras: “El coronavirus va por barrios”. Desde entonces, la Xunta se ha resistido a ofrecer en abierto la información que La Voz de Galicia había conseguido por métodos periodísticos. Fuentes del Gobierno gallego consultadas por elDiario.es aseguran que la información de infectados por localidades solo la poseen 34 personas, las que se sientan cada semana en la mesa del comité clínico que marca las decisiones que Feijóo adopta semanalmente para establecer los límites de movilidad y reunión en cada localidad. Las mismas fuentes aseguran que en el Gobierno “hay malestar” por la filtración. Sin embargo, el flujo de datos no ha cesado mientras la Xunta sigue pensándose cómo distribuir la información de manera abierta a toda la población interesada en vivir la pandemia de una manera informada.

La filtración al periódico que posee 13 ediciones locales en Galicia ha convertido en papel mojado las razones aportadas por Feijóo el pasado 17 de septiembre para justificar su negativa a dar información de COVID por zonas geográficas más pequeñas que el área sanitaria. Aquel día, el presidente de la Xunta aseguró que el bloqueo a los datos se justificada porque ofrecer datos por ayuntamientos es “peligrosísimo”. No tardaría en llegar la rectificación. Una semana después de las rotundas declaraciones del presidente gallego, su conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, anunció que estaba trabajando en un sistema para ofrecer datos a los concellos sin descartar que los ciudadanos pudieran acceder a los mismos.

Mientras la Xunta dudaba, muchos alcaldes empezaron a quejarse por saber menos que el quiosquero sobre el coronavirus en los pueblos que gobiernan. El regidor de Ribadeo (Lugo), Fernando Suárez (BNG), fue uno de ellos y así lo reflejó en su cuenta de twitter el pasado sábado: “Muy desalentador gobernar un ayuntamiento y tener que enterarte por la prensa de los positivos. Todos merecemos que la Xunta nos de información fiable sin intermediarios”.

En el mismo sentido, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) reclamó en un comunicado el pasado 29 de septiembre que el ejecutivo de Feijóo cumpliese con la promesa de poner fin a la opacidad sobre una información solo disponible previo paso por caja. En ese texto se aseguraba que “es imprescindible que los responsables municipales dispongan de los datos adecuados para considerar la adopción de medias propias o tener algún tipo de previsión respecto a las medidas dictadas por el Gobierno autononómico”.

La 'privatización' de los datos por la vía de la información exclusiva se ha producido en un contexto en el que el Gobierno gallego ha estado planteando límites por ayuntamientos e, incluso, por barrios en función de los niveles de incidencia del virus. En el caso de la ciudad de Ourense, al borde del cierre por los altos niveles de infectados, se llegaron a prohibir las reuniones de personas que no vivan bajo el mismo techo.

Pese a la indudable exclusiva periodística que La Voz se apunta día tras día desde hace un mes, los profesionales de la información, lejos de deshacerse en halagos, también empezaron a quejarse. El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia se dirigió por carta a la Xunta para exigir publicidad y transparencia sobre los datos. En la misiva, enviada el pasado día 23 de septiembre, se recordaba al Gobierno gallego que “el artículo 20 de la Constitución Española reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” y que la distribución de los datos de infectados pueden contribuir a entender mejor el desarrollo de la pandemia. Ahora, un mes después de aquella primera noticia con datos por concellos en Galicia, el acceso a esta información sigue siendo de pago en Galicia.

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